• Nueve exdiputados del período 2022-2026 necesitaron que el Estado los protegiera de las amenazas que recibieron por ejercer oposición. Hay una sola condena penal.
• Y hay quienes dejaron el país o cerraron sus cuentas por amenazas contra ellos mismos o su familia.

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El miedo, causarlo, sentirlo o esquivarlo, es parte de la persecución política en Costa Rica durante los últimos 4 años.

En esta tercera y última entrega revisamos y verificamos los hechos, con base en fuentes primarias y la prensa en general, para mostrarle los casos más claros de la persecución política en Costa Rica.

Una condena pero muchas denuncias

El 2 de septiembre de 2026, el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José condenó a Yendry Patricia Quirós Conejo, conocida en redes sociales como La Colocha, por amenazas contra el exdiputado y excandidato presidencial Ariel Robles, del Frente Amplio.

La pena fue de un mes de prisión que no descontará. El hecho ocurrió el 22 de junio de 2023, frente a la Asamblea Legislativa: con un megáfono en la mano, Quirós dijo que al entonces diputado Ariel Robles había que “sacarle el sirope de la nariz”, en clara alusión a la sangre.

Es el segundo juicio del caso. Un tribunal la había absuelto en marzo de 2025 y el Tribunal de Apelación anuló esa sentencia y ordenó repetir el debate. En el nuevo juicio, la imputada reconoció haber pronunciado la frase, lo que llevó a los jueces a descartar que estuviera sacada de contexto, el mensaje tenía muy clara alevosía.

El caso de Ariel Robles es aún peor si se considera que recientemente una diputada en ejercicio del chavismo y exministra de Cultura y Juventud, despedida por el mismo gobierno anterior, hizo apología de la violencia al repostear un texto que manifestaba un deseo por agredir física y violentamente a Robles. Se ignora si el exdiputado Robles denunció o denunciará a una persona de apellido Oviedo, quien se dice fotógrafo, por esta manifestación odio y violencia verbal.

Los 9 exdiputados

Al menos nueve diputados del período legislativo 2022-2026 ingresaron al programa del Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos del Ministerio Público, después de recibir amenazas de muerte durante su gestión, según documentó La Nación el pasado 6 de septiembre de 2026.

Son Dinorah Barquero, Sofía Guillén, Vanessa Castro, Priscila Vindas, Ariel Robles, Francisco Nicolás, Kattia Cambronero, Geison Valverde y Johana Obando. Otros cuatro dijeron haber recibido amenazas sin ingresar al programa: Andrea Álvarez, Rocío Alfaro, Alejandro Pacheco y Paulina Ramírez.

El programa no es un gesto simbólico, es una acción de la policía judicial especializada, el OIJ. Es un mecanismo del Poder Judicial que se activa cuando una evaluación técnica concluye que existe riesgo real contra una persona. En el caso de Obando, según ella misma relató, la evaluación determinó una probabilidad de peligro muy alta.

Las medidas que aplicaron durante la legislatura anterior fueron las de un país en conflicto: chaleco antibalas al subir y bajar del vehículo, traslados con agentes del Organismo de Investigación Judicial, cambio constante de rutas, verificación de quién los seguía al salir de casa, ubicarse en restaurantes de frente a las puertas y enseñarle a los hijos a no decir quiénes son sus padres.

Barquero relató formas de intimidación que no fueron verbales: alguien entró a su propiedad y atacó a su perro con un machete, y en otra ocasión lanzaron un gato ahorcado por encima de las verjas de su casa. Concide con su participación en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, desde donde impulsaba investigaciones contra funcionarios del gobierno Chaves Robles.

Guillén recibió por correo electrónico un mensaje que le advertía: “la vamos a ejecutar”. Valverde recuerda una amenaza en la que anunciaban que le cortarían la cabeza y la empalarían en el parque de la Democracia. Obando relató que un hombre se identificó como neonazi y le advirtió que le haría lo mismo que hicieron a los judíos.

A Cambronero, un motociclista la persiguió a inicios de 2025 mientras hacía ejercicio cerca de su casa. Según ella, el hombre se le acercó y le advirtió que dejara de molestar al gobierno o “la iban a sonar”.

Nicolás los atribuye al discurso de odio del entonces presidente y su grupo. Álvarez señaló públicamente a Chaves como el principal responsable del ambiente de polarización en el que surgían esas amenazas.

El elemento que convierte esto en un asunto político, y no en criminalidad difusa, es el contenido de los mensajes. Todos han relatado el aumento de mensajes de amenaza cada vez que el expresidente Rodrigo Chaves enunciaba insultos y amenazas públicamente contra ellos.

Lo que sí está probado es que el riesgo era real, que el Poder Judicial lo verificó, y que los mensajes invocaban al gobierno como razón de ataque y amenaza, en un ejercicio de clara delincuencia.

El discurso desde arriba

Existe una resolución judicial que se pronunció sobre la relación entre el discurso oficial y el hostigamiento posterior. Se trata de la sentencia 2023-12085 de la Sala Constitucional, del 23 de mayo de 2023, citada en la primera entrega de esta serie.

En ella los magistrados establecieron por unanimidad que ciertas expresiones del entonces presidente y de la entonces ministra de Salud no se justifican, constituyen un exceso y podrían promover el hostigamiento contra los medios y periodistas aludidos. Sin embargo, a Chaves poco le importó, porque su comportamiento siguió siendo no el mismo, sino peor y cada vez con más cizaña y rencor, como evidenciaban sus participaciones en el programa semanal del gobierno.

La conducta no terminó con el cambio de gobierno. El 31 de agosto de 2026, más de 800 personas firmaron una carta abierta exigiendo al ministro Rodrigo Chaves una disculpa pública por haber llamado “limitado” al excandidato presidencial Álvaro Ramos, quien tiene discapacidad auditiva. Los firmantes calificaron la expresión como capacitista y discriminatoria.

Como era de esperar, Rodrigo Chaves no se disculpó y cada vez que puede instiga a sus seguidores.

Los que se fueron y los que se callaron

En esta parte el misterio se impone a los hechos, pero se presenta como clara consecuencia de la intimidación que realizan fanáticos del chavismo, provocados por cada participación del gobierno.

La activista Sylvia Ziesing salió de Costa Rica el 1.° de febrero de 2026, el día de las elecciones. Ha declarado que un gobierno extranjero le concedió asilo político por persecución del Estado costarricense; según lo publicado por La Nación, su caso se encuentra en proceso y ella no ha revelado el país.

Sostiene que fue seguida por la DIS después de que su actividad política se hizo pública y viral en redes sociales. La DIS ha negado haberla perseguido y ha afirmado que no realiza seguimientos a activistas ni a diputados, pero los testimonios se acumulan cada vez más.

En agosto de 2026, La Nación documentó que tres costarricenses presentaron solicitudes formales de refugio en Estados Unidos alegando persecución política por parte del Estado costarricense.

Ese mismo mes, un grupo de funcionarios de la Asamblea Legislativa envió una carta anónima denunciando un clima de miedo y hostigamiento dentro del Congreso. El anonimato del documento es, en sí mismo, parte de lo que denuncia. Días después una denuncia de asesoras del diputado Fernando Obaldía por acoso sexual y laboral.

Y hoy mismo una de las denunciantes reveló que fue llamada por Rodrigo Chaves y no necesariamente para apoyarla.

Y en los últimos días, dos personas que habían denunciado ser hostigadas —Ziesing y el creador de contenido conocido como Kevlo— cerraron sus cuentas en redes sociales tras amenazas graves contra ellos y sus familias. Ambos han hecho saber, por medio de terceros, que se encuentran bien.

A ellos se suma Erick Sojo, Radio Zurquí, comunicador crítico al gobierno quien, después de ser agredido físicamente cerca de su casa, se autoexilió en México D.F., desde donde sigue su activismo mientras pide protección por ser perseguido político.

El efecto: un clima de censura y autocensura

Giselle Boza, coordinadora del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información de la Universidad de Costa Rica, planteó que las amenazas producen un efecto que trasciende a quien las recibe: otras personas dejan de opinar, de participar o de exponerse al ver lo que les ocurre a quienes intervienen en el debate. A su criterio, en Costa Rica hay un clima de censura y también de autocensura.

José Andrés Díaz, investigador del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional, describe el fenómeno como polarización política afectiva: el adversario deja de ser alguien con quien se discuten ideas y pasa a ser un enemigo. Considera que el lenguaje despectivo desde posiciones de liderazgo puede ser interpretado por algunos seguidores como una autorización para reproducirlo.

Ronald Calderón, criminólogo y exjefe de la Unidad de Protección de Funcionarios del OIJ, señaló que las denuncias por amenazas vinculadas al ámbito político aumentaron de forma importante en los últimos años.

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Con sustento en disputa

En esta parte se incluyen los casos cuya prueba es controvertida o insuficiente. Son parte del expediente público, aunque están en proceso o no hay resoluciones que confirmen los hechos denunciados.

El asilo de Sylvia Ziesing. No existe resolución pública conocida ni país identificado. Lo verificable es su declaración y el reporte de que el caso está en trámite.

El cierre de cuentas de Ziesing y Kevlo. El caso está en proceso y ambos se comunican por medio de terceros. No hay a la fecha resolución ni identificación de responsables.

La pérdida de clientes profesionales. Circula la versión de que las exdiputadas Vanessa Castro y Kattia Cambronero perdieron clientes de su ejercicio profesional como abogadas por su posición crítica al gobierno. En los registros públicos consultados no aparece documentación que permita establecer esa relación. Queda consignado como denuncia, no como hecho verificado.

Lo anterior sin mencionar a decenas de creadores de contenido, periodistas, analistas, magistrados y políticos que han sido amenazados de diversas maneras, muchos con denuncias en silencio y otros que no han denunciado todavía, porque en la mayoría de casos se trata de causas contra ignoto, gracias a la irresponsabilidad con que operan las redes sociales, que permiten cuentas falsas, anonimato y no tienen sistemas efectivos de protección contra el odio y la violencia.

En su mayoría, las personas públicas han optado por apagar todas sus redes sociales, como lo han hecho recientemente creadores de contenido.

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Con esta entrega concluye la serie. Las tres partes se sostienen en resoluciones judiciales, expedientes administrativos, informes de comisiones legislativas, sentencias firmes y registro de Culturacr.net en los últimos 4 años, con asistencia de la IA Claude para revisión de datos, verificación e infografías. Sin embargo, escritura y revisión final es de Culturacr.net.