• Un exministro, una exviceministra, una exministra, dos exjerarcas de instituciones autónomas y un proveedor de confianza de Casa Presidencial.
• Seis personas que trabajaron para la administración Chaves o contrataron con ella, y que después enfrentaron vigilancia, denuncias penales, despidos o expedientes abiertos contra su familia.

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Además de la persecución política, que usa los recursos del estado, contra opositores, dentro del propio gobierno se dieron casos sonados y verificados.

En esta segunda parte se mencionan los 6 casos mejor verificados, aunque se sospecha que hay muchos más, incluso algunos que no se hicieron públicos, aunque son vox pópuli o sin pruebas. Veamos estos 6 casos más.

Vigilados: Luis Amador y Priscilla Zamora

Un investigador privado, contratado a través de una agencia de seguridad, confirmó que vehículos tipo 4Runner sin placa visible se estacionaban durante horas frente al apartamento donde vivían el exministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, y su pareja, la exviceministra de Ingresos de Hacienda, Priscilla Zamora Rojas.

Amador lo informó a Culturacr.net en enero de 2025. Explicó que recurrió a un amigo dueño de una agencia de seguridad privada, quien le asignó un investigador precisamente para verificar si la percepción de estar vigilados era real. Lo era.

Consultado sobre si tenía evidencia de que esos vehículos pertenecieran a la Dirección de Inteligencia y Seguridad o a la Unidad de Inteligencia y Espionaje de Casa Presidencial, Amador respondió que no podía atribuirlo, pero relató otro episodio: el día en que se mudaron al apartamento, y antes de un viaje, una persona desconocida tocó la puerta. Zamora ya había mencionado ese episodio ante una comisión legislativa.

Los dos fueron altos funcionarios de ese gobierno. Amador fue ministro hasta marzo de 2023, cuando Chaves lo destituyó por la contratación de la pista del aeropuerto Daniel Oduber. El exministro entonces sonaba como eventual candidato presidencial con alto apoyo popular.

Zamora fue viceministra de Ingresos desde junio de 2022 y dejó el cargo el 31 de mayo de 2024; Hacienda lo presentó como una renuncia.

Ese es el punto de esta segunda entrega: la persecución política en Costa Rica no se dirigió solo contra la oposición. Alcanzó a quienes estuvieron dentro del gobierno y dejaron de acompañarlo y validarlo, incluso lo rechazaron como expresión sana de gobierno.

La ministra que grabó desde el segundo día

Patricia Navarro fue la primera ministra de Comunicación del gobierno de Chaves, nombrada en mayo de 2022. Duró cuatro meses en el cargo. Ella misma ha explicado que empezó a grabar las reuniones a los dos días de asumir, porque quería documentar lo que estaba ocurriendo, y porque se sentía utilizada.

Los audios llegaron a La Nación, que los publicó en diciembre de 2023. En ellos se escucha discutir la contratación de servicios de comunicación para la Presidencia con fondos donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El gobierno respondió con dos acciones. Chaves y el entonces ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives, presentaron una denuncia penal contra Navarro y contra La Nación. La causa contra ella se tramita por el presunto delito de captación indebida de manifestaciones verbales.

Un día después, en su conferencia de prensa semanal, Chaves la llamó “criminal confesa”. Sostuvo que nunca se le pidió hacer nada ilegal y que las publicaciones del diario tenían un tinte morboso.

Pero el hecho más verificable del caso no lo aportó ella.

En diciembre de 2025, la expresidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros y del Cuerpo de Bomberos, Mónica Araya, declaró bajo juramento ante una comisión de la Asamblea Legislativa que un funcionario del despacho presidencial le pidió, en una reunión privada, despedir a un bombero.

Ese bombero es Juan Pedro Cabrera-Vega, esposo de Navarro, con 28 años de servicio.

Araya se negó. Dos meses después de que ella salió del INS, el Cuerpo de Bomberos despidió a Cabrera-Vega de manera inmediata y sin preaviso. Fue en junio de 2024. Navarro ha declarado que, desde entonces, ni ella ni su esposo consiguieron empleo, y que debieron poner en venta la casa donde vivieron catorce años por no poder pagar la hipoteca.

El contrato de los cariñitos

El origen de los audios es una donación. Chaves solicitó al BCIE $1 millón de cooperación no reembolsable, de los cuales $405.800 se destinaron a contratar servicios de comunicación estratégica para Casa Presidencial.

El contrato lo obtuvo la empresa RMC La Productora S. A., del productor audiovisual Christian Bulgarelli.

En abril de 2025, el fiscal general Carlo Díaz acusó penalmente a Rodrigo Chaves y a Jorge Rodríguez Vives por el presunto delito de concusión. Según la tesis de la Fiscalía, se obligó e indujo a Bulgarelli a entregar $32.000 de ese contrato a Federico Cruz, conocido como “Choreco”, asesor de campaña y allegado del presidente, para la compra de una casa. La acusación sostiene que, en una reunión en Casa Presidencial, Chaves advirtió a Bulgarelli que perdería la oportunidad del contrato si no aceptaba girar esos recursos.

La acusación se sustenta en las grabaciones de Navarro y en el testimonio de Bulgarelli. De ahí surge el caso conocido como “Cariñitos”, aun en proceso.

El BCIE incluyó a Christian Bulgarelli y a RMC La Productora en su Lista de Contrapartes Prohibidas por siete años, a partir del 27 de mayo de 2024. El banco resolvió que existían elementos suficientes para determinar que el proveedor pudo haber incurrido en “prácticas prohibidas de Fraude y Colusión”.

El BCIE, además, se negó en ese momento a investigar la participación de funcionarios públicos como el presidente y el ministro, pese a que los audios publicados por La Nación indican que ambos conocían la contratación de Bulgarelli meses antes de que se formalizara.

Bulgarelli se acogió después a un criterio de oportunidad. Su propia causa penal quedó suspendida hasta que haya sentencia firme, a cambio de declarar como testigo del Ministerio Público. Si su colaboración no resulta útil, la causa se reactiva. Lo que sí ocurrió después de su testimonio es distinto, y ahí es donde el caso entra en esta serie.

En junio de 2025, Bulgarelli denunció públicamente que un intermediario lo buscó para ofrecerle una supuesta “paz” de parte del presidente, a cambio de que cambiara su versión judicial.

Según su denuncia, el mensaje incluía la advertencia de cobrarle la totalidad de los $405.000, la mención de asuntos privados de su familia y una amenaza contra el empleo de su esposa. El intermediario era nada más y nada menos que el exdiputado del PUSC y representante del gobierno ante el BCIE, Erwen Masís.

La denuncia se conoció horas después de que Chaves lo llamara cobarde y mentiroso en público, atribuyéndole contradicciones en las declaraciones que la propia Fiscalía usó para sustentar la acusación.

La jerarca que se negó

Gloriana López Fuscaldo fue la primera presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia del gobierno de Chaves. Renunció el 19 de junio de 2023. Presidencia informó que la salida obedecía a motivos personales; la carta que ella firmó siete minutos antes de ese comunicado no decía tal cosa y ella luego dijo que fue obligada a firmar la carta.

El 20 de julio compareció ante la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos y contó otra versión.

Relató que, cuatro días antes de su dimisión, la vicepresidenta Mary Munive llegó sin avisar a su casa, cuestionó su salud mental, dijo que la veía desbordada y revisó los medicamentos que tomaba. Relató también que llamó a Chaves para pedirle explicaciones y que el presidente le ofreció la embajada en Perú, oferta que dijo haber rechazado.

Y relató un tercer episodio: el 22 de marzo de 2023, el asesor presidencial Gabriel Aguilar Vargas la llamó para “pedirle cuidado” con un expediente que involucraba a menores de edad, hijos del empresario Leonel Baruch, dueño de CRHoy, quien fue declarado por Chaves como su enemigo, a raíz de la cobertura del medio sobre los desaciertos de su administración. Se sospechaba que Chaves quería manipular los expedientes para perjudicar a Baruch.

La comisión no se quedó en el testimonio. Su informe de mayoría concluyó que hubo un “eventual tráfico de influencias” en esa llamada del asesor presidencial, y que la vicepresidenta incurrió en actuaciones irregulares relacionadas con la renuncia.

El informe sostiene que entre las razones por las que Munive se apersonó al PANI a pedir la dimisión estaba impedir que López Fuscaldo compareciera ante la Asamblea, lo que los diputados calificaron como una conducta dirigida a afectar sus potestades de control político.

Munive compareció el 4 de agosto de 2023 y negó haber ejercido coerción, aunque admitió que la decisión de sacarla del puesto ya estaba tomada. Días después, la gerente administrativa del PANI, Gizelle Zúñiga, declaró ante la misma comisión que López le había dicho que le solicitaron la renuncia.

López Fuscaldo canceló una de sus comparecencias por afectaciones médicas y, en una nota a los diputados, acusó a Chaves de ataques “machistas, violentos y rastreros” en su contra. Posteriormente, López declaró que había perdido la custodia de su hijo por presunta intromisión política del Gobierno, para afectarla, tanto en lo personal como laboralmente.

El mismo PANI, dos años después

En diciembre de 2025, en plena campaña electoral, el PANI abrió una investigación preliminar contra Álvaro Ramos, expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social y entonces candidato presidencial del Partido Liberación Nacional.

El motivo: un video en el que una hija menor de edad de Ramos pronunció un discurso en una actividad de campaña en el que llamó dictador a Chaves. La presidenta ejecutiva del PANI, Kennly Garza Sánchez, explicó que la institución actuó de oficio y tras recibir múltiples denuncias.

El dato que convierte el episodio en un caso de este reporte lo aportó el propio presidente Chaves Robles.

En su conferencia de prensa del 17 de diciembre, junto a Garza, Chaves confirmó que la jerarca del PANI lo llamó para informarle de las denuncias contra el candidato rival. Dijo que era un tema políticamente sensible y que, si ella no lo hubiera llamado, él se habría molestado.

La familia Ramos respondió con un comunicado en el que dijo estar indignada por el uso de mecanismos de protección de la niñez como golpes a las familias, y anunció que colaboraría con el proceso. Las denuncias de instrumentalización de los recursos del estado para la persecución política fueron abundantes.

Por ejemplo, la expresidenta Laura Chinchilla Miranda calificó la actuación como una muestra de que el gobierno instrumentaliza las instituciones para perseguir a sus adversarios. El entonces diputado y también candidato Ariel Robles la llamó inaceptable.

Es el mismo PANI del caso de 2023. La diferencia está en la conducta de quien lo dirigía: en 2023 la jerarca dijo haberse negado a atender una solicitud de Casa Presidencial y salió del cargo tres meses después; en 2025 la jerarca Kenly Garza telefoneó a Casa Presidencial para informar del expediente.

Contra Ramos, además, circulan de forma reiterada en redes sociales apodos y descalificaciones referidas a su discapacidad auditiva, difundidos por cuentas afines al oficialismo y troles.

El 31 de agosto de 2026, más de 800 personas firmaron una carta abierta en la que exigieron una disculpa pública al ministro Rodrigo Chaves por haber llamado “limitado” a Ramos. Los firmantes calificaron el uso de esa palabra como capacitista y discriminatorio. Ese episodio ocurrió hace ocho días, con Chaves ya fuera de la Presidencia y al frente del Ministerio de Hacienda.

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Con sustento en disputa

En esta serie se identifican los casos cuya prueba es controvertida o insuficiente. Se incluyen porque forman parte del expediente público, pero con su sustento señalado.

El origen de los vehículos que vigilaban a Amador y Zamora. La existencia de la vigilancia fue verificada por un investigador privado contratado por el propio exministro. La identidad de quienes ocupaban esos vehículos no está establecida. Amador no la atribuyó a ningún organismo estatal en particular.

Los episodios no confirmados del caso PANI con López Fuscaldo. En los registros públicos consultados no aparece respaldo para tres datos que suelen atribuirse a este caso: una gestión de protección ante el gobierno de Panamá, un evento cardíaco derivado de una llamada de Casa Presidencial y una supuesta insinuación presidencial sobre una trampa de índole sexual.

El nombre del funcionario que pidió el despido. Mónica Araya se reservó la identidad de la persona del despacho presidencial que le solicitó cesar al esposo de Patricia Navarro. La solicitud está declarada bajo juramento; el nombre, no.

Sigue en la Parte 3: el miedo. Nueve exdiputados en el programa de protección de víctimas y testigos, una condena penal por amenazas contra un legislador y el cierre de cuentas en redes de influencers que denunciaron ser hostigados.