Las encuestas de opinión política deben reportar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) una ficha técnica donde indique, entre otros aspectos estadísticos, quién financia la realización de las encuestas.

Sin embargo, el TSE -según informó a Culturacr.net- no permite que los medios de comunicación o los ciudadanos puedan ver los cuestionarios que presuntamente aplican las encuestadoras a los costarricenses. Tampoco queda claro si realmente hay supervisión del trabajo de campo que supuestamente realizan al aplicar esos cuestionarios a las personas.

Según Nicolás Prado Hidalgo, Secretario General del Registro Electoral del TSE, “las empresas encuestadoras inscritas tienen la obligación de remitir y poner a disposición del público las fichas técnicas de los estudios divulgados durante el proceso electoral” y pueden ser consultadas en este enlace.

No obstante, “el acceso a los informes de resultados completos de todas las preguntas formuladas… no son de acceso público. Lo anterior obedece al principio de libre contratación que rige a los entes privados, conforme al cual los resultados integrales del estudio únicamente pueden ser divulgados por la empresa encuestadora o por el contratante del estudio, según lo estimen pertinente”, afirma Prado Hidalgo.

“Se deja constancia de que la Administración Electoral, se limita a verificar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios establecidos para la divulgación de encuestas de carácter político-electoral, sin que ello implique la facultad de difundir información que no esté expresamente prevista como pública por el ordenamiento jurídico”, señaló Prado a Culturacr.net.

Como se colige, los ciudadanos no tenemos forma de saber si las encuestadoras realmente entrevistas personas, cómo diseñan las preguntas (si no hay manipulación al aplicar los cuestionarios) y si se pueden detectar irregularidades que alteren los resultados ciertos. Es decir, los ciudadanos deben confiar a ciegas.

Fichas técnicas revelan inconsistencias y absurdos

Destaca, para empezar, que la empresa Cid Gallup no ha reportado sus fichas técnicas al TSE, por lo que podría estar incurriendo en una omisión penada en la legislación electoral. El TSE reporta 9 empresas registradas para este proceso electoral.

Cuando revisamos las fichas técnicas de las encuestas realizadas sobre el financiamiento podemos detectar asuntos sospechosos. Por ejemplo, las empresas privadas como Demoscopía y Opol Consultores afirman que ellas pagan la realización de sus estudios con fondos propios. Demoscopía, sin embargo, señala que recupera “la inversión por la
venta del informe a empresas, partidos políticos, organizaciones sociales y personas físicas”.

Opol, en cambio, indica que lo hace con “recursos propios de Opinión Política C y C S.R.L. como mecanismo de promoción de la empresa“. Es decir, pagan decenas de millones de colones que podría valer un estudio para “promoción de la empresa”.

Note que según la ficha técnica de Opol, la encuesta se aplica a un “muestra efectiva final de 3 070 entrevistas se estima un error muestral máximo aproximado de ±2.17 puntos porcentuales” con 3 773 “intentos elegibles para entrevista”, es decir, realizan casi 4 mil aplicaciones en todo el territorio nacional, lo que clara reporta un costo muy elevado que no tiene sentido si se valora que del 2,2% al 3.5% de margen de error no es una diferencia significativa. Es decir, para qué aplicar 3 mil encuestas cuando se logra algo similar con solamente mil o incluso menos de mil.

Según la ficha, Opol cuenta con “10 equipos de trabajo presente en los cantones”, es decir, es una encuesta de aplicación presencial, lo que aumenta ostensiblemente el costo. “El trabajo de campo se diseñó para un trabajo de campo de cuatro días, con
jornada de 10 horas, movilizando a un equipo de 50 personas entrevistadoras y 10
supervisores”, para aplicar un cuestionario de 12 preguntas, según reporta la encuestadora en su ficha técnica.

Si además valoramos que desde el 29 de octubre hasta hoy esta empresa habría aplicado 7 encuestas (dos de ellas en la primera mitad de enero), el costo aumenta mucho más. Entonces, ¿es racional y creíble que una encuestadora invierta semejante cantidad de dinero para promocionar su empresa como único beneficio? ¿Es racional aplicar más de 3.000 cuestionarios en todo el territorio nacional, con elevados costos de transporte, viáticos y de recursos humanos, en 7 ocasiones consecutivas en 2 meses y medio? Usted valore.

Las sospechas sobre la credibilidad en la realización de los estudios de opinión en algunas encuestadoras privadas, surgió luego de que el candidato presidencial Luis Amador afirmó que él recibió una oferta para aparecer en una encuesta si pagaba 5 millones de colones. Además, no es la primera vez que candidatos y partidos políticos han afirmado que algunas casas encuestadoras ofrecen ese engaño.