La Sala Constitucional dio 6 meses al ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, para que realice las acciones y procedimientos necesarios para recuperar zonas protegidas que han sido invadidas por intereses privados.
Declaró con lugar un recurso de amparo que denuncia falta de acción del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) para proteger y prohibir el uso de zonas inalienables por parte de intereses privados.
Ordena la Sala al ministro, o quien esté en su lugar, que en 6 meses “se identifiquen la totalidad de los terrenos correspondientes a las zonas protegidas y declaradas como patrimonio natural”. Además, en ese mismo plazo, “se deberá coordinar las acciones que sean necesarias, a fin de recuperar las zonas protegidas, según lo establecido en la Ley N°65 del 30 de julio de 1888, e iniciar materialmente, cuando así corresponda, los procesos o procedimientos necesarios para tal fin”.
Exige también el órgano constitucional que cada 3 meses las autoridades del MINAE deben enviar un informe de los avances en ese sentido.
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El magistrado Salazar Alvarado declaró sin lugar el recurso, porque considera que este tema debe resolverse en el tribunal contencioso-administrativo. La magistrada Garro Vargas también salva el voto, pero con respecto a la ejecución de esta sentencia.
El recurrente afirma que la Ley 65 es clara en cuanto a declarar zonas inalienables una zona de terreno de 2 kms de ancho a uno y otro lado de la montaña del Volcán Barva, desde el cerro Zurquí hasta el cerro Concordia. La idea del legislador fue proteger los mantos acuíferos que dan agua a los habitantes del Valle Central.
Además, parte de esos terrenos ahora pertenecen por Ley 6288 al Parque Braulio Carrillo, por lo que tiene mayor protección.
Aduce que toda esa zona, que incluye zonas altas de cantones heredianos como Santa Bárbara, San Rafael, Barva, San Isidro y Santo Domingo, está sometida a presiones constantes para construir proyectos habitacionales. Agrega que es una zona de muy alta recarga acuífera y de muy alta fragilidad ambiental y tener vulnerabilidad hidrogeológica.
Sin embargo, el MINAE no actúa como corresponde, porque solamente afirman que ya empezaron con la confección de expedientes de análisis legal y técnico de las fincas que están invadiendo esa zona, pero no se avanza en trámites de lesividad. Por esa razón solicita a la Sala que obligue al ministerio a actuar como se espera y la Sala da la razón en este caso.