Aunque parezca un disco rayado, la verdad es que la Sala Constitucional tuvo que desmentir al Gobierno, porque de nuevo Rodrigo Chaves mintió en sus actos de proselitismo político en las comunidades que visita, donde claramente anda haciendo propaganda electoral.

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Proyecto financiado y diseñado por gobierno anterior

El proyecto habitacional, que nació en el año 2021, empezó su construcción en el año 22 por parte de una empresa que presidía el entonces vicealcalde de la municipalidad, Carlos Calvo -del PUSC-, quien era presidente de Consultoría Mar Azul S.A., misma que ganó la licitación del Banco Hipotecario de Vivienda (Banhvi) por un monto total de ¢4.741,9 millones.

Según el desarrollo de este proyecto se remonta a 2021, cuando el departamento del Acueducto Municipal brindó a este proyecto la disponibilidad de agua condicionada, ya que se requerían trabajos de adaptación por la falta de recursos hídricos en el cantón, según relata La Extra.

La Esperanza no es un proyecto creado ni impulsado por el actual gobierno, solo se adhirió al final, cuando ya estaba construido, para obtener réditos políticos. Su financiamiento y diseño surgió en la administración anterior, como resulta evidente.

Mentiras contra diputadas y el alcalde de Naranjo

En la inauguración del proyecto residencial “La Esperanza”, en Naranjo, el presidente mintió en su discurso en varias oportunidades. Primero cuando dijo que las diputadas María Marta Padila, Priscilla Vindas y Monserrat Ruiz formaron una comisión para desahuciar a los habitantes del residencial, porque la comisión nació para investigar concretamente la actuación de Acueductos y Alcantarillados y del Poder Ejecutivo, y no de expulsar a los beneficiarios, como dijo con desparpajo Rodrigo Chaves.

Pero además, Chaves afirmó que el alcalde de Naranjo pidió “medidas urgentes” para desahuciar “a los que estén aquí mañana”, asunto que nuevamente es falso, porque el alcalde naranjeño Randall Vega acudió tanto a la Sala como al Tribunal Contencioso para pedir explicaciones sobre la legalidad de lo actuado por la jerarca del AyA, Lourdes Sáurez Barboza, quien en el acto presumió que había sido fácil darle agua al residencial, “solo tomó 3 horas”, dijo presumiendo el cuestionado acto por el que deberá enfrentar una serie de denuncias judiciales.

Las resoluciones en ambos tribunales están pendientes y en el curso respectivo de los tribunales.

Instituciones deben desmentir a Chaves cada semana

En dos días de giras, el presidente Chaves Robles tuvo que ser desmentido por 3 instituciones diferentes: Contraloría General de la República –sobre modernización de Puerto Caldera-, el Tribunal Supremo de Elecciones –sobre consultas confusas e inevacuables de Presidencial– y ahora la Sala Constitucional. En el pasado, también la Fiscalía, la Corte Plena, diputados de diferentes fracciones y otras instituciones de control de la legalidad tuvieron que emitir desmentidos.

Intimidación a magistados de la Sala Constitucional

“No me explico como Fernando Cruz, que pertenece en mi mente y en mi corazón a la misma categoría de esas 3 diputadas, el alcalde y el presidente municipal, no hizo nada por más de mes y medio ante el amparo que presentó el Gobierno para obligar a conectar agua”, vociferó Chaves antes sus fanáticos.

Posteriormente profirió una nueva amenaza populista: “Imagínense qué pasaría si ese mismo magistrado, ofensivo a la patria, ordenara desconectarlos y desahuciarlos a ustedes”, afirmó.

Agregó que los magistrados cosecharon cosas muy dolorosas para la patria y para ellos, en una expresión claramente intimidatoria, en el contexto de un discurso con tono y aseveraciones claramente electorales, donde Chaves reincide una y otra vez en una evidente beligerancia política –véase la imagen del cartel que se exhibe, que coincide claramente con el discurso de Chaves, pantallazo del video de la actividad-.

La farsa de un recurso de amparo que no fue defendido por el AyA

La Sala Constitucional, sin embargo, sin contestar a los exabruptos de Chaves, aclaró que el expediente 25-023523-0007-CO, el amparo al que se refiere Chaves, fue recibido en la Secretaría de la Sala apenas el 7 de agosto de 2025 pasado, pero además “la parte recurrente no solicitó ninguna medida cautelar urgentísima para que se valorara, una vez emitida la resolución de admisibilidad, la conexión provisional de agua en el Proyecto Condominio La Esperanza”.

Así explica la Sala que el Gobierno puso un recurso de amparo mal hecho y sin intenciones de que la Sala se pronunciara a la mayor celeridad posible, como cualquier abogado sabría hacer.

Además, explica la Sala, “en la resolución de curso dictada a las catorce horas quince minutos del 22 de agosto de 2025, no se ordenó de oficio ninguna medida cautelar, en virtud de que hacerlo implicaría adelantar criterio sobre el fondo del asunto. Esa valoración corresponde únicamente a la sentencia definitiva, pues lo que se impugna es una conducta omisiva”.

La Sala solicitó informes al alcalde y al encargado del Departamento de Acueductos de la Municipalidad de Naranjo. El alcalde rindió su informe el 29 de agosto de 2025. Sin embargo, el 3 de septiembre de 2025, se dejó constancia de que el encargado del Departamento de Acueductos no presentó el informe respectivo solicitado por este Tribunal. Es decir, no interesaba defender el recurso, aparentemente fue presentado solo para luego usarlo como “arma política” con la Sala Constitucional.

“Es importante señalar que la Sala Constitucional resuelve en promedio los recursos de amparo en un plazo de 31 días hábiles, contados a partir de la resolución de curso. En el presente caso, dicho plazo aún no se ha cumplido“, concluye la Sala en un comunicado.