• El Tribunal declaró con lugar un recurso de amparo tras constatar que los plazos otorgados por la Ley N.º 10086 vencieron desde hace más de tres años.

La Sala Constitucional de Costa Rica declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por representantes de empresas del sector energético contra la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), debido al incumplimiento de las disposiciones transitorias de la Ley N.º 10086, Ley de Promoción y Regulación de Recursos Energéticos Distribuidos a partir de Fuentes Renovables.

De acuerdo con la resolución, la legislación otorgaba a la ARESEP un plazo de seis meses para aprobar las tarifas de servicios auxiliares y doce meses para emitir las herramientas regulatorias que permitieran integrar dichos recursos al Sistema Eléctrico Nacional. No obstante, los magistrados comprobaron que dichos plazos regulatorios se encontraban vencidos desde julio de 2022 y enero de 2023, respectivamente.

Al evaluar los retrasos, el Tribunal Constitucional señaló que la falta de implementación oportuna “mantiene una situación de incertidumbre que afecta tanto a los actores económicos involucrados como a la efectiva aplicación de la ley 10086”. Asimismo, los magistrados enfatizaron que la carencia de estas normas “limita la operatividad de un modelo diseñado por el legislador e incide directamente sobre la eficacia de dicho modelo normativo que busca favorecer esquemas de generación eléctrica ambientalmente sostenibles”.

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Por lo tanto, bajo el voto número 2026020831 del expediente 26-005612-0007-CO, el tribunal ordenó al regulador general, Erick Bogantes Cabezas, coordinar y disponer las acciones necesarias para emitir las tarifas e instrumentos pendientes en un plazo improrrogable de dos meses a partir de la notificación. El fallo contó con el voto salvado del magistrado Rueda Leal, quien rechazó de plano el recurso.

Noticia elaborada con información de la Sala Constitucional, asistencia de Gemini para infografía y resumen de datos, así como edición final de Culturacr.net.