El decreto ejecutivo n° 42404-MINAE de 06 de abril de 2020 pretendía reducir la zona protectora Tivives, así como su plan de manejo.
La Sala Constitucional decretó que el decreto “es lesivo del derecho fundamental al ambiente, y además por transgredir lo dispuesto en los artículos 11, 50 y 121 inciso 14) de la Constitución Política, así como los principios constitucionales de reserva legal, compensación, progresividad o no regresión, objetivación de la tutela ambiental o vinculación a la ciencia y a la técnica”.
El tribunal superior constitucional de Costa Rica también encontró que un cambio de esa naturaleza corresponde al legislador y no se puede realizar mediante un decreto del Poder Ejecutivo.
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“Además, tampoco se puede disponer la reducción de una zona protegida sin la realización previa de estudios técnicos que fundamenten tal medida y que determinen que con esa reducción no se va a producir una grave afectación al derecho al ambiente”, agrega la Sala.
Indica la Sala que además no se estableció un plan de compensación, “dejando desprotegida parte de un área silvestre, ocasionando que pueda ser utilizada para fines distintos”. El magistrado Paul Rueda agregó que tampoco se puede consignar que los terrenos adquiridos para otros fines en esa área fueran adquiridos de “buena fe”, de manera que no se pueden alegar derechos adquiridos.
La resolución unánime ordena a la Procuraduría General de la República que resuelva las acciones legales respectivas para restablecer la extensión del área protectora a su delimitación original.
Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro (instructor), Paul Rueda Leal, Luis Fdo. Salazar Alvarado, Jorge Araya García e Ingrid Hess Herrera y el magistrado suplente Fernando Lara Gamboa. Nótese que en este caso no estuvo la magistrada Anamarie Garro, quien usualmente se aparte de la mayoría o consigna notas distintas.