El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, insiste en golpear financieramente a la principal institución del país en su lucha contra el crimen organizado: el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en lo que claramente destruye su operación y favorece al crimen organizado del país.

El expresidente y hoy poder real detrás de la presidenta Fernández, notificó al Poder Judicial un nuevo gran recorte de ¢23.722 millones al presupuesto 2026, mediante un presupuesto extraordinario que deberá conocer la Asamblea Legislativa.

La medida golpea directamente la persecución penal, el combate al crimen organizado y los servicios para poblaciones vulnerables, en momentos en que el país enfrenta la crisis de seguridad más grave de su historia reciente. La decisión se dio unos días después de que Hacienda devolvió poco más de 3.000 millones que había retenido al Judicial.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) concentra el mayor golpe, con una reducción de ¢9.536,3 millones, justo cuando la institución mantiene investigaciones activas contra estructuras de crimen organizado y ha ejecutado operativos que derivaron en la captura de líderes criminales como alias “Diablo”. Le siguen en impacto la administración y operación judicial (¢8.728,8 millones), los juzgados y tribunales (¢3.287,9 millones), la Defensa Pública (¢1.087 millones) —que atiende pensiones alimentarias y discriminación laboral a personas de bajos recursos—, el Ministerio Público (¢558,1 millones) y el programa de atención a víctimas y testigos (¢335,7 millones).

El director del OIJ, Michael Soto, planteó el problema así:

A este golpe se suma que, apenas el pasado 29 de junio, la Corte Plena ya había cedido ¢13.242,08 millones de su presupuesto en ejecución a solicitud del propio Ministerio de Hacienda, “como parte de un esfuerzo institucional por la sostenibilidad fiscal”.

Ese monto es adicional a los ¢23.722 millones ahora anunciados, por lo que la reducción acumulada para el Poder Judicial en 2026 asciende a ¢36.964,08 millones, sin contar los ¢3.053 millones que Hacienda había retenido inicialmente y solo liberó tras un recurso de revocatoria presentado por el presidente de la Corte, Orlando Aguirre.

Para tener una idea clara del recorte total, con los datos oficiales de Hacienda para el presupuesto 2026, el monto equivale a:

• 51,4% de todo el presupuesto anual del MAG — es decir, el Gobierno le quita al Poder Judicial más de la mitad de lo que le da a todo un ministerio con cinco instituciones adscritas (SENASA, SFE, INTA, Extensión Agropecuaria, Clubes 4S).
• 74,7% de todo el presupuesto anual del Ministerio de Cultura y Juventud — prácticamente tres de cada cuatro colones que el Estado destina a museos, bibliotecas, orquestas, becas artísticas y programas de juventud en todo el país (con cerca de 25 instituciones adscritas: Teatro Nacional, Museo Nacional, Centro de Patrimonio, Museo de Arte Costarricense, Melico Salazar -TNT y CNT-, bandas, Sinem, etc).

Ana Eugenia Romero; directora ejecutiva del Poder Judicial, se refirió al asunto con estas palabras, en las que explica todo el problema:

¿Error intencional para aplicar el rebajo?

Romero advirtió que la cifra de Hacienda parte de una estimación estadística con datos al 30 de junio, basada en patrones históricos de ejecución, un método que proyecta gasto pero no determina con precisión cuánto dinero está realmente disponible para recortar.

Un estudio técnico interno encontró que 56 de las 85 subpartidas seleccionadas por Hacienda tienen un disponible inferior al monto que el Gobierno pretende quitarles, es decir, el cálculo del recorte no calza con la realidad presupuestaria de la institución.

El comunicado también aclaró que el fideicomiso para infraestructura judicial es de apenas $82 millones —y no de $600 o $700 millones como se ha dicho en las conferencias de Casa Presidencial— y que los depósitos judiciales, vinculados a embargos y pensiones alimentarias, son dinero de las personas usuarias que el Poder Judicial no puede usar para financiar su propia operación.

Pese a que la Constitución exige asignar al menos el 6% de los ingresos ordinarios del Estado al Poder Judicial, la función jurisdiccional recibe hoy apenas el 3,61%.

Ante la magnitud del recorte y las inconsistencias técnicas señaladas, el Poder Judicial anunció que evaluará acciones legales y que el tema será conocido con prioridad por la Corte Plena en su sesión del lunes 24 de agosto.