Europa Press y Redacción CCR | El organismo regulador de las telecomunicaciones en Rusia ha avisado de que bloqueará el acceso a la popular plataforma Whatsapp al percibir que sigue incumpliendo la legislación del país relativa a la prevención y la lucha contra el crimen.

“Como el servicio de mensajería siga sin estar a la altura de lo que exige la legislación rusa, acabará completamente bloqueado”, ha amenazado Roskomnadzor en un comunicado publicado por los principales medios del país.

“WhatsApp sigue violando la legislación rusa. El servicio de mensajería se utiliza para organizar y llevar a cabo atentados terroristas en el país, reclutar a perpetradores y cometer fraudes y otros delitos contra nuestros ciudadanos”, añade la nota antes de confirmar que, debido a ello, lleva ralentizando desde agosto el acceso a la plataforma, en especial la comunicación a través de mensajes de voz, como medida punitiva.

WhatsApp, cabe recordar, es propiedad de Meta, una corporación cuyas actividades están prohibidas en Rusia porque el Gobierno la ha descrito como una organización extremista.

El asunto pone en la palestra el debate sobre la legislación en algunos países y las plataformas de redes sociales o mensajerías, que son corporaciones que buscan trascender los dominios nacionales, sin ajustarse a las leyes de cada país.

Meses atrás, los tribunales de Brasil pusieron en cintura a la plataforma X de Elon Musk por no cumplir con una orden judicial de eliminar cuentas falsas que reproducían mentiras y manifestaciones de odio. Al final, la empresa de Musk tuvo que pagar una multa y ceder a la orden judicial.

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En Estados Unidos recientemente el presidente Donald Trump le quebró el brazo a la popular plataforma Tiktok, a la que obligó a crear una empresa domiciliada en ese país para poder operar en la Internet de su dominio, lo que implica pagar impuestos en Estados Unidos y ajustarse a la legislación nacional y los controles tecnológicos de ese país. La empresa de origen oriental tuvo que ceder antes de perder un enorme mercado.

No obstante, la inmensa mayoría de países no se atreven a poner regulaciones fuertes a las plataformas transnacionales, ante las acusaciones por atentar contra la libertad de expresión. En algunas legislaciones se protegen derechos que son más importantes que la expresión, como la protección a la vida, por ejemplo, o contra delitos que se establecen en la legislación penal.

Mientras tanto, las redes sociales continúan con sus políticas de no pedir responsabilidad individual y legal a los usuarios, como pedirles incluir su documento de identidad nacional, porque ese simple acto les implica aumento de ganancias enormes. Las redes sociales generan un falso alcance, inflado, para publicidad en sus plataformas, gracias a la existencia de millones de cuentas falsas que manejan troles con diferentes propósitos como crear opinión pública a favor o en contra de ideas, políticas, políticos o grupos sociales.

En Costa Rica, por ejemplo, la empresa Procter Novelli ha detectado casi un millón de troles, en un país con una población mayor de edad de aproximadamente tres millones y medio de personas reales. Sin embargo, la legislación costarricense no protege contra esas cuentas falsas, que permiten desde el anonimato incurrir en múltiples delitos a usuarios sin ética ni moral alguna.