La Sala Constitucional desmiente al presidente Chaves, así como a Laura Fernández, ministra de la Presidencia, quienes afirmaron en conferencia que el Gobierno había solicitado información de pensiones del Poder Judicial, pero la Sala Constitucional no quiso obligar a la Corte a dar la información.
“Según pudimos constatar en todas las bases de datos de la Sala Constitucional, ningún funcionario de Ministerio de Planificación y Política Económica o de otro ministerio ha presentado algún recurso de amparo solicitando información a la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial”, aseveró esta tarde la Sala Constitucional mediante un comunicado.
Según el tribunal constitucional de Costa Rica no es cierto, entonces, que como afirmaron Rodrigo Chaves y Laura Fernández, se haya interpuesto un recurso de amparo cuya decisión fuera indicarle a la máxima jerarquía del Poder Judicial que emitiera el pedido de información cuando pudiera hacerlo y no de inmediato como se hace frecuentemente.
“Le pedimos al Poder Judicial denos los datos, y no, fuimos a la Sala Cuarta y no -indicó Chaves en la conferencia mientras Laura Fernández asentía con ligero “sí”. “Diay, nos la tienen escondida esa información -agregó Chaves con Fernández aún asintiendo con la cabeza-; hemos hecho el análisis de todos los otros casos de los regímenes de pensiones, pero estamos esperando a que el Poder Judicial tenga la gentileza -dice con sorna- para decirlo o se digne, según adonde lo vea uno, a darnos los datos y no quieren, y qué fue lo que dijo la Sala, eso es lo que yo no me acuerdo”, concluyó Chaves preguntándole a Fernández, quien respondió:
Fernández afirmó que le pareció muy extraña esa resolución, porque normalmente la Sala decide que si hay incumplimiento o negativa de entregar información pública, entonces debe hacerse de inmediato.
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“La Sala lo que dijo, que es muy extraño, cuando alguna institución falla en entregar la información con prontitud, la Sala lo que dice es “tiene que entregarla en tal fecha porque usted esta violando el deber de información en un plazo determinado”, pero en este caso lo que hizo la Sala fue devolverle, ante el recurso, como una consulta, como “hola Poder Judicial cuándo ustedes creen que pueden dar esta información, ojalá que la den en un plazo determinado”, entonces, fue una respuesta como muy rara ante una solicitud de información con plazo en un tema tan delicado”, señaló Fernández de manera jocosa.
“Solo existen dos expedientes relacionados con la solicitud de información a la Junta
Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, estos fueron
presentados por actuarios matemáticos, quienes son personas particulares pues no dicen
ostentar ningún cargo público”, informó la Sala Constitucional en su comunicado aclaratorio.
“El primer expediente es el 23-018356-0007-CO, este ya fue resuelto y fue declarado con lugar”, agregó la Sala. Tal resolución ordenó a Oslean Vicente Mora Valdez, en su condición director interino de la Dirección de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, “o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que gire las órdenes pertinentes y coordine lo necesario dentro del ámbito de sus competencias, para que a más tardar el 31 de octubre de 2023, se le entregue la información solicitada por el recurrente por oficio RAL-010- 2023 del 09 de junio de 2023. Lo anterior, si otra causa ajena a lo discutido en el caso concreto no lo impide”.
“El otro expediente es el 23-019366-0007-CO y fue presentado solicitando información a la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. Este expediente aún no ha sido resuelto por la Sala Constitucional”, amplió la información.
Según Fernández se ha tenido que “insistir abundantemente, porque es información pública y necesarísima -sic- para poder avanzar en una reforma en este tema”. Entonces Chaves aprovechó para cuestionar que podría haber un conflicto de intereses entre la Sala y el Poder Judicial, porque eso afectaría pensiones futuras de los magistrados del órgano constitucional.
Sin embargo, la Sala desmiente que haya tal recurso de amparo. Ni Casa Presidencial ni el Ministerio de Planificación se han vuelto a pronunciar sobre este tema.