La Sala Constitucional detiene tala de 750 árboles en playa Panamá, como medida cautelar ante una acción de inconstitucionalidad presentada por el activista Sergio Ortiz.
El magistrado instructor, Fernando Cruz, decidió dictar estas medidas cautelares para evitar un daño irreparable en el patrimonio natural de la zona, mientras se decide por el fondo el recurso en contra de un permiso otorgado por el SINAC que ha sido muy cuestionado.
“La Sala Constitucional acogió las medidas cautelares que solicitamos dentro de la acción de inconstitucionalidad sobre el desarrollo en el Polo Turístico Golfo de Papagayo”, comunicó Ortiz en su Facebook.
El magistrado Castillo explicó la medida cautelar:
La resolución de Cruz indica literalmente que se “moratoria total sobre el otorgamiento de permisos de tala de árboles en el Polo Turístico Papagayo, en el contexto del desarrollo de un proyecto de naturaleza hotelera”, además se detienen los actos administrativos en particular del Minae -Sinac-, Setena e ICT y se prohíbe otorgar permisos de construcción en la zona.
“Esto no es menor. Esto es una señal clara de que existe un riesgo real de daño ambiental grave e irreparable, y que el país no puede quedarse de brazos cruzados mientras ese daño se materializa”, expresó Ortiz.
“La Sala también toma en cuenta algo clave: que la normativa impugnada podría estar violando principios fundamentales como el de no regresión ambiental y el principio precautorio, además del derecho constitucional a un ambiente sano”, agrega Ortiz.
Ayer el diputado electo Sergio Araya, del Frente Amplio, también interpuso un recurso de amparo ante la Sala por el mismo motivo y pidió la misma medida cautelar. Araya busca anular el permiso para la tala que dio el Minae a través del Sinac.
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“Aquí no se trata de estar en contra del desarrollo. Se trata de algo mucho más básico: que el desarrollo respete la Constitución, que tenga sustento técnico, y que no comprometa el patrimonio natural de las futuras generaciones”, indicó Ortiz al recibir la noticia.
Además de Ortiz y Araya, el ambientalista Álvaro Sagot presentó también una acción inconstitucionalidad el 31 de octubre de 2025, que cuestiona el modelo de desarrollo turístico usado en Golfo de Papagayo.
Sagot también presentó una gestión de desobediencia a la autoridad el pasado 17 de abril de 2026 por incumpliendo una orden de la Sala por parte del Sinac, al permitir actos administrativos -otorgar permisos de tala- mientras el caso está en trámite.
Antecedente de un caso que huele a corrupción
El permiso de tala fue otorgado el 9 de abril por el Área de Conservación Tempisque del SINAC, que autoriza la corta de 748 árboles en terrenos estatales concesionados al proyecto Bahía Papagayo, de la empresa Enjoy Hotels & Resorts S. A., en el cantón de Carrillo, Guanacaste. Esta empresa es también de los propietarios de la cablera Telecable.
El caso viene acumulando capas desde 2021. La empresa desarrolla un proyecto de inversión cercana a los 925 millones de dólares para intervenir 117 hectáreas en Playa Panamá, con hoteles, residencias y canchas deportivas.
Activistas han planteado las eventuales ilegalidades y sospechas de corrupción que podrían reconocerse en este caso, como las reveladas por Juan Bautista Esquivel, quien víctima de una denuncia SLAPP para callarlo sobre este tema, en la que le embargaron sus ahorros.
La viabilidad ambiental fue otorgada por SETENA en 2022, un permiso que hoy es cuestionado por haberse aprobado sin audiencia pública y a pesar de que el expediente técnico evidenciaba cobertura boscosa en más del 90% de los lotes del proyecto. Adicionalmente, la Fiscalía Ambiental de Santa Cruz mantiene abierta una causa penal por el presunto delito de tala ilegal vinculada a esta concesión, iniciada a partir de un informe del propio SINAC que confirmó la existencia de una socola —desmonte de vegetación menor— en terreno con cobertura boscosa.
Previamente el presidente Rodrigo Chaves había emitido un decreto, que fue denunciado como ilegal, con el propósito de aumentar la extensión de cobertura boscosa que se ahoriza eliminar en áreas protegidas cerca del mar para proyectos turísticos. El decreto claramente beneficia al desarrollador turístico que presuntamente quieren pasar por encima de la ley, en el caso de corrupción ambiental más sonado de este tiempo.
Además, el mismo día en que se otorgó el permiso de tala, ya había maquinaria en el terreno, según fotografías aportadas como prueba al recurso. Araya sostiene, mediante un video, que esa maquinaria podría empezar el trabajo en cualquier momento, por lo que la comunidad y grupos ambientales están en alerta para protestar directamente.
📋 Lo que hay que saber del caso Playa Panamá
- Proyecto: Bahía Papagayo, de Enjoy Hotels & Resorts. Inversión: ~$925 millones. 117 hectáreas en terrenos estatales concesionados, Playa Panamá, Carrillo, Guanacaste.
- Permiso cuestionado: SINAC-ACT-OSRSCC-052-2026 (9 abril 2026): autoriza tala de 3.656 árboles.
- Recurso de amparo: Presentado el 16 de abril por Edgardo Araya Sibaja, diputado electo del Frente Amplio, en representación del bosque. Acción de inconstitucionalidad: Presentada por Sergio Ortiz
- Medida cautelar urgentísima: Solicita suspensión inmediata de la tala mientras la Sala IV resuelve el fondo.
- Cobertura boscosa: El propio expediente de SETENA reconoce hasta 98% de cobertura boscosa en los lotes del proyecto.
- Otros frentes legales: Investigación penal por tala ilegal (Fiscalía Ambiental, Santa Cruz) y acción de inconstitucionalidad en trámite ante la Sala IV (exp. 25-033926-0007-CO).
- Posición de la PGR: Recomendó declarar inconstitucionales normas clave del Plan Maestro del Polo Turístico Papagayo que sustentan el proyecto.