Solamente seis fiscales atienden los delitos por lavado de dinero y no hay peritos contables suficientes para realizar esa función con eficiencia, porque el Ministerio Público enfrenta el desfinanciamiento intencional del Poder Ejecutivo.
Mientras el fiscal general, Carlo Díaz, denuncia esa situación limitante en los últimos años, el jefe de fracción de Pueblo Soberano aduce que el fiscal sólo habló de sus problemas, pero no planteó propuestas, porque -según dijo- solo 1 de cada 3 casos reciben condena.
¿Es realmente ineficiente la fiscalía costarricense?
Sin embargo, ese dato más bien es superior al de la mayoría de países, dato que ignora el diputado Acosta. La Tasa de Eficacia Resolutiva que manejan entidades como la “United Nations Survey on Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems” (UN-CTS), indica que las fiscalías reciben un volumen masivo de causas, pero solo una fracción llega a una sentencia judicial: un 20%. Eso se debe al filtro inicial por denunciar erróneas, sin pruebas, sin autor conocido, sin legalidad clara, entre otros casos.
Sobre el total de causas que ingresan a una fiscalía, aquellas que culminan en una sentencia condenatoria suelen representar un porcentaje muy pequeño en el mundo: típicamente entre el 5% y el 15% del total de casos ingresados al sistema. La Fiscalía de Costa Rica llegaría al 35%, según los datos que aporta el mismo Nogui Acosta, lo que habla más bien de eficiencia a pesar de las limitaciones.
Es fundamental entender que no toda denuncia implica culpabilidad, como debería ser lógico, pero algunas personas por politiquería lo pasan por alto. Mayor cantidad de condenas no implica justicia, necesariamente, porque cualquier inocente puede denunciado por otra persona, sin pruebas y por vendetas personales, entre otras motivaciones mezquinas.
Acosta declaró lo siguiente:
La verdadera medida de eficacia de una fiscalía no es cuántas personas condena, sino qué porcentaje de los casos que recibe logra convertir en una resolución de fondo (ya sea condena, acuerdo reparatorio o juicio final), en lugar de dejarlos archivados por falta de capacidad operativa o de investigación.
Fiscalía sin recursos por recortes del Gobierno
Durante su audiencia de ayer martes, Carlo Díaz alertó un dato alarmante para el país: solamente seis fiscales están asignados a la investigación del lavado de dinero proveniente del narcotráfico y el crimen organizado en toda Costa Rica.
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Además, indicó que no hay peritos suficientes para realizar el trabajo de campo que se requiere para montar los casos que podría tener contenido para ser elevados a juicio.
La situación surge por el desfinanciamiento al que los somete el Poder Ejecutivo desde el gobierno anterior de Rodrigo Chaves.
El Frente Amplio advirtió que esa situación “representa el verdadero punto débil de la estrategia de seguridad nacional. Si bien perseguir el transporte de droga y capturar a los cabecillas es necesario, resulta insuficiente”.
El jefe de fracción del Frente Amplio, José María Villalta, aseveró que ya es hora de atacar lo que realmente les importa a las bandas de crimen organizado: el dinero que las sostiene. “Descabezar una estructura no la detiene; en pocas semanas, un nuevo operador ocupa el lugar del capturado porque las ganancias del narcotráfico nunca dejaron de fluir”. defiende la agrupación política.
“Este déficit de personal no es una casualidad, sino una decisión política”, señala el Frente Amplio. El propio Fiscal General señaló que al Ministerio Público le faltan 134 plazas de fiscales, lo que equivale a trabajar con un 20% menos del personal requerido. A pesar de esto y aunque la Asamblea Legislativa ya aprobó ¢8.688 millones para crear 176 plazas en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y 99 en la Fiscalía, pero el Gobierno se ha negado a girar esos recursos.
“La omisión gubernamental también se refleja en la agenda legislativa”, agregan. De los seis proyectos de seguridad que el Poder Ejecutivo envió a la Asamblea el pasado 15 de junio, ninguno fortalece la persecución del lavado de dinero ni amplía las capacidades para incautar el patrimonio de las bandas.
Asimismo, el Fiscal General detalló durante la audiencia varias decisiones que han debilitado la vigilancia del territorio nacional en los últimos años. Entre ellas destacan el cierre de las estaciones de Guardacostas en Bahía Drake y Sixaola —dos de los puntos con mayor ingreso de droga al país— así como el retiro de la policía de control de drogas en puertos y fronteras clave como APM Terminals, Tablillas y Peñas Blancas.
Esas afirmaciones coinciden con la realizada ayer por la diputada Claudia Dobles, quien hizo un llamado al Gobierno para que convoque un proyecto para combatir legitimación de capitales y capitales emergentes, además de felicitar al OIJ por el megaoperativo por la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales junto a la coordinación de otros cuerpos policiales: