Una nueva denuncia contra el presidente Rodrigo Chaves llega a la Fiscalía por supuesto tráfico de influencias y en esta caso por el manejo de dinero públicos en las contrataciones que ha realizado RECOPE y el SINART con Christian Bulgarelli.

Los diputados Ariel Robles y Jonathan Acuña, del Frente Amplio, interpusieron esta tarde ante la Fiscalía la denuncia por presunto tráfico de influencia contra el presidente Rodrigo Chaves Robles, la diputada Pilar Cisneros, Fernando Sandí, jerarca del SINART, Juan Manuel Quesada, jerarca de RECOPE, así como “el productor audiovisual y asesor presidencial Christian Bulgarelli”.

La denuncia pide al Ministerio Público investigar el caso de contratos que fueron dados a dedo, sin concurso público, por parte de RECOPE y SINART al supuesto asesor Bulgarelli.

“La denuncia se enmarca en la respuesta de la ministra de Educación, Katharina Muller, dio a un oficio enviado por el despacho del legislador Acuña Soto, confirmando que Christian Bulgarelli es asesor del mandatario y que trascendiera que la empresa del productor audiovisual, RMC, fue beneficiada con contratos sin concurso público con SINART y RECOPE”, explicó el Frente Amplio esta tarde.

“La ministra reconoce al señor Christian Bulgarelli como asesor de comunicación del Presidente y Christian Bulgarelli ha recibido contratos millonarios, varios de ellos de manera directa, a dedo”, declaró el diputado Acuña Soto.

“De ser ciertos los hechos -señalan Acuña y Robles- se podría estar en presencia de un delito de tráfico de influencias, pues Bulgarelli es una persona cercana y de confianza del mandatario y es parte del equipo de Comunicación del Despacho Presidencial y, tanto Chaves como los otros altos funcionarios mencionados, intervinieron a su favor para que obtuviera jugosos contratos”, amplía el comunicado del Frente Amplio.

“Esto debe ser investigado por la Fiscalía y que se indague sobre las posibilidades de un conflicto de intereses, que haya tráfico de influencias en las que se esté orientando a que se den contrataciones de este tipo a personas cercanas y con participación activa con el Gobierno de la República.” alertó el diputado Robles Barrantes.

El presunto delito está configurado en el artículo 52 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.

La misma ley establece un agravante de este delito en caso de figura presidencial participe pues “Los extremos de la pena señalada en el párrafo primero se elevarán en un tercio, cuando la influencia provenga del presidente…” entre otros altos funcionarios públicos que menciona dicho artículo.