El Tribunal Penal de Pococí ordenó restablecer derechos a alias Diablo al declarar con lugar el incidente de queja presentado por la defensa técnica y material del imputado de apellido Arias, así como por la defensa material de un imputado de apellido Pérez.
La orden, según informó el Poder Judicial, incluye dos medidas concretas que debe aplicar de manera inmediata e impostergable al director del Centro Nacional de Atención Específica (Máxima Seguridad- Reforma):
“1-Garantizar el ejercicio irrestricto de la defensa técnica y material: permitir y habilitar sin dilación las visitas presenciales en condiciones de privacidad confidencial, así como las llamadas telefónicas periódicas con su abogado defensor, absteniéndose de cualquier interferencia, monitoreo indebido, o restricción horaria arbitraria”.
“2-Resguardo de la dignidad humana, integridad personal y salud: Garantizar el acceso diario y obligatorio al aire libre y luz solar por un período no inferior al protocolo reglamentario y a los tratados internacionales (Reglas de Nelson Mandela), así como el suministro de ropa interior, jabón, paño, pasta y cepillo de dientes, resguardando su dignidad física y mental.”
De conformidad con el artículo 295 del Código Procesal Penal dentro de este proceso penal se deberá garantizar la privacidad de las actuaciones.
Ministro Aguilar criticó decisión legal
El Ministerio de Justicia Gabriel Aguilar criticó la reciente resolución del Tribunal Penal de Pococí, la cual echó para atrás las estrictas medidas de aislamiento e incomunicación que se le habían impuesto a Alejandro Arias Monge, conocido como alias “Diablo”, y a otro de sus allegados apodado “Tan”, tras su reciente ingreso a prisión preventiva.
De acuerdo con las declaraciones vertidas por el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno en Casa Presidencial, el juzgado acogió un incidente presentado por la defensa técnica del imputado para devolverle beneficios como la salida a horas de sol, la recepción de visitas familiares y el acceso a llamadas telefónicas desde el centro penitenciario.
El jerarca de Justicia cuestionó severamente la determinación judicial al señalar que se tiró abajo la estrategia impulsada por la administración para neutralizar el accionar del crimen organizado dentro del sistema carcelario.
Aguilar fue enfático en que esta flexibilización impuesta por el juzgador representa un gravísimo riesgo para la seguridad nacional, al abrir ventanas para la fuga de información sensible y permitir que se continúen girando directrices delictivas hacia el exterior.
Ante la decisión de las autoridades judiciales, la presidenta de la República, Laura Fernández, reaccionó de manera enérgica y giró instrucciones directas al ministro para extremar la vigilancia en las instalaciones de La Reforma y evitar cualquier incidente de fuga o atentado.
La mandataria señaló que la prioridad absoluta de las fuerzas de seguridad debe ser el resguardo de estos privados de libertad de alta peligrosidad, al tiempo que cuestionó la actuación del sistema de justicia y los eventuales conflictos de interés que rodeen las decisiones sobre la causa.
Asimismo, el Gobierno anunció la implementación de nuevas medidas administrativas urgentes en los módulos de alta contención, entre las que destacan la prohibición total del uso de teléfonos celulares a los funcionarios policiales destacados en esas áreas y la eliminación progresiva de tomacorrientes en las celdas para evitar el uso o carga de dispositivos no autorizados.
Desde el Ejecutivo insistieron en que el Poder Judicial deberá rendir cuentas de manera clara ante la ciudadanía por las consecuencias que puedan derivarse de la flexibilización de estas restricciones a líderes del crimen organizado.
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