El TSE está atrasando el referendo, ese es el criterio de la ministra de la Presidencia, quien mediante un video se manifestó por la noche, después de que el Tribunal Supremo de Elecciones comunicó que interponía consulta constitucional a la nueva versión.

Laura Fernández afirmó que “una vez más aparecen nuevos atrasos para que el pueblo de Costa Rica deba ir a referendo”, en una expresión claramente populista que deja de lado la legalidad que se requiere para lograr la tan ansiada consulta popular.

“Y ahora también el Tribunal Supremo de Elecciones presentando otra consulta de constitucionalidad sobre la versión de la ley Jaguar, pero solo a tres artículos de la norma”, afirma.

“¿Será que no hay interés de permitirle al pueblo de Costa Rica ir a referéndum, será que los cientos de miles de empleos que se van a generar para Limón no son razón suficiente para priorizar estos temas en nuestro país?”, cuestionó Fernández. Sin embargo, es extraño que se refiera a “cientos de miles de empleos”, es decir, más de 200.000   empleos. ¿Se necesitan más de 200.000 empleos para construir una marina en Limón?

“Es como si el Gobierno quisiera hacer un referendo sea como sea, sin importar si su propuesta es constitucional o se ajusta a la legalidad costarricense”, esgrimió un usuario de Culturacr.net de apellido Cortés.

El TSE ya se había manifestado previamente que las consultas de constitucionalidad son necesarias para esclarecer la constitucionalidad y no aprobar un referendo que, después, resulte en un enorme gasto de dinero para el erario público. El TSE está facultado y es su obligación establecer esta consulta previa, para que luego no se el culpe de impulsar un referendo infructuoso.

“El atraso principal lo ha establecido el mismo Gobierno, impulsando proyectos que claramente son inconstitucionalidad para poner a pelear al pueblo”, agrega Cortés.

La ministra Fernández insistió que se trata de Ciudad Gobierno y de la marina de Limón, pero el Poder Ejecutivo del gobierno Chaves Robles ha insistido en que no impulsará esos proyectos de infraestructura mediante las formas permitidas por la ley y que realizan todas las entidades del estado costarricense, como la vía de la licitación pública.

Fernández pidió prioridad, nuevamente, para esta segunda versión del proyecto que busca modificar la legislación de la Contraloría General de la República y de Japdeva: