Por Welmer Ramos G.* | Acusar a la ley contra la usura de ser la causa del gota a gota no es un error inocente: es mala fe. Es una mentira diseñada para proteger privilegios. El gota a gota existe desde los años noventa; la ley contra la usura fue aprobada en 2020. No lo originó: lo desenmascaró.

Gracias a esa normativa hoy se puede perseguir penalmente a quienes imponen intereses criminales. Antes, actuaban con total impunidad.

Extorsión disfrazada de inclusión

Decir que, para prestarle a una persona pobre, hay que cobrarle un 70% u 80% de interés no es inclusión financiera; es extorsión pura, es robo con contrato. Ninguna persona sin capacidad de pago debería recibir crédito, porque eso solo la arrastra a la morosidad, le mancha el récord crediticio y la excluye del sistema financiero. Cualquier economista serio lo sabe.

El problema no es la ley, es la usura

La evidencia es contundente: más de 715 mil cobros judiciales. Se trata de personas a quienes el propio sistema financiero les prestó a tasas tan abusivas que las cuotas se volvieron impagables. Primero los exprimen, luego los marcan como morosos y, con cinismo, culpan a la ley. No: el problema es la usura.

Esos ciudadanos no acuden al gota a gota por gusto, sino porque los empujan allí. El orden es claro: usura legal → quiebra personal → mancha crediticia → gota a gota. No al revés.

Lo que hacen los países serios

En Europa, Japón y otras economías desarrolladas, las tasas máximas rondan el 24%, y no existe exclusión financiera. En Costa Rica, al trabajador le pagan un 4,5% por sus fondos de pensiones, y con esa misma plata le prestan al 51%, con el descaro de exigir derecho a cobrar hasta un 70%.

Eso no es riesgo ni libre mercado; es saqueo. Y quien defiende esa práctica no defiende a los pobres: defiende su negocio cruel.

Incluso en Estados Unidos —y hasta en sectores conservadores— se ha comenzado a reaccionar contra la estafa de la usura.

*Economista, ex diputado, impulsor de la Ley contra la Usura Bancaria.