Una denuncia que circula en redes establece que 21 personas con discapacidad grave han muerto durante 3 meses después de que se allanara la residencia de “Manos abiertas” por presuntos delitos financieros.

Sin embargo, las personas con discapacidades graves fueron reubicadas en ambientes no adecuados y fueron muriendo en los siguientes 3 meses después de que el OIJ allanó las instalaciones de esa fundación en Alajuela.

Ericka Álvarez del Movimiento Nacional de Personas con Discapacidad denunció mediante un video que las instituciones gubernamentales han ignorado la terrible situación que ella denuncia mediante este video:

El caso de la fundación en investigación

Según informó Culturacr.net el pasado 5 de marzo, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) aumentó dineros a fundación de falsas monjas que fue allanada en un 41% del año 2022 al año 2023. El aumento en los dos años supera el 50%.

El Gobierno, en lugar de restringir los fondos ante las denuncias que se venían realizando a la fundación aumentó ¢445 millones para el año 2023, para un total de ¢1.534 millones, después de que en el año 2022 el monto aportado para esta fundación fue de ¢1086 millones y en años previos el monto era de ¢956 millones y 993 millones en 2020 y 2021, respectivamente.

El pasado 5 de marzo, con la colaboración del Organismo de Investigación Judicial y mediante una orden judicial, la Fiscaía realizó el allanamiento de las instalaciones de esa fundación, a partir de una investigación que se realiza por cuestionamiento al trabajo de la Fundación Manos Abiertas, una entidad donde operaban falsas monjas.

La investigación se realiza por presuntos delitos de peculado, malversación de fondos y tortura contra los menores de edad huérfanos.

No obstante, a pesar de resolver el problema, el Ejecutivo empeoró las cosas con el salvo tan lamentable que tenemos en este momento.