La agrupación Frente Amplio adelanta que votará en contra la Ley Jaguar, porque la considera “una estafa a la ciudadanía” que “abrirá portillos a la corrupción”.

El Frente Amplio amplía además diciendo que las dudas sobre su constitucionalidad refuerzan su voto negativo para la convocatoria a referendo que pretende el Poder Ejecutivo.

Por otra parte, establece que esta ley debilita la Contraloría General de la República, además de que parece “inaplicable” la ley bajo el expediente 24.364.

La bancada de izquierda afirmó que “tomó está decisión luego de un examen meticuloso de las dudas alrededor de la legalidad de la iniciativa y sus repercusiones, llegando a dos conclusiones”.

La fracción justifica su decisión en estas dos conclusiones:

“1) Le están tomando el pelo a las personas que, de buena fe, irían a votar por algo que el mismo Ejecutivo sabe no puede hacerse. El proyecto sería inaplicable por sus muchos vicios de constitucionalidad, por lo que están engañando a la población al prometer una reforma que no podría llevarse la práctica como lo prometen. De aprobarse el referendo en las urnas eso no garantiza la construcción ni de Ciudad Gobierno ni de la marina de Limón, por ejemplo”.

“2) Los cambios que propone buscan debilitar la labor fiscalizadora de la Contraloría General de la República, lo que abriría una puerta a la corrupción, sea de este gobierno o de los que siguen en el futuro”.

Dudas y contradicciones para polarizar

Según el jefe de fracción del Frente Amplio, Antonio Ortega, “lo mínimo que podemos hacer es dar un voto a la altura de la responsabilidad histórica que tenemos, desde siempre hemos estado a favor de las consultas populares, pero sabemos que este referendo que proponen NO es para eso”.

Esta fracción legislativa es la primera que manifiesta abierta y concretamente su oposición a la Ley Jaguar de manera fundamentada, aunque ya las fracciones de Liberación Nacional y del Liberal Progresista han realizado consultas de constitucionalidad y criterios sobre las dudas y contradicciones que deja ver la ley que se pretende consultar mediante un referendo.

El ex presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado, también afirmó que ese proyecto nació muerto, “huele a cala”, dijo semanas atrás en un análisis propio. Otros especialistas en temas constitucionalidades han reiterado también sus dudas sobre la viabilidad de la iniciativa del gobierno Chaves Robles.

Un distractor para no enfrentar problemas reales

“A Chaves se le acabaron las excusas para seguir creando división y para justificar su incapacidad para gobernar, por lo que necesita desesperadamente crear nuevas falsas expectativas para seguir en campaña y continuar culpando a otros de su incapacidad”, aseveró Ortega mediante un comunicado que comparten sus compañeros de bancada.

“Mientras el Ejecutivo crea una distracción con el referendo el país sigue sufriendo problemas reales como las crisis en seguridad, educación, ambiente, agro, salud y acceso al agua”, agrega el comunicado frenteamplista.

“Estamos a favor de mejorar las condiciones de vida de la población, de acabar con pagos de alquileres a familiones políticos, también para cerrarles portillos a evasores y corruptos, pero para estos juegos politiqueros y esta estafa a la gente, si saben contar, que no cuenten con el Frente Amplio”, concluyó Ortega.