OPINIÓN. ¿Se imagina con la Ley Jaguar en Ciudad Gobierno y la marina de Limón si con la reparación de una pista de aterrizaje del aeropuerto Daniel Oduber se habría incurrido en la desviación de casi US$4O millones?

Para tenerlo claro: La Ley Jaguar pretendía eliminar la fiscalización y controles que establece la Contraloría General de la República para impulsar un gran contrato para una mega construcción de varios edificios en Plaza Víquez, proyecto llamado Ciudad Gobierno. Además, de la misma forma, se pretendía con esa ley construir la marina nueva de Limón.

En el caso del Aeropuerto Daniel Oduber el Gobierno se inventó meter esa reparación en una declaratoria de emergencia por el huracán Boonie. Las declaratorias de emergencia eliminan la fiscalización del órgano contralor también, de manera que la construcción se realiza con más rapidez, lo que deja abiertos portillos para la corrupción, amañado de contratos y otros juegos de los que se aprovechan las empresas constructoras para “ganarle” más dinero al estado costarricense.

En el caso concreto del aeropuerto de Liberia, la Fiscalía investiga una alteración de contrato que habría generado una desviación de fondos y un perjuicio millonario al estado costarricense.

Así las cosas, la Contraloría se vuelve fundamental en la lucha contra la corrupción, mucho más que decirlo en el discurso político, sí en la acción de fiscalizar los manejos de los dineros de todos los costarricenses. Por esa razón en casos de emergencia usualmente se dan serios cuestionamientos de corrupción, como sucedió en la trocha fronteriza y otros casos en la CNE de años anteriores.

No es difícil entender por qué entonces los ataques de Rodrigo Chaves y su Gobierno a la Contraloría General de la República, como tampoco los reiterados ataques a la Fiscalía y al fiscal general Carlo Díaz, dos entidades que fiscalizan, vigilar y supervisan que no hay corrupción en la contratación que el estado realiza con entes privados.

Es decir, el intento por debilitar los controles de la Contraloría, así como deslegitimar las investigaciones del Ministerio Público y las decisiones judiciales -de jueces y magistrados- del Poder Judicial, nos permite ver que el Gobierno quiere vía libre para actuar a su antojo en el campo de las contrataciones. ¿Se imagina usted con qué propósito? ¿Podemos creer que es solamente para darle rapidez a las obras?

Entonces viene la pregunta, si eso sucedió en el Daniel Oduber, ¿se imagina con la Ley Jaguar en Ciudad Gobierno y la marina Limón? Los sistemas de pesos y contrapesos de la democracia costarricense nos salvaron de un mega chorizo, el más descarado de la historia patria.

Presidente de la CNE, Alejandro Picado, ex ministro del MOPT, Mauricio Batalla y otros 2 funcionarios detenidos en 22 allanamientos por presunta desviación de casi $40 millones