Identificadas por politólogos y ciudadanos como las vallas que respaldan la dictadura en Costa Rica, estos mensajes publicitarios en vías de circunvalación nacionales piden la renuncia de los jerarcas de dos poderes de la República y de dos jerarcas de instituciones de control de la legalidad y del estado social de derecho.

Las vallas piden la renuncia de Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, Orlando Aguirre, presidente del Poder Judicial, de Carlo Díaz, Fiscal General de la República y de Marta Acosta, Contralora General de la República.

En dos platos, quienes financiaron estas vallas de clara propaganda política piden la renuncia de las autoridades de los órganos que vigilan y defienden la aplicación la ley. Sin esas instituciones democráticas lo único que queda es el presidente del Poder Ejecutivo, Rodrigo Chaves, con todo el poder para ser un dictador en un sistema dictatorial.

Entonces surgió la pregunta: ¿Quién paga esa propaganda política chavista contra la democracia? ¿Es acaso dinero del narco o la criminalidad organizada, es acaso de inversionistas beneficiados con las políticas de Rodrigo Chaves, es acaso dinero del BCIE para influencers, es acaso dinero de Bernal Jiménez y otros financistas, el dueño de Publiex, es acaso dinero de grandes empresarios interesados en apoderarse del Estado costarricense en un sistema de controles para hacer grandes negocios corruptos?

Se presume que cada valla tiene un precio mensual de entre $5.000 y $10.000. ¿Quién tiene ese dinero para atacar la democracia y la institucionalidad de Costa Rica? Según mercadólogos y politólogos, es muy claro que el público meta de las vallas es una parte del pueblo desinformada o desconocedora de los valores y principios que permiten a la democracia funcionar. Asimismo, que su propósito es provocar que esa gente se cuestione la existencia de los demás poderes de la República y de las instituciones que trabajan para controlar la aplicación de las leyes en el Estado costarricense, como lo son el Poder Judicial, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la República.

La empresa Publiex es la encargada de poner estas vallas que también son identificadas como un discurso de odio -hacia los jerarcas y las instituciones- que hace eco de los discursos de odio que cada miércoles emite el presidente Rodrigo Chaves en su programa de propaganda política, donde varias veces ha insultado y burlado de esas autoridades de la República: Marta Acosta, Carlo Díaz, Orlando Aguirre y Rodrigo Arias.

El dueño de la empresa Publiex es Giovanny Vásquez, quien se ha mostrado aliado del presidente Chaves Robles, con quien promovió una supuesta campaña de “seguridad vial” años atrás. En la imagen de abril del año 23 el presidente Rodrigo Chaves con Vásquez en la firma de un convenio público-privado que luego no volvió a trascender:

Una de las vallas incluso se encuentra en el Parque Ross en Santa Ana, donde la diputada Kattia Cambronero denunció que no hay permisos del MINAE para hacerlo. Otra de estas vallas se encuentra en el cruce de circunvalación en la Uruca, rumbo hacia Tibás. Se conocen 2 vallas en la circunvalación y dos en Eco Plaza.

Actualización. Un día después trascendió que quien había pagado por las vallas fue un empresario de origen venezolano de nombre Boris Marchegiani, quien dijo que las puso por rencor contra una magistrada del TSE y contra jueces y magistrados porque no le resolvieron a su favor o como él quería algunos pleitos legales que interpuso para ser alcalde de Quepos y en otros casos. 

Al empresario extranjero se le asocia vendiendo petróleo con “oscuros esquemas de comercialización” en el régimen de Hugo Chavez en Venezuela. Luego tuvo que salir huyendo y llegó a Costa Rica, donde se nacionalizó. 

El activista político Sergio Ortiz se cuestionó quién financia estas vallas y plantea que el problema que Costa Rica enfrenta es tan grave como ver que todo el país está amenazado, no solamente un sector o un tema en particular:

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¿Es posible una demanda?

Aunque siempre es posible que los personajes involucrados planteen demandas, según parece no hay una figura legal clara sobre la publicación de este tipo de vallas o publicaciones que afectan a personas públicas.

Precisamente por ser personajes públicos no les aplican principios de protección de identidad, entre otros. Culturacr.net consultó abogados y especialistas, quienes coinciden en que la difamación o la afectación de la honra difícilmente caben por ser figuras públicas.

Tampoco caben figuras como la instigación -aunque muchos piensen que se trata de instigación al odio-.

Amenazas a un funcionario público no sería una figura legal viable, por cuanto las vallas no amenazan, sino que piden una renuncia, un ejercicio de libertad de expresión básico.