La Corte Suprema de Justicia consultará a la Contraloría General de la República sobre la viabilidad de redirigir recursos para protección del personal judicial, ante la violencia del sicariato que se ha venido dando contra funcionarios.

A partir de este momento empezará un análisis para definir qué recursos económicos puede redirigirse sin afectar la prestación de los servicios judiciales habituales.

También preguntará a la Contraloría sobre si es posible una declaratoria de urgencia y necesidad, que le permita operar con más celeridad en el manejo de esos recursos.

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“Esta medida busca, de forma responsable y ágil, atender y prevenir posibles ataques a las distintas sedes judiciales, priorizando aquellas que, según los diagnósticos elaborados por la institución, enfrentan mayores riesgos o vulnerabilidades, como las ubicadas en la provincia de Limón”, comunicó el Poder Judicial esta tarde.

Además, la Corte Plena aprobó la creación de una guía de autoprotección para personas servidoras judiciales. En 2024, se capacitó a 12.000 personas funcionarias en estos temas, lo que representa un 80% del funcionariado. Para este año, se alcanzará al 100%, informó la Corte.

Se trata de una respuesta de los 22 magistrados y magistradas tras el lamentable asesinato del subjefe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Guápiles, Geiner Zamora, luego de ser atacado con arma de fuego el pasado  1° de febrero.