Contraloría se trae abajo contratos de RACSA, a raíz de una serie de irregularidades que encontró en un mecanismo que detectó como ilegal, mediante el cual RACSA sería como una especie de testaferro para que empresas privadas no tuvieran que realizar un proceso de contratación como lo establece la ley.

Esta situación con algunas empresas podría identificarse como una forma de corrupción para favorecer negocios particulares, otra vez intentando brincarse la Ley de Contratación Administrativa que utiliza el estado para evitar diferentes formas de corrupción que han existido.

La Contraloría General de la República realizó una investigación “sobre el cumplimiento de la ley en contrataciones públicas entre varias entidades públicas y RACSA, en la que detectó irregularidades que ameritan la emisión de dos órdenes de cumplimiento inmediato -sic-“.

En esas órdenes, la Contraloría orden a varias instituciones del estado que estaban operando mediante contratos con RACSA, “ejecutar las acciones administrativas para no reconocer la utilidad en los contratos analizados e implementar las acciones para recuperar los montos que por ese concepto se han pagado a la fecha, conforme el ordenamiento jurídico aplicable -sic-“.

Es decir, les ordena rescindir los contratos que tiene con RACSA con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), Consejo Nacional de Producción (CNP), Instituto de Desarrollo Rural (INDER), Junta de Protección Social (JPS), Asamblea Legislativa (AL), Dirección Nacional de CEN-CINAI, y la Municipalidad de San José.

La orden de la Contraloría también va dirigida a Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA), a quien se le condena por “el uso indebido de la excepción de contratación directa entre entes de derecho público”.

¿En qué consiste el incumplimiento legal de este mecanismo irregular?

Resulta que, según explica el órgano contralor, “RACSA solo puede realizar contratos de esta naturaleza cuando pueda llevar a cabo por sí misma el objeto contractual, conforme a sus competencias legales, evitando recurrir a asociaciones empresariales que desvirtúen el proceso de contratación directa, permitiendo de forma ilegítima a privados ofrecer bienes y servicios a la Administración sin procesos concursales”.

No obstante, RACSA por orden de Gobierno intentó brincarse esa regulación y realizó contratos con esa lista de entidades públicas, pero acudiendo a servicios que ella misma contrató con otras empresas, no que produce por sí misma. De esta manera evita a las empresas tener que realizar el procesos de contratación legal que evita formas de corrupción.

“La CGR detectó que RACSA, fue contratada bajo la excepción de contratación directa entre entes de derecho público y para cumplir con estos contratos RACSA recurrió a la figura de asociación empresarial con empresas privadas pese a que la ley posibilita esos contratos directos sólo si la institución contratada (en este caso, RACSA) puede hacer el trabajo por sí misma, dentro de su marco competencial y normativo. Al contratar empresas privadas para cumplir con esos contratos, RACSA y las entidades contratantes incumplieron dicha regla legal”, expone la Contraloría en un comunicado de este lunes.

“El uso indebido de este mecanismo no solo es contrario a la legislación vigente sino que también vulnera el principio constitucional que exige al Estado contratar bienes y servicios mediante licitaciones públicas, asegurando transparencia, igualdad y libre competencia, sin evadir realizar concursos públicos y sus respectivos controles, así como que se trate de la mejor alternativa en precio y condiciones“, agrega el comunicado contralor.

“Si bien existe la posibilidad de que la Administración Pública recurra a la contratación y colaboración tanto entre sujetos de derecho público como de sujetos privados, para el cumplimiento de sus fines, lo es siempre y cuando se realice dentro de los mecanismos legales existentes y se respeten los procedimientos legales y constitucionales de contratación pública vigentes, que persiguen el mejor uso de los recursos públicos“, concluye el comunicado.