Un conflicto comercial de 7 años que se dirimía en la Organización Mundial del Comercio (OMC) se complicó con una imprudencia populista de Laura Fernández, ante las cámaras, que provocó una reacción inmediata del presidente panameño José Mulino.

Ayer jueves 21 de mayo el presidente panameño José Raúl Mulino anunció la suspensión indefinida de la venta de electricidad a Costa Rica, en una decisión que él mismo describió como respuesta directa al tono de las declaraciones públicas de la presidenta costarricense Laura Fernández.

Lo que pudo resolverse en silencio diplomático terminó en un choque público entre dos vecinos que históricamente se llevan bien, por la necesidad de seguir un guion de autoritarismo populista que a la nueva presidenta costarricense parece no lucirle. Pero veamos de dónde viene el asunto.

El origen: siete años de bloqueo comercial

La disputa comercial entre ambos países se remonta a 2019 y 2020, cuando Panamá impuso restricciones a la importación de productos costarricenses como banano, carne de res, pollo, cerdo, fresas, lácteos y piña. Una de las quejas más precisas del reclamo costarricense es que Panamá mantiene bloqueadas 26 plantas exportadoras, con restricciones justificadas por supuestas razones de seguridad sanitaria, aunque hay dudas.

El diferendo llegó a la OMC, donde un panel falló a favor de Costa Rica en 2024, pero Panamá apeló esa decisión en enero de 2025. Por más de diez años, un sinnúmero de empresas panameñas que operaban en Costa Rica fueron bloqueadas, según el propio Mulino, en declaraciones a la prensa de Panamá.

Sube a una tarima: la imprudencia populista de Laura Fernández

El detonante inmediato fue una declaración de la presidenta Laura Fernández el 15 de mayo —Día del Agricultor costarricense— en la que anunció públicamente que activaría todos los mecanismos a su alcance para enfrentar el bloqueo comercial panameño y que no toleraría que se maltratara a los productores nacionales.

Fernández anunció ese día el traslado del conflicto comercial con Panamá a la vía diplomática. La declaración, hecha ante cámaras con un tono frontal, tuvo el efecto contrario al buscado: en vez de presionar discretamente, le dio a Mulino un agravio público al que responder. En vez de solucionar, agravó la situación, en una búsqueda por agradar a los agricultores con un tono autoritario y confrontativo, pero imprudente.

“No voy a consentir que se maltrate, por bloqueos que no tienen sustento legal, a los productores nacionales”, advirtió Fernández.

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El presidente Mulino se manifestó “sorprendido” por el tono de los reclamos públicos de la nueva mandataria costarricense y anunció la suspensión sustentada en el principio de “reciprocidad” diplomática, recordando que Costa Rica es un país vecino con el que Panamá “siempre” ha tenido “muy buena relación”.

Sus palabras fueron inequívocas sobre lo que detonó la medida: no fue el fondo del conflicto comercial, sino la forma en que Costa Rica decidió plantearlo ante la opinión pública.

Mulino explicó además que Costa Rica había solicitado mayor acceso a la energía panameña “producto de sus propias necesidades”, y que ya se habían sostenido reuniones entre autoridades de ambos países para tratar los planes de venta de energía.

«Dije al ministro que le manifestara al ICE que, por lo pronto, no hay venta de energía a Costa Rica. Así de sencillo», sentenció José Raúl Mulino.

El ICE reconoce la vulnerabilidad pero presume que “Costa Rica cuenta con recursos para atender demanda“

La reacción del Instituto Costarricense de Electricidad fue rápida y calibrada: descartó riesgo inmediato de racionamiento, aclaró que Costa Rica no tiene contratos firmes de compra de energía con Panamá y que no está importando electricidad de ese país ni proyecta hacerlo en lo que resta de 2026.

El ICE respaldó además el Tratado Marco del Mercado Eléctrico Regional que rige las transacciones entre los seis países centroamericanos.

Sin embargo, el comunicado dejó visible la paradoja estructural del sistema costarricense: Costa Rica generó en 2025 el 98,6% de su electricidad con fuentes renovables, un logro notable, pero más del 70% proviene de plantas hidroeléctricas cuya producción depende del agua. En años secos, el país recurre al Mercado Eléctrico Regional como amortiguador.

En 2024, Costa Rica importó 687,4 GWh de electricidad panameña. La suspensión no duele hoy, pero pone en evidencia una dependencia estacional que podría sentirse en meses de sequía, como el que se prevé para este 2026, ante un efecto por el fenómeno climático del Niño, según ya anunció el Instituto Meteorológico Nacional.

El saldo: una relación dañada innecesariamente

La disputa comercial con Panamá es legítima, los reclamos costarricenses tienen respaldo en una resolución de la OMC y los productores agropecuarios llevan años con pérdidas reales. Pero Mulino fue claro en que las relaciones internacionales “se basan en mucha prudencia” y que no es “a través de un púlpito, de una tarima, de una conferencia de prensa” como se resuelven estas fricciones entre naciones.

Costa Rica y Panamá comparten frontera, historia y una interdependencia energética y comercial que no desaparece por decreto. El canciller Manuel Tovar, con amplia experiencia en comercio exterior, ahora debe reparar en privado lo que una declaración pública innecesaria rompió en minutos.

La pregunta es si esta conducta de la presidenta Fernández continuará con todos los temas: populismo público que genera conflictos o negociación seria que resuelve problemas.