Esta mañana la Fiscalía Anticorrupción realizó 6 allanamientos en una investigación contra tres funcionarios que, presuntamente, alteraron informe para detener inversiones de la CCSS durante la gestión de Marta Esquivel.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), con el fin de recolectar prueba documental y digital, allanó tres casas y en tres oficinas de la CCSS, específicamente en los departamentos de Actuarial, Planificación y Telemática de esa institución.

La investigación se sigue en contra de tres funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), por el presunto delito de influencia en contra de la Hacienda Pública, porque se presume que condicionaron los informes, aprovechando su jerarquía, para que se mostraran datos que detuvieran las inversiones en infraestructura de la institución.

Como antecedente, es preciso recordar que durante la gestión de Marta Esquivel se insistió en que la institución estaba quebrada, tanto por parte del presidente Rodrigo Chaves como de la entonces presidenta ejecutiva de la institución. Con base en ese criterio, que terminó siendo falso, detuvieron varias inversiones fundamentales, como construcción de hospitales y Ebáis, entre otros.

La Fiscalía investiga concretamente a tres personas de apellidos Quesada Soto (asesor financiero de la presidencia ejecutiva), González Gaitán (directora actuarial) y Peraza Solano (directora de planificación).

El Ministerio Público “indaga si González, durante una reunión virtual, habría hecho una recomendación de cómo incluir información en un documento que se presentaría ante la Junta Directiva, en fecha 9 de marzo 2023”, informa un comunicado.

“Se sospecha que, aparte de esta persona, los otros dos investigados aprovecharon sus puestos para condicionar los resultados del “Informe Técnico sobre la actualización del portafolio estratégico institucional 2023-2032″. De esa manera, se presume que dicho informe correspondió a una segunda versión modificada del documento que, siete días antes, se había presentado a las gerencias y Presidencia Ejecutiva de la CCSS”, agrega la información enviada por la Fiscalía.

“Se presume que estas personas causaron una afectación al interés público, pues el informe manipulado concluía con un panorama de ingresos insuficientes, por lo que la Junta Directiva acordó la suspensión de proyectos incluidos en el portafolio de inversiones, relacionados con construcciones, compra de terrenos y donaciones, lo que afectaría a las personas usuarias de la institución”, amplía el comunicado del Ministerio Público.

En esta ocasión no se ordenó la detención de ningún sospechoso, pero las personas implicadas deberán presentarse para declaración. El caso corresponde al expediente 23-000101-1218-PE.

El Departamento de Prensa de la CCSS manifestó que sobre este asunto “la institución expresa su absoluto respeto por el trabajo que realizan las autoridades y brindará todas las facilidades y colaboraciones necesarias para el desarrollo de las diligencias judiciales”.

“Asimismo, se mantendrá vigilante para tomar las medidas administrativas que correspondan conforme avance el proceso y se esclarezcan los hechos, e informará oportunamente sobre lo que corresponda”, agrega el comunicado de la CCSS.