La Fiscalía General de la República presentó esta mañana, ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, una acusación con solicitud de levantamiento de fuero y apertura de juicio contra presidente Rodrigo Chaves y siete funcionarios miembros de los Supremos Poderes, por su presunta participación en delitos relacionados con financiamiento político ilícito.

Esta acusación surge de una investigación desde el año 22 que realizaron previamente el Tribunal Supremo de Elecciones y una comisión legislativa asignada con ese propósito. En el resultado de ambas investigaciones se identifican presuntos delitos electorales en el financiamiento de la campaña electoral que llevó a la presidencia a Rodrigo Chaves.

La Fiscalía decidió imputar al presidente de la República, Chaves Robles; el primer vicepresidente, Brunner Neibig; el canciller, André Tinoco; y los diputados Cisneros Gallo, Alpízar Loaiza, Nájera Abarca y Agüero Sanabria.

La acusación forma parte del expediente 22-000116-1218-PE y fue tramitada directamente por el fiscal general de la República, Carlo Díaz, “conforme lo establece la normativa vigente en casos que involucran a miembros de los Supremos Poderes con inmunidad constitucional”, según explica el Ministerio Público.

Según la pesquisa realizar por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, “se habrían utilizado dos estructuras paralelas para financiar la campaña electoral del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), en el período electoral 2022-2026”.

“Las estructuras identificadas fueron un fideicomiso privado y las cuentas bancarias personales de una mujer de apellido Agüero, quien enfrenta un proceso penal independiente en el expediente 22-000210-0276-PE”, informa la Fiscalía.

Para el Ministerio Público, las vías de financiamiento operaron al margen del control del Tribunal Supremo de Elecciones y de la Tesorería del partido político, tal como exige el Código Electoral. “Lo anterior, contraviniendo los principios de legalidad, transparencia y publicidad que rigen el financiamiento político en Costa Rica, afectando la integridad del proceso electoral”, aduce Fiscalía.

El Código Electoral establece que toda contribución a partidos políticos, candidaturas o precandidaturas debe ser realizada por personas físicas nacionales, plenamente identificadas, y canalizadas únicamente a través de los mecanismos oficiales del partido político.

“Según lo investigado, existen suficientes elementos de convicción para sostener, en el grado de probabilidad requerido en esta etapa procesal, que los imputados son autores de los delitos contemplados en los artículos 273, 274 inciso e), 275 inciso a) y b) del Código Electoral”, agrega la Fiscalía.

“Ahora, corresponde a la Corte Suprema de Justicia conocer la acusación y, de considerarlo procedente, solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero constitucional de los funcionarios imputados, como lo establece el procedimiento especial para el juzgamiento de miembros de los Supremos Poderes”, explica la institución del Poder Judicial.

Luz Mary Alpízar anuncia que renunciará a la inmunidad

La diputada Luz Mary Alpízar, diputada que se desligó del oficialismo y presidenta del Partido Progreso Social Democrático, anunció que renunciará a su inmunidad ante este proceso legal.

Adujo que son “los más interesados” en que se esclarezca en un juicio la situación del financiamiento presuntamente legal que manejó la campaña de Rodrigo Chaves.