Una campaña de desprestigio a la democracia costarricense se cierne ahora no solamente a nivel nacional, sino también de manera internacional, luego de que un congresista relacionado con el presidente Rodrigo Chaves emitiera una manifestación pública en una red social cuestionando procesos judiciales y electorales de este país y sus leyes.

El congresista republicano Mario Díaz-Balart, cubano americano de la Florida, visitó Casa Presidencial de Costa Rica meses atrás, pero en aquel momento no trascendió por qué razones o motivos de beneficio para el país. Sin embargo, hace unos días salió un texto en la red X, que parece calcado de un pronunciamiento en conferencia de Chaves Robles, donde manifiesta una supuesta preocupación por la democracia de Costa Rica.

La ignorancia del político estadounidense sobre el sistema electoral y las leyes de Costa Rica fue evidente en su texto, más como una manifestación de propaganda política a favor de Rodrigo Chaves y sus pretensiones de darle continuismo a su gobierno, pero cometiendo reiteradamente delitos de beligerancia política que, en todo caso, aún no han sido juzgados por la inmunidad que permite a Chaves mantener impunidad ante la ley, mientras tanto.

Todos los expresidentes vivos, ocho en total, de Costa Rica levantaron la voz mediante un comunicado que rechaza de manera contundente las apreciaciones del congresista y de otros personajes de la extrema derecha y del populismo latinoamericano, como el expresidente Iván Duque de Colombia, quienes hicieron eco de la supuesta “preocupación”.

Óscar Arias Sánchez -Premio Nobel de la Paz-, Rafael Ángel Calderón Fournier, José María Figueres Olsen, Abel Pacheco de la Espriella, Laura Chinchilla Miranda, Luis Guillermo Solís Rivera y Carlos Alvarado Quesada firmaron una manifestación pública donde le explican al mundo la realidad de los hechos.

Comunicado completo de los expresidentes

A la opinión pública internacional y en defensa de la democracia de Costa Rica:

En las últimas horas se han emitido manifestaciones por parte de personas extranjeras de alto rango político, cuestionando procedimientos constitucionales y decisiones de autoridades electorales de Costa Rica y por ende, poniendo en duda la solidez de la democracia de nuestro país. Si bien nosotros mismos hemos expresado preocupación por nuestra democracia ante los ataques sin precedentes contras las instituciones republicanas por parte de las autoridades del actual gobierno, las razones que preocupan a quienes se han manifestado desde el exterior, no son las correctas.

Ante ello, nosotros, Expresidentes de la República electos democráticamente por tres diferentes partidos políticos que hemos servido en ejercicio de la Presidencia desde 1986 hasta 2022 nos sentimos obligados a aclarar lo siguiente:

1. La Constitución Política de Costa Rica establece el deber de imparcialidad absoluta de las autoridades de gobierno en el proceso electoral. En el caso de los más altos cargos, como el Presidente de la República y sus ministros, su única participación electoral válida es el ejercicio del voto secreto el día de las elecciones (Artículo 95 inciso 3 constitucional y 146 del Código Electoral).
2. Esta limitación del margen de participación política a quienes ejercen el poder, al punto que ni siquiera se nos permite ostentar pertenencia a un partido político, es a la vez una garantía de libertad electoral de los ciudadanos con 98 años de tradición en el ordenamiento jurídico costarricense. Nos ha sido aplicada a todos los que hemos gobernado este país, sin excepción. Durante nuestros respectivos mandatos procuramos el respeto a la norma y los ciudadanos ejercieron el derecho de denunciar cualquier desvío que observaran de nuestra parte, ante lo cual las autoridades electorales siempre reaccionaron de manera diligente.
3. La entidad llamada a conducir el proceso electoral es el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) el cual tiene “el rango e independencia de los Poderes del Estado” (Artículo 9 Constitución Política) y constitucionalmente le corresponde “Interpretar en forma exclusiva y obligatoria las disposiciones constitucionales y legales referentes a la materia electoral” (Artículo 102 Constitución Política).
4. Ante diversas denuncias presentadas por violación al precepto de beligerancia política en contra del actual Presidente de La República, el TSE ha solicitado al Poder Legislativo, conforme lo establece el artículo 270 del Código Electoral, levantar el fuero de inmunidad para iniciar un proceso de investigación por parte de las autoridades electorales. Este procedimiento contempla garantías rigurosas que incluyen la posibilidad de descargo por parte del Sr. Presidente Chaves, y una votación calificada, evitando así su politización.
5. Costa Rica es la más antigua democracia ininterrumpida de América Latina y una de las pocas democracia plenas del mundo. La solidez, independencia y profesionalismo de sus instituciones electorales han sido reconocidas a nivel internacional de lo cual dan crédito los informes de las misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) que el país ha recibido de manera ininterrumpida desde 1962.
6. Por todo lo anterior hacemos un llamado a la comunidad internacional a no precipitarse emitiendo juicios a partir de versiones tendenciosas sobre nuestras autoridades electorales. Vivimos momentos en que las tensiones políticas por un proceso electoral que se avecina, se prestan para que algunos actores políticos locales que participan en la contienda, busquen provocar el desprestigio y desacreditación del proceso electoral.

San José, Costa Rica, 21 de noviembre de 2026.