La inmunidad evita que Rodrigo Chaves tenga que enfrentar denuncias judiciales, como cualquier otro costarricense sin corona.

De un total de 121 denuncias realizadas por diferentes actores, 42 continúan en investigación, pero no pueden avanzar por la inmunidad que le dio la presidenta Laura Fernández al nombrarlo como ministro de la Presidencia y de Hacienda, según datos hasta mayo de este año, cuando fue nombrado después de concluir su período presidencial.

De las 42 causas en proceso, 11 son por tráficos de influencias, 4 por abuso de autoridad, 4 por incumplimiento de deberes, 4 por prevaricado, 2 por legitimación de capitales, 2 por nombramientos ilegales, 2 por falsedad ideológica, así como 1 causa por los siguientes presuntos delitos: peculado, influencia contra la hacienda pública, contra el orden constitucional, instigación pública, penalidad del corruptor, coacción, amenaza a funcionario público, recepción de contribuciones ilegales, financiamiento partidario, desobediencia a la ley, traición, falsedad en recepción de bienes y amenaza a funcionario público.

Es decir, casi todos los delitos por corrupción que tiene el ordenamiento legal de Costa Rica.

Denuncias por delitos electorales

Además de las denuncias ante el Poder Judicial, el exmandatario recibió 18 denuncias por beligerancia política ante el Tribunal Supremo de Elecciones, como nunca había sucedido con ningún expresidente (entre todos no llegan ni a la mitad de las denuncias que tiene Chaves). De esas 18 denuncias, 7 permanecen en estudio, una está suspendida y la otra está en investigación preliminar. Las otras 9 fueron rechazadas, una de ellas ad portas.

Según ha explica el TSE, está en estudio si la inmunidad de Chaves lo protege contra denuncias electorales, porque de lo contrario sí sería juzgado por sus denuncias de beligerancia. En este caso, los magistrados y magistradas deberán emitir una resolución, según el Código Electoral y la legislación costarricense.

La inmunidad que representa impunidad

Los datos aportados por La Nación hoy indican que, además, hay dos denuncias que tienen recomendación para ser llevadas a los tribunales con una acusación formal, pero la Asamblea Legislativa en la legislatura anterior votó en contra de levantar la inmunidad al expresidente Chaves. Esas posibles acusaciones esperan el momento indicado.

La decisión legislativa de mantener con protección a Chaves se dio con la ayuda de un grupo de oportunistas del PUSC -que fueron expulsados del partido y ahora obtuvieron nombramientos en este Gobierno- y la fracción de Nueva República -que luego pagó su deuda evitando el cuórum para proteger a Fabricio Alvarado ante denuncias por presuntos abusos sexuales-. Diputados como Carlos Andrés Robles, María Marta Carballo -que incluso fue jefa de fracción-, Melina Ajoy, Horacio Alvarado y Leslye Bojorges terminaron traicionando a su propio partido para mantener la impunidad de Chaves Robles.

Según el cálculo revelado, un 36% de las denuncias contra Chaves siguen activas y la Fiscalía descartó el resto, un 63% de las denuncias fueron desestimadas por la misma Fiscalía General que el oficialismo vive criticando y atacando.