Ante absolutoria del asesino confeso del indígena Jerhy Rivera, que se confirmó en el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, la Defensoría de los Habitantes resiente que el principio de justicia pronta y cumplida para los pueblos indígenas sigue siendo una deuda del estado costarricense.

A pesar de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 2012, se han asesinado dos indígenas con impunidad, los casos de Sergio Rojas y de Jerhy Rivera.

En el segundo caso un juzgado de Pérez Zeledón dictó sobreseimiento, liberación de culpa, al asesino confeso de Rivera en la comunidad de Térraba. En este caso incluso el auto declarado homicida de Rivera confesó ante autoridades del actual Gobierno que él lo hizo en un evento público, donde incluso fue aplaudido por los espectadores. En el primer caso ni siquiera hubo sospechosos o implicados directos en el caso.

“Yo fui el que lo maté”, dice orgulloso el homicida del indígena Jerhy Rivera frente al Gobierno

La Defensoría de los Habitantes recordó lo manifestado por los pueblos indígenas con ocasión del “Foro de Acceso a la Justicia”, al referirse a la crítica situación de los derechos de los pueblos indígenas en Costa Rica, “denunciando la constante exclusión, invisibilización y discriminación, producto de las omisiones y actuaciones de las instituciones públicas“.

En su pronunciamiento la Defensoría subrayó esa manifestación con respecto al acceso a la justicia por parte de las comunidades indígenas, que definieron…

“… como un pendiente, pues del reconocimiento normativo a su ejercicio práctico, hay un largo camino de desconocimiento, omisiones e incumplimientos, siendo que el país debe avanzar con prontitud al reconocimiento pleno e integral de su derecho a la justicia, que pasa por la vigencia de los sistemas propios de regulación de sus asuntos internos, de acuerdo a sus cosmovisiones hasta la posibilidad de acudir a los sistemas nacionales de justicia administrativa y judicial, apropiada y adecuada a sus valores, costumbres y tradiciones”.

“Si bien dentro de la Subcomisión para el Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas se han emitido lineamientos y definido políticas institucionales para facilitar el “Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas” en el quehacer institucional, los pueblos indígenas continúan sintiéndose defraudados y reiterando su reclamo de años a las autoridades judiciales“, señala el pronunciamiento de la Defensoría.

Durante décadas, estos pueblos han alegado que la aplicación de las leyes es desigual, porque los jueces y autoridades judiciales son no indígenas que tienen prejuicios de discriminación, racismo y exclusión a las etnias indígenas.

En el caso de Rivera se había dado una condena inicial de 22 años que luego fue apelada por supuestos errores judiciales y en un segundo juicio se declaró la absolutoria.

Nuevo juicio por asesinato del indígena Jehry Rivera empezará con dudas sobre integridad del proceso judicial

Las resoluciones judiciales que liberan un asesino confeso decepcionan a estos pueblos que pierden credibilidad en el sistema y acuden en varias ocasiones a tomarse las ley por propias manos. La indignación crece y genera inestabilidad social.