Organizaciones que defienden los derechos de las comunidades indígenas, plantea serias dudas en la antesala del nuevo juicio en Pérez Zeledón por el asesinato del indígena Jehry Rivera, perpetrado en la comunidad de Térraba de Buenos Aires.

Después de que el mismo Luis Eduardo Varela Rojas confesara frente a autoridades del Gobierno Chaves Robles y se le diera la pena mínima, las organizaciones y defensores de los intereses indígenas dudas del proceso. En aquel momento, el pasado 1 de febrero del 2023, el Tribunal Penal de Pérez Zeledón dictaminó 22 años y 15 días de condena para Varela Rojas.

Después de esa condena, además, el juicio fue anulado el pasado 17 de julio de 2023 por supuesto mal manejo de la prueba, a pesar de que el presunto asesino había confesado. Eso generó incluso más dudas.

Del 19 al 23 de agosto 2024, en los Tribunales de Pérez Zeledón se realizará un nuevo juicio, donde se espera que haya una nueva condena para el presunto asesino, pero que además se castigue la premeditación o un agravamiento del asesinato, según defiende los defensores de la causa por la justicia a Rivera.

Según estos grupos, “Elides Rivera Navas, su tía materna, señala que Jerhy fue cruelmente ultrajado antes de recibir el disparo que acabó con su vida”.

“Muchos son los que están involucrados dentro de eso.  Si bien es cierto que uno fue el que disparó el arma como arma, pero lo cierto es que había muchos que lo golpearon, que lo patearon, le quebraron incluso la cabeza antes de morir del balazo. A él le deshacen tres dedos, se los muelen, ¿a pedradas? Podés ver el ensañamiento, podés ver el odio.  Todo lo que han dejado desbordar de malos sentimientos”, habría declarado Elides Rivera.

Uno de los hechos que más indignación ha causado, fue cómo ante la visita de autoridades de gobierno a una actividad en Buenos Aires el pasado 18 de agosto del 2022, el mismo Varela presumió ante los presentes haber matado a Rivera. En ese evento los presentes aplaudieron al perpetrador, ante el silencio de las autoridades gubernamentales presentes.

Los grupos organizados se cuestionan: “¿Por qué reina la impunidad ante los atropellos que viven las poblaciones indígenas? ¿Por qué los asesinos de Sergio Rojas se pasean tranquilamente por Salitre? ¿Por qué las denuncias por amenazas y agresiones de todo tipo no prosperan en las instituciones que le deben dar trámite?  ¿Por qué el Estado costarricense no cumple con las medidas cautelares “MC 321-12”,  en las que se definió que sus instituciones son las responsables de garantizar y resguardar la vida e integridad física de Pueblos Bröran de Térraba y Bribri de Salitre?”

Además, exigen “al Estado costarricense que cumpla sus compromisos: el Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Poblaciones Indígenas y Tribales de 1957;  la Ley Indígena 6172 de 1977; el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado por la Asamblea Legislativa en 1993;  la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, suscrita por Costa Rica desde el 2007”. 

Según estos grupos, apoyados también por las universidades públicas y ONGs nacionales e internacionales, “por su inacción, el Estado  costarricense  es responsable del asesinato de Sergio Rojas ocurrida en marzo del 2019 y del asesinato de Jerhy Rivera llevado a cabo en febrero del año siguiente”.

“Basta ya del racismo estructural del Estado costarricense y de la sociedad en su conjunto”, agregan en una petición que están impulsando.