Los desplantes y abusos de Rodrigo Chaves han provocado que se proponga una legislación para definir y aumentar los alcances de la beligerancia política en Costa Rica.

Con una reforma al artículo 146 del Código Electoral se pretende que pueda detenerse la beligerancia política de altos mandos del Poder Ejecutivo durante la campaña electoral.

El expediente N.º 24.837 pretende ampliar la lista de funcionarios de la Presidencia de la República cobijados por la prohibición de participar en política partidista, entre otras modificaciones.

Hoy, por ejemplo, el presidente Rodrigo Chaves vociferó en Pedregoso de Pérez Zeledón, con evidente sorna, que “todo Costa Rica es territorio jaguar y que no me metan con beligerancia política, porque ese es un hecho biológico comprobable: en toda Costa Rica hay jaguares”. Es evidente cómo pretende burlarse del tema de la beligerancia política y con una afirmación que, claramente, tiene doble sentido.

El diputado Gilberto Campos Cruz consideró necesaria la presentación de un proyecto de ley presume “preparar esa normativa para los nuevos tiempos y proteger a la democracia del populismo y el autoritarismo, proclive a utilizar el poder y los recursos públicos para tratar de inclinar a la opinión pública a apoyar a un partido político o una candidatura presidencial específica durante los comicios”, según un comunicado de Partido Liberal Progresista.

Campos criticó que la redacción actual del artículo a modificar “es insuficiente por difusa, por lo que se hace necesario clarificar qué es beligerancia política y a quiénes se aplica, por los abusos que se han cometido ya aprovechando la confusa definición de beligerancia política y quiénes están sujetos a sus prohibiciones”.

Según el diputado impulsar de la iniciativa, es necesario ampliar el alcance de las restricciones por beligerancia “porque la apertura de las definiciones actuales le permite a los altos funcionarios que laboran en la Casa Presidencial y a su personal de confianza un rango de operación muy amplio pues hoy beligerancia política es casi nada, según se ha desprendido de los fallos del Tribunal Supremo de Elecciones sobre casos de presunta beligerancia que ha tenido que resolver. Esto arriesga la democracia y los recursos públicos que todos los ciudadanos financiamos con nuestros impuestos”.

“El proyecto cierra portillos y reduce las posibilidades de que quien ocupe la Presidencia, las Vicepresidencias de la República, los cargos ministeriales alrededor de la Presidencia, sus jefes de Despacho y su personal de confianza, utilicen recursos públicos, personal a su cargo, insumos y otros elementos financiados con recursos públicos para meterse en las campañas electorales con el objetivo de hacerle barra al partido o al candidato o candidata oficialista que se postule para las elecciones presidenciales”, agregó el diputado liberal.

La propuesta fue sometida a la Comisión legislativa que analiza los cambios al Código Electoral, a la que pertenece el legislador. Según informó, este proyecto cuenta con el aporte de asesores especializados en Derecho Electoral, y que entre sus fundamentos de Derecho están fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha tenido que entrar a conocer demandas contra otros Estados latinoamericanos porque sus poderes ejecutivos irrespetaron los límites a la beligerancia política y utilizaron recursos públicos y personal del Estado para inclinar la balanza electoral en contra de quienes fueron candidatos a la Presidencia en partidos de oposición.

“Nuestra intención es dejar claramente definidos los alcances del concepto de beligerancia política en un contexto en el cual Costa Rica se enfrenta a los riesgos nunca antes vistos de la mano del populismo y, principalmente, debido a las acciones del Gobierno, que echando mano de recursos públicos para hacer una evidente y flagrante campaña electoral”, subraya Campos Cruz.

No vamos a permitir que en Costa Rica se viva lo que ya han experimentado en Venezuela o Nicaragua, donde el Poder Ejecutivo ha metido las manos en política electoral para inclinar la balanza en favor de los intereses autoritarios de esos Gobiernos. Hay que prever todos los riesgos a los que nos enfrentamos como democracia”, concluyó el diputado del PLP.