Autopistas del Sol deberá pagar multas ante fracaso de acción en la Sala Constitucional

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Autopistas del Sol deberá pagar multas, cuando corresponda, luego de que una acción de inconstitucionalidad de impulsó fue declarada finalmente sin lugar en el tribunal constitucional.

La empresa pretendía eliminar el artículo 50 de la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos, ley n.°7762, por considerar que carece de razonabilidad y proporcionalidad en el establecimiento de multas y sanciones para las empresas con concesiones del estado, como sucede con la ruta 27.

La Sala Constitucional determinó que “cuando se trata de actividades en las que el incumplimiento de las normas puede acarrear riesgos significativos para bienes jurídicos de primer orden, resulta razonable y proporcionado que el legislador establezca multas fijas de elevada cuantía”.

Autopistas del Sol S.A. alegó que el artículo permitió que se le impusiera “una sanción única, severa y anticipada sin sustento técnico, ni criterio de graduación conforme a la gravedad de la infracción”.

No obstante, el tribunal constitucional también encontró que no es cierto que “la imposición de la multa se produzca de forma inmediata o mecánica frente a la constatación de una infracción, pues se encuentra supeditada a la tramitación de un procedimiento administrativo previo con plenas garantías”, es decir, se da el debido proceso.

“Esta es una modalidad compleja de colaboración público-privada que permite dar mantenimiento o realizar la construcción de infraestructura pública, así como prestar los servicios asociados a las obras, debido a la importancia y complejidad de estos contratos, por lo que resulta necesario contar con mecanismos de supervisión reforzados y un régimen sancionatorio que garanticen la continuidad, calidad y seguridad de los servicios públicos concesionados”, argumenta la Sala Constitucional.

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Asimismo, afirma que valoró que “la sanción fijada cumple una función preventiva y disuasiva compatible con el principio de razonabilidad, en la medida en que responde a fines legítimos y no excede el límite de lo necesario y proporcionado en sentido estricto para garantizar el respeto a las obligaciones asumidas”.

“Además, el accionante no justificó en qué términos la multa fijada resultaría desproporcionada en atención a las cualidades del contrato, sus ganancias o el impacto financiero causado”, amplía la Sala.

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