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Miguel Guillén del PLN contrataca y exige que Chaves haga público acuerdo de coalición militar: “Costa Rica tiene derecho a saber qué compromisos se firmaron”

"Chaves pretende demoler las bases institucionales", señala secretario general del PLN ante los ataques al TSE
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El secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), Miguel Guillén, contraataca y exige que el presidente Rodrigo Chaves haga público acuerdo de coalición militar que se firmó el pasado 7 de marzo en Florida, Estados Unidos.

El jerarca del PLN ha insistido que esa firma asume compromisos que son inconstitucionales y que el secretismo no aplica para un tema que afecta directamente temas de seguridad para todo el país.

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Por eso exige que se haga público, “de manera íntegra y sin ambigüedades, el documento suscrito por el presidente Donald Trump y que, según lo ha manifestado públicamente el propio mandatario costarricense, fue respaldado por él en la reunión celebrada en Doral, Florida”.

Días atrás Rodrigo Chaves y la presidenta electa Laura Fernández emitieron un video donde atacaron personalmente a Guillén, con calificativos como obtuso (torpe) y expresiones como “nunca falta un borracho en una vela, nunca falta gente como Miguel Guillén”. Esa reacción se dio ante la presentación de una acción de inconstitucionalidad contra la firma de ese tratado que fue calificado como el presidente estadounidense, Donald Trump, como una “coalición militar”.

¿Por qué es importante que Chaves haga público acuerdo de coalición militar, según Guillén?

“En una democracia madura, ningún compromiso internacional que pueda tener implicaciones en materia de seguridad, defensa o cooperación militar puede mantenerse en la penumbra”, afirma Guillén en un comunicado hoy.

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Recordó que “Costa Rica posee una tradición institucional única en el mundo: la abolición del ejército en 1948 y la consagración constitucional de un modelo de seguridad civilista, sustentado en el derecho internacional, la diplomacia y la cooperación entre Estados. Precisamente por esa singularidad histórica, cualquier acto del Poder Ejecutivo que pueda comprometer al país en esquemas de seguridad hemisférica de naturaleza militar exige el máximo nivel de transparencia, deliberación pública y control democrático”.

Según el jerarca del PLN el pueblo tiene derecho a saber qué compromisos fueron asumidos por Chaves y el ministro de Seguridad, Mario Zamora, quien firmó la alianza en la que participan 12 países.

“Solo conociendo el contenido íntegro de ese documento podremos determinar si sus alcances son compatibles con la Constitución Política, con el artículo 12 que abolió el ejército, con los principios históricos de neutralidad activa de Costa Rica y con nuestra tradición diplomática de solución pacífica de los conflictos”, aduce Guillén.

“La falta de transparencia ha sido una constante preocupante de este gobierno. Por ello, esperamos que la presidenta del partido oficialista Laura Fernández Delgado, ahora que ha tomado distancia de la agrupación política que llevó al presidente al poder, contribuya a romper con esa práctica y ayude a que el país conozca la verdad sobre los compromisos asumidos”, añade Guillén.

“Lo que está en juego no es un simple documento diplomático. Está en juego la coherencia de Costa Rica con su propia historia republicana. A la luz de los discursos y anuncios realizados por autoridades estadounidenses en el contexto de esta iniciativa hemisférica contra los carteles, surge la preocupación legítima de que se pretenda introducir en Costa Rica una lógica de militarización de la seguridad que contraviene el espíritu civilista que ha distinguido al país durante más de siete décadas.

Por eso insistimos: el documento debe hacerse público. La transparencia no es una concesión del poder; es una obligación frente a la ciudadanía. Solo con plena claridad sobre lo firmado podrá el país debatir, con rigor y serenidad, si esas decisiones respetan o no los principios constitucionales y democráticos que han definido a Costa Rica ante el mundo”, concluye el secretario general de la segunda fuerza política en la Asamblea Legislativa en este momento.

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