La congestión vial le roba cada vez más tiempo a quienes circulan por las carreteras del país. Según el Índice de Competitividad Nacional (ICN) 2026, del CPC, el atraso promedio pasó de 29,4 a 34,6 minutos por kilómetro entre 2022 y 2025, un aumento del 17,5 %.
Las presas más pesadas se concentran en la Gran Área Metropolitana y en los cantones cercanos a los puertos de Caldera, Limón y Moín.
Además, la conectividad vial fue la tercera dimensión con mayor retroceso del índice, con una caída de 4,1 puntos. En consecuencia, el transporte se suma a los frenos de la competitividad cantonal.
El dato sale de uno de los siete indicadores con que el índice mide la congestión. Para construirlo, el Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC) usa información del Programa Estado de la Nación y de la plataforma Waze, por medio del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
“Pasamos más tiempo en el carro por cada kilómetro recorrido”, resumió Andrés Fernández, investigador y coordinador del índice. El aumento fue constante: 31,7 minutos en 2023, 32,6 en 2024 y 34,6 en 2025.
¿Cuánto cuesta ese tiempo perdido? El índice no lo traduce a dinero, pero cada minuto en una presa es un minuto menos de trabajo, de estudio o de descanso, y más combustible gastado.
Las presas tienen dirección
El mapa del índice muestra un patrón claro. “Los cantones que presentan los mayores niveles de congestionamiento vial, por supuesto que se concentran acá en la área metropolitana y algunos cercanos a los puertos, tanto Puerto Caldera como Limón y Moín en la región Caribe”, explicó Fernández.
En esos cantones, el atraso supera los 36,7 minutos por kilómetro. Por el contrario, buena parte de la zona sur registra menos de 26,7 minutos.
Sin embargo, el problema del transporte no es solo urbano. La conectividad vial, otra dimensión del índice, retrocedió 4,1 puntos y quedó como la tercera caída más fuerte de esta edición, solo detrás de las denuncias sobre la gestión municipal y la inversión educativa.
En conjunto, el pilar de infraestructura, que incluye carreteras y presas, restó 0,05 puntos al índice. Es un efecto pequeño en el promedio, pero confirma que el transporte no está ayudando a mejorar la competitividad.
Obras que no llegan
¿Por qué un problema de décadas, que antes ocupaba titulares y campañas, dejó de estar en la conversación nacional? Las cifras muestran que las presas empeoran, mientras las grandes obras avanzan lento o siguen atrasadas.
La obra vial más grande concluida en la GAM en los últimos años es la circunvalación norte, que cerró el anillo alrededor de San José en octubre de 2024. Esa obra avanzó con fuerza durante el gobierno de Carlos Alvarado (2018-2022), y la administración de Rodrigo Chaves terminó el último tramo.
En cambio, los intercambios de Taras y La Lima, en la entrada a Cartago, siguen sin terminar. La obra arrancó en diciembre de 2020 con un plazo de 28 meses, es decir, debía entregarse en abril de 2023. El último plazo venció el 31 de agosto de 2026, y el MOPT empezó a cobrar multas de US$20.000 diarios al consorcio constructor, sin una nueva fecha de entrega.
En Circunvalación, los pasos a desnivel en Hatillo avanzan por partes. El paso elevado entre Hatillo 7 y 8 se abrió en 2026 y eliminó los últimos semáforos de esa vía, pero otras obras en la zona todavía están en construcción.
El gobierno de Laura Fernández, por su parte, fijó como prioridades del MOPT el tren eléctrico, de 51 kilómetros entre Paraíso y Alajuela, y las carreteras a San Carlos, Barranca y San Ramón. Sin embargo, el tren depende de un préstamo de US$800 millones aún en trámite, y la ampliación a San Ramón espera desde hace más de 30 años.
El tren, además, ya acumula su propio atraso. En 2022 el proyecto estaba listo, con financiamiento que incluía recursos del Fondo Verde para el Clima. No obstante, el gobierno de Rodrigo Chaves lo dejó en pausa y presentó un proyecto nuevo hasta 2025, tres años después.
En la ruta 32, el Gobierno anunció US$100 millones para diez pasos a desnivel en lugar de las rotondas que proponía la administración anterior. “No queremos rotondas”, dijo la presidenta Fernández, quien atribuyó ese diseño a la “mala planificación” de gobiernos anteriores.
Mientras tanto, la congestión vial suma cada año más minutos perdidos en carretera. ¿Cuántos más hacen falta para que la movilidad vuelva a ser una prioridad nacional?
Para el CPC, la salida pasa por dos frentes. Por un lado, las políticas sectoriales de infraestructura vial, a cargo del Gobierno central. Por otro, la red vial cantonal, que depende de las municipalidades y forma parte de los 30 indicadores de gestión local del índice.
Los datos de congestión de cada cantón pueden consultarse en icn.cr.
