La Sala Constitucional condena a la CCSS por el gran retraso en el plan para construir el nuevo Hospital Geriátrico Blanco Cervantes

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La Sala Constitucional condena a la CCSS por el gran retraso que presentan los estudios de factibilidad para la construcción del nuevo Hospital Geriátrico Blanco Cervantes.

La Sala dio un plazo máximo de 2 meses para que se completen esos estudios, porque considera que los retrasos en la administración actual afectan los derechos fundamentales de las personas adultas mayores, según lo explica el magistrado Fernando Castillo Vïquez, quien curiosamente votó sin lugar el recurso, junto a la magistrada Anamari Garro.

Segén informó la Sala, el recurrente en este caso es un adulto mayor usuario del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, quien señala que “la suspensión del proyecto CCSS-0998, relacionado con la construcción de un nuevo hospital para personas adultas mayores compromete el derecho a la salud y vida de esa población, esto dada la obsolescencia de las instalaciones actuales”.

El recurso de amparo expone que el proyecto se inició en 2009 y “ha incluido la contratación de estudios preliminares de viabilidad, los cuales no han identificado obstáculos relevantes para su continuidad. Solicita se levante la suspensión y se continúe con el proceso de construcción de la obra”.

La orden es para la Caja Costarricense de Seguro Social, la Defensoría de los Habitantes, la Dirección General del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, y la Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, las que deben coordinar y ejecutar las acciones necesarias, dentro de sus respectivas competencias, para completar los estudios de factibilidad del proyecto.

De acuerdo con la resolución constitucional “esta decisión afecta de manera directa derechos esenciales como la salud, la igualdad y la dignidad de la población adulta mayor, al privarles del acceso a una infraestructura adecuada para la atención de sus necesidades”.

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Además, el tribunal “ha enfatizado en varias ocasiones que, en un Estado constitucional, social y democrático de derecho, no es aceptable justificar la ineficiente prestación de un servicio tan esencial como la salud bajo el argumento de limitaciones financieras o presupuestarias. Tal como se señaló anteriormente, la Constitución exige que este servicio se brinde de manera eficiente, eficaz, continua, regular y ágil, especialmente cuando se trata de garantizar los derechos de la población adulta mayor”.

De criterio distinto fueron los magistrados Castillo Víquez y Garro Vargas quienes salvaron el voto al declarar sin lugar el recurso, “argumentando que no corresponde a la Sala Constitucional analizar decisiones administrativas, como la suspensión del portafolio de inversiones de la CCSS, ya que dichas decisiones deben ser revisadas por las instancias legales correspondientes. Asimismo, señalaron que, en casos similares, la Sala ha reiterado que el recurso de amparo no está destinado a ejercer control de legalidad sobre actos administrativos”.

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