La Contraloría General de la República interpone también una consulta de constitucionalidad sobre la Ley Jaguar que el Gobierno quiere llevar a referendo, según una solicitud realizada ante el Tribunal Supremo de Elecciones.
La consulta de constitucionalidad es suscrita por la contralora Marta Acosta Zúñiga, para el proyecto de ley expediente n.° 24.364 denominada “Ley Jaguar para el desarrollo de Costa Rica”, tramitado ante el Tribunal Supremo de Elecciones en el expediente n.° 205-2024.
La CGR se basa en el artículo 96 de la Ley de Jurisdicción Constitucional que reza así:
“(…)Artículo 96- Por la vía de la consulta de constitucionalidad, la jurisdicción constitucional ejercerá la opinión consultiva previa sobre los proyectos legislativos e iniciativas de referéndum en cualquiera de sus modalidades, en los siguientes supuestos: (…)c) Cuando lo soliciten la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo de Elecciones o la Contraloría General de la República, si se tratare de proyectos de ley o de mociones incorporadas a ellos, en cuya tramitación, contenido o efectos estimaren como indebidamente ignorados, interpretados o aplicados los principios o normas relativos a su respectiva competencia constitucional.(…)”
Es decir, que la institución puede hacer la consulta y debe hacerlo antes de la recolección de firmas respectiva, según esa misma ley lo establece en el artículo 98.
También expresa la consulta, que la ley faculta a la Contraloría a hacer consulta “por el objeto propio de reforma del proyecto de ley en estudio, que involucra directamente sus competencias constitucionales”.
Además, indica que con esta consulta el proyecto no deberá ser sometido a aprobación en primer debate en la Asamblea Legislativa, en caso de ser admitida.
La Contraloría estima que los artículos del 2 al 9 de la Ley Jaguar son inconstitucionales.
Según la CGR, el primer impedimento es que la Ley de Referendo expresa que la materia de presupuesto no se puede someter a consulta ciudadana, pero la ley cuestionada lo hace al inhibir el control previo de la institución sobre la ejecución del presupuesto de la República, porque “de contener la iniciativa referencia a materias expresamente excluidas, esta sólo puede ser “accesoria o instrumental” lo que en el presente caso no se da porque al ser la aprobación presupuestaria un control previo y suprimirse éste, el impacto es frontal y directo, nunca tangencial -sic”.
“La presente iniciativa incumple con lo dispuesto en el citado artículo 105 de la
Constitución Política al ingresar en materias prohibidas para ser decididas vía referéndum, al eliminar por completo el control previo y con ello la aprobación presupuestaria, además de afectar la distribución de competencias constitucionalmente otorgadas a la Contraloría General de la República, lo que en ningún supuesto podría calificarse de accesorio”, defiende la Contraloría frente a la Sala.
Asimismo, la CGR considera que es inconstitucional porque le elimina potestades fundamentales en su accionar, que son protegidas por la Constitución Política del país. “Así, la pretendida reforma conlleva la eliminación de todos los controles previos que ejerce el Órgano Contralor, dentro de los cuales se encuentra la aprobación de los presupuestos de las municipalidades, entidades autónomas y en general del sector descentralizado, competencia que le fue asignada en los artículos 175 y 184 de la Constitución Política, así como en el numeral 18 de la LOCGR”, indica la consulta constitucional.
“Cabe mencionar que dicho modelo de aprobación presupuestaria, como control
previo, fue ideado por el constituyente originario como una forma de evitar la intromisión política del Poder Ejecutivo en el cumplimiento de los fines y objetivos encargados a esas entidades, con la participación de la CGR como un órgano técnico, independiente y de rango constitucional”, amplía el criterio contralor.
Limitar estas funciones de intervención previa de la CGR, según lo estableció el Constituyente, “se trata de un tema sobre el que no resulta viable constitucionalmente realizar un referéndum, pues trastoca parte del núcleo duro del sistema democrático de frenos y contra pesos establecido en la Carta Fundamental costarricense, siendo la Constitución Política en sí misma el límite para realizar el referéndum”, subraya la Contraloría en su consulta.
La consulta plantea también que el mismo Rodrigo Facio Brenes, Constituyente del 4 planteó que en materia presupuestaria el Órgano Contralor será el freno y contrapeso del Ejecutivo, porque como ya había establecido la misma Sala Constitucional: “lo que podría hacer el legislador común y, en consecuencia, también el ciudadano vía referéndum-reforma legal-, es ampliar, potenciar, extender las competencias constitucionales de control de la Hacienda Pública; pues, de la sentencia supra transcrita, se puede concluir que existe una protección constitucional del control de la Hacienda Pública y un principio de no regresión a nivel legal en funciones de control, esto por ser parte fundamental del diseño de Estado democrático que planteó el Constituyente de 1949”.
La CGR se basa en que “(…) el sistema de fiscalización contenido en la Constitución Política y desarrollado por el legislador va más allá del “control de legalidad”, pues se trata de garantizar la adecuada administración de los fondos públicos. La función de vigilancia tiene como fundamento el derecho de los ciudadanos de evaluar cómo se están administrando los recursos públicos que han sido confiados al Estado. (…) Evidentemente, tratándose de fondos públicos no debe existir límite alguno a ese “cuidado y atención exacta”. Todo lo contrario, una vez otorgada la potestad de vigilancia ésta ha de entenderse en el más amplio sentido de la palabra, excepto disposición contraria al respecto y debe potenciarse su efectividad a través de mecanismos que aseguren su cumplimiento.(…)”, según la sentencia n.° 6611-2007 de la Sala Constitucional.
“La Sala Constitucional establece que el sistema de fiscalización contenido en la Constitución Política y desarrollado por el legislador va más allá del control de legalidad, pues se trata de garantizar la adecuada administración de los recursos públicos. Es decir, la efectiva vigilancia de los recursos públicos, no puede limitarse a un control de legalidad, por lo que se impone la necesidad del control de eficiencia que en todo caso
también ha sido reconocido por la jurisprudencia de la Sala Constitucional”, agrega la consulta constitucional.
Ahora bien, el documento establece que, en efecto, la Ley Jaguar pretende “mermar las atribuciones de la CGR, sin duda alguna, tendrá como consecuencia inmediata una reducción importante de servicios, insumos y productos que son necesarios para el control político de la Asamblea Legislativa -sic”.
La CGR reitera lo que ya ha dicho en anteriores comunicados: en la propuesta de reforma se le cercena a la Contraloría la posibilidad de adoptar acciones de fiscalización típicas, naturales y necesarias para un efectivo control de eficiencia, como lo son las acciones preventivas y correctivas en términos de advertencias, recomendaciones, prevenciones, órdenes, instrucciones y recordatorios, con los que oportuna y efectivamente se pueda evitar que se den o continúen despilfarros, irregularidades y usos ineficientes de los recursos públicos”.
Mediante una amplia explicación y con casos como uno de la Terminal de Contenedores de Moín, la consulta busca comprobar que ciertamente se le merman las funciones de control en todas las materias, pero particularmente en materia presupuestaria: “al pretender eliminar la competencia normativa de la Contraloría General de la República se está anulando una herramienta fundamental para que se pueda orientar el buen uso de los fondos públicos mediante la emisión de normativa, disposiciones u órdenes, esto en beneficio de la Hacienda Pública y en cumplimiento de la función constitucional, así como en beneficio de la ciudadanía”, plantea la consulta.
La institución también defiende su potestad para interpretar la legislación de acuerdo con el sistema estatal que es complejo. “En otras palabras, limitar la interpretación, en el fondo es restringir la aplicación del Derecho, y ningún órgano o ente público podría funcionar sin aplicar el sistema jurídico correspondiente”, agrega el recurso.
Adicionalmente, la consulta plantea que “otro principio constitucional que se afecta con la reforma que se pretende es el de eficacia y eficiencia en la función administrativa -sic-“, porque en la Ley Jaguar “se eliminan en su totalidad los controles previos y la mayoría de controles posteriores -sic-“.
También la consulta cuestiona la reforma del artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública y el numeral 5 bis de la Ley Orgánica de JAPDEVA, que establece la Ley Jaguar, porque plantea varios riesgos significativos que eliminan el proceso que, en pocas palabras, abre puertas a una eventual corrupción a la hora de procesar los contratos para construcción y otros servicios de la famosa marina.





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