La Contraloría desmiente al Gobierno sobre su más reciente ataque a ese órgano fiscalizador, cuando afirma que la institución “no ha emitido ningún criterio específico ni producto de fiscalización sobre el proyecto mencionado”.

Sobre el “Proyecto de construcción de la marina y terminal de cruceros de Limón”, la Contraloría tuvo que salir al paso para aclarar que un comunicado y las manifestaciones del presidente Rodrigo Chaves en Limón, son tergiversaciones de lo que en realidad sucede al respecto y la función de esta institución fiscalizadora.

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La institución informó que “se recibió una denuncia presentada por particulares contra esa entidad por la emisión del Reglamento de Alianzas Estratégicas, argumentando que dicho instrumento violenta las normas de contratación pública al crear nuevas excepciones a las legalmente establecidas”.

Sin embargo, la Contraloría no ha emitido resolución alguna, aunque el Gobierno comunicó que la entidad pone “trabas” para el desarrollo de Limón al realizar una “interpretación” del reglamento mencionado.

Según la administración Chaves Robles, “pese a que JAPDEVA posee una ley que faculta realizar alianzas estratégicas y que ha cumplido con todos los requisitos solicitados, la Contraloría objeta que el reglamento de esta ley faculte a JAPDEVA a desarrollar esta obra. Esto, en contraposición a lo que autoriza la Ley No. 9764 del 15 de octubre del 2019 que transforma y fortalece JAPDEVA con nuevas formas de generación de negocios para su sostenibilidad económica y financiera, entre ellas, las alianzas estratégicas”.

No obstante, la Contraloría informa que “sobre el reglamento y sin referirse a ningún proyecto particular, se emiten los oficios Nro. 12176 (DFOE-DEC-2218) del 8 de septiembre de 2023 y Nro. 05668 (DFOE-DEC-2717) del pasado 22 de marzo”.

“Las acciones o la aplicación del reglamento citado son responsabilidad de JAPDEVA, reiterando que el “proyecto de construcción de la marina y terminal de cruceros de Limón” no ha sido objeto de análisis en la gestión de la denuncia mencionada y, por lo tanto, no es la Contraloría General de la República la responsable de las decisiones que haya tomado al respecto las autoridades correspondientes de gestionar dichos proyectos”, agrega mediante un comunicado la CGR.

En los oficios, según el órgano contralor, se emiten una serie de recomendaciones y recuerdos a Japdeva sobre sus deberes dentro del marco legal, según se enuncia a continuación:

• Su obligación de regular reglamentariamente y recurrir a la figura de alianzas estratégicas conforme los límites establecidos por el ordenamiento, de tal forma que no podrá ser utilizada para suplir infraestructura, conforme las mismas normas que autorizan la excepción de alianzas estratégicas, y el marco normativo preexistente en cuanto a concesiones y alianzas público privadas.
• Su obligación de valorar la procedencia de recurrir a cualquier figura habilitada para efectos de suplir bienes, servicios y servicios de construcción; conforme el principio constitucional de licitación.
• Su obligación de velar porque las alianzas estratégicas y las alianzas público privadas sean siempre utilizadas dentro de los alcances de nuestro marco normativo.
• Que la procedencia una alianza estratégica, como una opción para la Administración no exime de observar los sistemas de contratación pública y control interno.