De largo parecía, pero de ser no hay duda: la Contraloría indica que el AyA ha carecido de eficacia y eficiencia en la ejecución de una inversión en infraestructura cercana a los ₡801 mil millones. Es decir, ₡801.000 millones.

Un estudio de órgano contralor exhibe el pésimo desempeño de la institución desde enero del año 2019 hasta diciembre del año anterior en el rubro de la ejecución de obra pública para mejorar sus capacidades de brindar agua potable y mejor servicio de alcantarillado.

Según el estudio, los planes de inversión vigentes ascienden a más de ₡801 mil millones, una cantidad enorme de recursos que se manejan de manera ineficiente.

“El informe concluye que el AyA no ha sido eficaz ni eficiente en la gestión de este portafolio de proyectos, limitando la atención de la necesidad pública con la oportunidad requerida -sic”, comunica la Contraloría hoy.

Sin embargo, los retrasos más visibles se acumulan en los últimos años. En estos momentos, de acuerdo con el informe concluido el pasado 12 de abril, se ha llegado a un 57% de retraso en obras que debían finalizarse en enero 2024, lo que afecta “a 2.8 millones de personas en todo el país”.

Ese enorme retraso provoca afectaciones importantes como construcción de alcantarillados sanitarios, eliminación del déficit actual de agua potable, entre otros.

Por ejemplo, a pesar de que la época lluviosa ya empezó, aún comunidades de Tibás, Hatillo, Moravia y otras siguen padeciendo racionamientos de agua potable, cuando no sucedían así en los años anteriores. El asunto se agravó después de haber descubierto una fuente contaminada con hidrocarburos a finales de enero pasado; desde entonces el servicio ya no es regular y eficiente en esas comunidades.

El daño más sensible de la negligencia del AyA se da principalmente en comunidades vulnerables. “Únicamente el 1,6% de los distritos con mayor condición de vulnerabilidad del país tienen inversiones programadas en saneamiento y solo el 16,7% en agua potable. (Índice de Desarrollo Social 2023)”, revela el informe contralor.

La Contraloría encontró también un “diseño y gestión incipiente del portafolio, que dificulta la resolución de problemáticas apremiantes, las cuales permitirían atender los retos asociados por ejemplo a desigualdad en el acceso a servicios de agua potable y saneamiento, conflictos sociales por el uso del agua, entre otros -sic-“.

La fragilidad financiera del AyA es evidente, porque -según el reporte- “se proyecta insostenibilidad financiera ante la falta de reconocimiento de los costos de inversión en las tarifas que sostienen los servicios”. Es decir, la ausencia de inversiones afecta las tarifas hacia lo bajo, de manera que la institución no puede recuperar las inversiones ni crear nuevas inversiones a futuro.

También las “deficiencias en la gestión de la información afectan la administración del tiempo, costo y alcance del portafolio” se indican como otro problema descubierto por el estudio. Esas deficiencias crean enorme discrepancias en los datos que podrían provocar grandes pérdidas financieras y generan una situación de inestabilidad.

“Se encontraron discrepancias importantes en datos registrados para proyectos de 3 y hasta 6 años; y las diferencias totales en los costos reales reportados ascendieron a ₡103 mil millones para agua potable y ₡137 mil millones para saneamiento -sic-“, revela la auditoría.

La Contraloría recuerda que “entre las competencias del AyA, se encuentra garantizar el abastecimiento de agua potable y el saneamiento de aguas residuales, para atender las necesidades actuales y futuras del país y se impulse el desarrollo sostenible con mejores condiciones sociales, económicas y de salud para la población -sic-“.

Revise el informe completo aquí.

Otro informe reciente dio a conocer que el Instituto Costarricense de Electricidad tiene deficientes controles o acciones para la prevención de la corrupción en la institución.