Casi un 75% de los costarricenses reprueban el consumo de Cannabis de manera recreativa, según el estudio “Desafíos de la legalización del cannabis con fines recreativos – Proyecto de Ley Expediente 23.383”, realizado por un equipo de la Escuela de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

Sin embargo, la población acepta el uso de la Cannabis para usos usos médicos (64,3%) y científicos (61,1%).

No extraña que con esos números de desaprobación, el presidente Rodrigo Chaves haya desistido de apoyar la ley que impulsaría su legalización, algo que evidentemente él siempre aprobó, pero que luego dejó de lado por impopular.

La ley fue presentada en octubre de 2022 por el gobierno actual y busca regular el cultivo, producción y consumo de cannabis psicoactivo en adultos, con controles estatales para reducir el mercado ilegal. No obstante, fue prácticamente abandonada por el oficialismo y solamente el Frente Amplio terminó apoyándola, en conjunto con algunos otros diputados no oficialistas.

Sin embargo, el consumo de cannabis en Costa Rica creció 2,2% en siete años, pese a la prohibición que existe en la ley costarricense.

Según los datos obtenidos por el estudio, el 19,9% de la población ha consumido esta sustancia alguna vez en la vida y el 4,4% lo hizo en el último mes, lo que habla de 2 de cada 10 ticos que la han consumido, posiblemente parte de ese 25% que no tiene problemas con su legalización.

Los datos tomados entre 2015 y 2022 no incluyen un aumento de consumo actual, pero reflejan una tendencia al crecimiento.

El 73,7% de los decomisos de Cannabis en Costa Rica corresponden a cantidades mínimas de entre 0,01 y 1 gramo, lo que refleja que impera más el consumo humano que le tráfico de la hierba.

El análisis de los datos muestra que la criminalización afecta principalmente a personas consumidoras, mientras que el mercado ilegal sigue activo y en crecimiento, lo que obliga a repensar las políticas públicas desde un enfoque de salud y derechos humanos”, afirmó el profesor e investigador Roberto Salas Sánchez, realizador de la investigación en la UNED.

La encargada de la Carrera de Ciencias Policiales de la UNED, Karen Jiménez Morales, subrayó la importancia de promover un debate nacional informado, sustentado en evidencia científica y alejado de estereotipos o valoraciones subjetivas, incorporando el análisis de las experiencias de países que han regulado el consumo de marihuana.

Jiménez agregó que la regulación no garantiza una disminución de la violencia (debido a la persistencia del tráfico de otras drogas); sin embargo, sí permite generar nuevos ingresos al Estado, que podrían destinarse al fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender las secuelas de las adicciones, la violencia, la salud pública, así como al incremento de recursos policiales orientados a la prevención y represión del crimen organizado.

Otros hallazgos relevantes

• En 2023, las ONG autorizadas por el IAFA atendieron a 2.705 personas por consumo problemático de sustancias; solo el 9,6% correspondió a cannabis, frente al 45% relacionado con alcohol.

• El sistema de emergencias 911 registró más de 2.000 llamadas mensuales vinculadas a incidentes por drogas, lo que equivale a un promedio de 74 reportes diarios.

• La encuesta nacional de población de secundaria (2021) mostró una incidencia anual de consumo de cannabis de 2,9%, con mayor prevalencia en hombres y en estudiantes de grados superiores, alcanzando un 8,8% en duodécimo año.
• Además, el sistema de emergencias 911 registra más de 2.000 llamadas mensuales vinculadas a drogas, un promedio de 74 reportes diarios.