Por Gustavo Adolfo Araya* | Lo que sucede con el Ministerio de Justicia y la Fiscalía: nada es casualidad y queda en evidencia el plan.

Primero los antecedentes: Resulta que el hermano del ministro de Justicia trabajaba como fiscal. Su jefe, el Fiscal General, le abrió causas disciplinarias porque incumplió reglas básicas: participó en política activa estando prohibido, se cambió de trabajo sin el permiso que la ley exige, y mintió diciendo que sí tenía ese permiso cuando no era cierto. Eso no lo dice un enemigo político. Lo dice el expediente disciplinario. Son hechos, no interpretaciones.

Ahora bie, ese fiscal renunció hace catorce meses quejándose de persecución. Ahora resulta que el ICE le dio un puesto de 4,2 millones de salario. Y su hermano, ya convertido en ministro, fue personalmente a denunciar al Fiscal General que le abrió esas causas disciplinarias, junto con otros 33 fiscales. Y cuando estuvo cara a cara con él, le admitió que la denuncia es personal.

¿Qué se puede estar fraguando por parte del chavismo? Usar el poder del Estado para vengarse del funcionario que hizo su trabajo como Fiscal General, justo en el momento en que ese mismo gobierno está decidiendo quién va a ser el próximo Fiscal General. Aquí no hay persecución contra el hermano del ministro. ¿No es más bien protección de la familia Aguilar usando recursos públicos, mientras se desgasta al hombre que tiene la llave de su propia sucesión?

Aquí lo importante no es que el chavismo actúe ilegalmente por descuido. Sino que se trata de su método, el cual consiste en presentar como normal lo que la ley prohíbe, apostando a que la mayoría de la gente no va a verificar la letra pequeña.

a) El hermano del ministro se cambió de trabajo sin pedir el permiso que la ley exige. No fue un olvido. Fue calcular que nadie lo iba a revisar.

b) El decreto del año carcelario de 360 días, el primero que firmó este gobierno, tenía un problema constitucional desde el día uno porque solo el Congreso puede tocar esa materia, no un decreto. Lo sabían. Lo hicieron igual.

c) El bloqueo de los magistrados suplentes de la Sala Constitucional lleva meses sin que el PPSO dé ninguna razón válida para rechazarlos. La propia Corte ya les dijo, dos veces, que no hay motivo objetivo. Siguen bloqueando.

d) La ley que presentaron para que un policía esté siempre en “legítima defensa” cuando dispara su arma viola un principio básico: en este país, los hechos se prueban, no se presumen a favor de nadie.

Esto solo para poner algunos ejemplos.

El patrón se repite porque la ilegalidad no es el fracaso del plan. Es el plan. Cada vez que algo se las anula por inconstitucional, ellos no dicen “nos equivocamos”. Dicen “los jueces no nos dejan trabajar”. Convierten su propio error en la prueba de que el sistema está en su contra. Eso les sirve más que cumplir la ley, porque cumplir la ley no produce un enemigo al que culpar. Violarla, sí.

En resumen: No rompen la ley porque no sepan cuál es. La rompen porque romperla, y después culpar a quien supuestamente los detiene, es exactamente el negocio político en el que están. El caso del hermano del ministro no es la excepción a ese patrón. Es la versión más pequeña y más fácil de entender de exactamente lo mismo que hacen con la Constitución entera.

*Politólogo, especialista en comunicación política.