La Defensoría constató tratos inhumanos a las personas de Asia que llegaron deportadas al Aeropuerto Juan Santamaría de San José. (Imagen solo con fines ilustrativos).

A las personas que llegaron al país, obligadas por una deportación inhumana que impulsa el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se les entregaron insumos básicos de aseo para niñas y niños, alimentos (botella de agua, emparedado, manzana y repostería), leche en fórmula, toallas sanitarias, así como libros de pintar y crayones. Además, los buses contaban con servicio sanitario y aire acondicionado.

Sin embargo, una observación activa de la Defensoría de los Habitantes encontró bebés en brazos, niños y niñas, mujeres, personas adultas mayores, “quienes transmitieron llamados de ayuda, especialmente para poder informar a sus familias donde se encontraban y, evidenciaban y expresaban su angustia“, según información de esa institución.

La institución costarricense reveló además que no se dispuso en el aeropuerto “de un lugar adecuado para su llegada y permanencia hasta su traslado al CATEM-Sur, considerando que se trató de un número elevado de personas. A partir del aterrizaje de la aeronave (más de cuatro horas de vuelo) inmediatamente fueron trasladados a los autobuses para un nuevo viaje, ahora terrestre, de aproximadamente seis/siete horas hacia el CATEM-Sur. Era mandatorio garantizar el acceso a la información al primer momento de haber pisado suelo nacional. Esta primera medida tuvo impacto en diferentes aspectos que a continuación se detallan”, detalle un comunicado oficial de la Defensoría.

Según relataron las personas al llegar, no sabían a qué país iban a llegar, así como tampoco los procedimientos migratorios que se aplicarían, lugar y tiempo aproximado de traslado.

Por lo anterior “pedían ejercer su derecho de comunicación con sus familiares y solicitaban apoyo para lograrlo“, lo que evidentemente “incrementó la angustia y la incertidumbre de estas personas”.

Además, “la traducción fue limitada en la amplitud de idiomas de las personas deportadas. La intervención de las personas traductoras fue para transmitir un mensaje inicial muy básico, sin abordar las necesidades o el llamado propio de las personas deportadas“, informó la Defensoría.

Como si se tratara de trata de personas, la Defensoría dio a conocer que los entrevistados por esa entidad, “manifestaron haber sido despojados de sus documentos de identidad, sus pasaportes, lo cual limitó poder verificar el vínculo familiar“.

Entre las entidades que se hicieron presentes en el lugar estuvo la Cruz Roja, el PANI, el MAG, el Ministerio de Hacienda, así como Fuerza Pública, UEI, Policía Turística y la Policía Profesional de Migración, cuerpo responsable del operativo efectuado.

“No obstante subrayar que, su sola presencia no fue suficiente, dado que tratándose del PANI, su intervención no fue coordinada para realizar un abordaje integral de la población menor de edad en el aeropuerto”, agrega la Defensoría.

También se denunció “proceso injusto” para los menores de edad, niños y niñas, que se estima en unos 50, llegaron al país de manera obligada por el gobierno estadounidense.

“Luego de un transporte aéreo de más de cuatro horas, fueron trasladadas en forma inmediata a un segundo medio de transporte. Agregar que sus madres manifestaron que tenían horas sin haber podido dormir adecuadamente, a su ingreso a los autobuses mostraban gran apetito. Costa Rica ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño, por lo que es mandatorio garantizar que el interés superior del niño sea garantizado”, revela el órgano vigilante de derechos humanos en Costa Rica.

“A pesar de que había un número alto de mujeres, en su mayoría madres de familia, el INAMU no estaba presente. Tampoco estuvo presente el CONAPAM, “pese a la presencia de personas adultas mayores con dificultad para trasladarse y que también requerían de un abordaje especial”, se denuncia.

“Era urgente que, a su llegada al territorio nacional, se verificara que estas personas recibieran una valoración médica que permita identificar si tenían alguna necesidad de salud o si requieren de alguna intervención para resguardar su vida, por ejemplo, acceso a medicamentos tratándose de patologías crónicas. Es decir, no hubo una atención prioritaria individualizada para cada una de las personas que identificara requerimientos médicos particulares. Algunos hombres mostraron las marcas en varias partes de su cuerpo e indicaron ser producto del uso de esposas en el viaje aéreo“, explica el extenso informe que aportó la Defensoría hoy.

“Se observó que algunas de las personas requerían una atención de contención, no obstante, no hubo primeros auxilios psicológicos. No se contaba con personal médico en cada una de las unidades de buses dispuestas para su traslado al CATEM-Sur”, agrega el informe.

Los expertos de la Defensoría de los Habitantes dieron a conocer que algunas personas imploraron por no se devueltas a sus países, por la situación de conflicto que enfrentan esos países.

Esa situación atenta contra el “Principio de No Devolución, regulado en la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951″ y que establece “la protección de los bienes jurídicos de la vida, la libertad, la integridad y seguridad de las personas extranjeras, precisamente, por ese deber que tienen los Estados de tomar todas las medidas necesarias para proteger esos bienes jurídicos, independientemente de la nacionalidad o condición migratoria de la persona extranjera. Por tanto, es mandatorio verificar que, al regresar a sus países de origen, ninguna de estas personas será sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

Según la Defensoría “Costa Rica no se puede alejar de una tradición histórica de respeto a los Derechos Humanos y de ayuda humanitaria, ni puede desconocer los compromisos internacionales que ha asumido en esta materia, a pesar del interés político que pueda motivar a la implementación de acuerdos de cooperación migratoria con otros países de la región”.

La Defensoría de los Habitantes continua presente realizando visitas al CATEM-Sur y reiterando al Estado Costarricense la obligatoriedad de garantizar derechos fundamentales, de estas personas deportadas.