La diputada chavista Cindy Murillo, originaria de Tilarán de Guanacaste, impulsó y votó un proyecto de ley que la beneficia tanto a ella como a su familia, lo que no solamente es sería un delito, sino además una falta ética y de corrupción muy grave por conflicto de interés.

El proyecto de ley, que obtuvo el apoyo de otras bancadas, creó el Área Silvestre Protegida Paisaje Natural Espejo de Agua Embalse Arenal, con el propósito de que unas 700 familias que tienen desarrollos turísticos en el entorno del lago, tengan seguridad jurídica, porque según la ley deben respetar una franja de 50 metros desde la orilla del lago, pero muchas propiedades no lo hacen. Durante más de 10 años estuvieron laborando al margen de la ley.

Resulta que tanto la diputada, como su familia, tienen propiedades y empresas turísticas operando junto al lago Arenal. Según reveló el periódico La Voz de Guanacaste, Murillo es dueña de la Finca 134134 ubicada en Tilarán, al pie del Lago Arenal, con coordenadas de ubicación 437500.0 – 1164617.0, según consta en el Registro Nacional de Propiedad de Costa Rica. Ahí, en ese predio, se ubica el hotel y restaurante Tinajas Arenal Lakefront Lodge. Este es un terreno de 1.916 metros cuadrados.

Foto del hotel familiar:

Además, hay otra propiedad cercana al negocio familiar, de 474 metros cuadrados, con el número de finca 134134, cuya propietaria es la diputada oficialista Cindy Murillo Artavia, en solitario.

La diputada Murillo, según La Nación, celebró la aprobación del proyecto y se jactó de ser ella “quien pidió directamente a la presidenta Laura Fernández dar el último impulso a este proyecto y aseguró que lo hizo como un pago a la deuda histórica con comunidades del Viejo Arenal, desplazadas para el llenado del Lago Arenal”.

En el plenario defendió públicamente el proyecto, como “una deuda histórica”:

De acuerdo con la información existe una certificación literal del Registro Nacional donde consta que la sociedad Jhasu de Arenal S. A. tiene como miembros de su junta directiva a Simón Murillo Marín, padre de la diputada Cindy Murillo, como presidente de la junta directiva de la sociedad, y a Xinia Artavia Conejo, madre de la legisladora, como secretaria de la junta de esa misma sociedad. La diputada Murillo Artavia, además, aparece como tesorera de la sociedad, mientras que una hermana figura como la fiscal. La sociedad fue inscrita ante el Registro Nacional de Personas Jurídicas el 20 de marzo de 2018.

“Hoy también estamos saldando una deuda histórica con las familias de Viejo Arenal y parte de Tronadora, pueblos que hace 50 años fueron sacrificados para construir el embalse, que hoy genera energía hidroeléctrica para el país”, escribió la diputada.

Murillo es la misma diputada que, en medio de la campaña política, consideró a Rodrigo Chaves como un redentor, un moisés que “vino a sacar a este pueblo de la esclavitud contra todos esos faraones”. Vea usted mismo el video:

Nogui Acosta no ve nada de malo

La nueva ley N° 22.981, fue impulsada por el Poder Ejecutivo y respaldado por cámaras empresariales y de turismo, así como por las municipalidades de Tilarán y San Carlos. Nogui Acosta dijo ayer a La Nación que Murillo tenía esa propiedad muchísimo antes de que se hubiese pensado siquiera en el proyecto de ley.

“Es una responsabilidad que no le competía; el hecho de formar parte de una sociedad no significa que ella tenga acciones, y creo que ella tendrá la posibilidad de dar las explicaciones que corresponde”, dijo el vocero del partido de gobierno.

“No veo absolutamente nada malo en esa votación”, dijo Nogui Acosta.

Tanto la ley anticorrupción como el Reglamento de la Asamblea Legislativa tienen normas establecidas para los casos en que los diputados están frente a un posible conflicto de interés en el ejercicio de sus cargos.

“Me parece que es una responsabilidad individual de los diputados y creo que ella no está recibiendo ningún tipo de beneficio por esa votación“, agregó Nogui Acosta.

También la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, dijo no ver nada de malo, pero que lo conversaría para conocer mejor el caso. “Sin embargo, también voy a conversarlo con ella, para que ella me cuente, pero no creo que ella tuviera algún tipo de subintención con su voto”, dijo al medio.

Conflicto de interés en silencio

El artículo 105 del Reglamento de la Asamblea Legislativa establece que un congresista puede excusarse de dar su voto sobre un asunto, y se le permite retirarse del recinto, cuando considere que el asunto en discusión puede “otorgar de forma directa un beneficio para sí mismo, para su cónyuge, compañero, compañera, sus parientes incluso hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, o para las empresas en las que él o ella posea participación accionaria”.

No obstante, la diputada Murillo no se excusó, sino que más bien celebró y presumió haber impulsado el proyecto, sin hacer transparente el conflicto de interés. Los conflictos de interés de los diputados están regulados en la normativa interna de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, dio a conocer el medio La Voz de Guanacaste.

“En caso de existir un actual o potencial conflicto de intereses, el diputado o diputada deberá comunicarlo por escrito al órgano legislativo correspondiente en el plazo de 5 días hábiles siguientes a que tenga conocimiento de los hechos y abstenerse de participar en las votaciones correspondientes”, se indica en el Artículo 3.

Este caso de presunta corrupción tendrá, sin duda, expresión en el plenario legislativo de hoy, donde el oficialismo tratará de defender la posición de Murillo, quien posiblemente reitere el criterio de que no hubo mala intención, aunque nadie deja pasar de lago un hecho tan claro como que la familia tiene un negocio donde habrá beneficio de una ley.

A pesar de ello, la bancada del Frente Amplio (FA) advirtió que la iniciativa podría ser inconstitucional, regresiva en materia ambiental y, además, no contaba con estudios técnicos. Sin embargo, la votaron a favor: