Europa Press| El Gobierno de Estados Unidos, liderado por el presidente Donald Trump. ha anunciado la imposición de aranceles contra 60 países, enmarcando la medida en un castigo para aquellas economías que no hayan prohibido los bienes producidos con trabajo forzado, si bien viene a reemplazar al arancel global temporal del 10% impuesto por su administración durante 150 días, que expira esta medianoche.

El garrotazo va para Costa Rica también

En el caso de Costa Rica, Estados Unidos aplicará un arancel del 12,5% a determinados bienes de exportación, manteniendo las exclusiones previamente vigentes, entre ellas café, piña, banano y jugo de naranja. Asimismo, se amplía la lista de productos exceptuados de interés para la oferta exportadora costarricense, incluyendo esquejes, semillas de vegetales y frutas, así como determinados tipos de azúcares refinados

Aunque es claro que Trump trata con palo a sus aliados, incluso Costa Rica, la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos afirmó que “Costa Rica es reconocido por su compromiso con un comercio internacional basado en reglas claras y el respeto a los derechos laborales. Desde COMEX continuaremos trabajando de manera coordinada con el sector productivo y las autoridades de los Estados Unidos para mejorar el acceso de los productos nacionales y promover el libre comercio entre ambos países”.

Estas nuevas medidas arancelarias rigen a partir del 24 de julio de 2026 y sustituyen el recargo arancelario temporal del 10% bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.

Según la explicación del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) dio a conocer la determinación final de la investigación iniciada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

“La investigación evaluó las políticas y prácticas de 60 países alrededor del mundo, entre ellos Costa Rica. En conjunto, estos países representan el 99% de las importaciones de los Estados Unidos. El análisis se centró en determinar si los países cuentan o no con una regulación efectiva que prohíba la importación de bienes producidos en otros países mediante trabajo forzos”, señaló el Comex.

Trump y el gran garrote

“El presidente Trump admite que décadas de persuasión moral no han erradicado el trabajo forzoso de las cadenas globales de suministro. Estados Unidos ha tenido una prohibición de importación de mano de obra forzada durante casi un siglo, y la aplica rigurosamente; ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”, ha explicado el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

En este sentido, ha explicado que la medida “corregirá lo que constituye una violación de los Derechos Humanos y una práctica comercial de distorsión, para mejorar el bienestar de los trabajadores en todo el mundo”. “Me alientan los socios comerciales que han actuado con rapidez para adoptar prohibiciones de importación de productos elaborados con trabajo forzoso y espero que garanticen su cumplimiento efectivo”, ha agregado.

En concreto, los productos procedentes de países que hayan aprobado leyes adecuadas contra el trabajo forzoso estarán sujetos a la tasa más baja del 10%, mientras que aquellos con prohibiciones insuficientes estarán sujetos a la tasa más alta, el 12,5%.

En la lista del 10% de aranceles se encuentran países como Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, México, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y Reino Unido.

Asimismo, aplicará el 10 o el 12,5% para “ciertos productos” de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea y Suiza, mientras que impondrá el 12,5% para el resto de las economías “investigadas”.

Esto se produce después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anulara el pasado mes de febrero sus aranceles recíprocos globales en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), una decisión tras la que Trump invocó otra ley para anunciar un nuevo arancel del 10% sobre la mayoría de las importaciones a Estados Unidos, que posteriormente anunció que elevaría al 15%.