ElPeriodicocr.com* | El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), institución creada para garantizar derechos y autonomía, se ha convertido hoy precisamente en una piedra en el zapato para cientos de personas con discapacidad en Costa Rica.

Recortes, anulaciones y reducciones estandarizadas en transferencias económicas han dejado a beneficiarios de programas sociales en riesgo real de desalojo, abandono y pérdida total de independencia.

ElPeriodicocr tuvo acceso a un manifiesto circulado por usuarios de los programas Pobreza y Discapacidad y Autonomía Personal, amparados en la Ley 9379, los cuales denuncian haber sufrido recortes en el subsidio de vivienda.

El monto que antes cubría la totalidad del alquiler fue reducido de manera uniforme a ₡60.000 mensuales, una cifra que no alcanza para alquilar una habitación digna en ninguna zona del país.

La consecuencia es inmediata y brutal: personas con discapacidad en condición de pobreza y abandono enfrentan hoy el riesgo inminente de quedar en la calle.

Asimismo, denunciaron que Conapdis aplicó recortes generalizados sin análisis individualizado, afectando rubros esenciales para la supervivencia: vivienda, medicamentos, asistencia personal y servicios básicos.

Sin criterio

Lejos de tratarse de ajustes técnicos, los afectados señalan que las medidas de Conapdis ignoran por completo la realidad cotidiana de quienes dependen de estos apoyos. Muchas de las personas afectadas no cuentan con redes familiares, ingresos laborales ni posibilidades reales de asumir gastos adicionales.

A esto se suma la reducción o eliminación de horas de asistencia personal humana, un pilar fundamental para la vida independiente.

La disminución de horas hace inviable la contratación de asistentes, ya que el pago ofrecido no resulta atractivo ni sostenible. En la práctica, Conapdis estaría limitando la autonomía y obliga a muchas personas a depender nuevamente de terceros o a permanecer en condiciones de aislamiento.

Negado a prórrogas

Uno de los aspectos más cuestionados es el uso del sistema Sinirube para justificar rechazos y recortes. Según los usuarios, Conapdis ha negado prórrogas y apoyos bajo el argumento de que algunas personas reciben pensiones del Régimen No Contributivo, calificándolas como “pensiones elevadas”.

Sin embargo, la Ley 9379 es clara: la evaluación debe considerar la canasta derivada de la discapacidad, la canasta básica normativa y la situación real de vida. Una pensión destinada a cubrir necesidades básicas no puede utilizarse como excusa para negar la asistencia personal humana, que responde a una necesidad distinta y específica.

Para los denunciantes, esta interpretación administrativa no solo contradice la ley, sino que crea una falsa narrativa de “duplicidad de subsidios” que termina castigando a quienes ya viven en condiciones de vulnerabilidad extrema.

¿Inconstitucional?

Las decisiones adoptadas por CONAPDIS podrían configurar un retroceso en derechos protegidos por la legislación nacional e internacional.

La Ley 7600 obliga al Estado a garantizar igualdad de oportunidades, acceso a vivienda digna y apoyos razonables y proporcionales. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 8661) protege el derecho a la vida independiente y a un nivel de vida adecuado.

En el plano constitucional, los artículos 33, 50 y 51 establecen el deber del Estado de brindar protección reforzada a las poblaciones más vulnerables. Para los afectados, Conapdis no solo incumple ese mandato, sino que actúa como un filtro excluyente que reduce derechos ya reconocidos.

Silencio y falta de rendición de cuentas

Finalmente, señalan que uno de los señalamientos más graves es que Conapdis habría aplicado los recortes de forma estándar y generalizada, sin valorar cada caso de manera individual, pese a tratarse de personas con condiciones, necesidades y contextos distintos.

Además, los usuarios denuncian la existencia de directrices internas que impiden complementar subsidios cuando una persona ya recibe algún apoyo estatal, dejando a los beneficiarios atrapados en una lógica burocrática que los desprotege frente al propio Estado.

Ante este panorama, se solicitó formalmente a la Defensoría de los Habitantes la realización de una auditoría al Conapdis, para determinar responsabilidades administrativas y eventuales violaciones al marco legal vigente.

*En alianza informativa con ElPeriodicocr.com