• El Salvador extiende estado de excepción, con la mayor población carcelaria del mundo bajo custodia y miles de inocentes en prisión marcan el balance de una medida que suspende garantías constitucionales desde marzo de 2022.

El Parlamento salvadoreño aprobó este jueves la prórroga número 49 del estado de excepción, apenas días antes de que la medida cumpla 4 años desde que entró en vigor el 27 de marzo de 2022. La iniciativa fue respaldada por 57 de los 60 diputados y amplía el régimen por 30 días a partir del 1 de abril, consolidando el control casi total del partido de Nayib Bukele sobre la Asamblea Legislativa.

La violencia recrudece en los últimos días

El régimen fue aprobado como medida extraordinaria tras un fin de semana con más de 80 homicidios, crisis que resultó de la ruptura de un pacto entre el gobierno de Bukele y las pandillas, según investigaciones del medio local El Faro.

Lo que se planteó como temporal hace 4 años se convirtió en una arquitectura de gobierno permanente: la medida suspendió el derecho a ser informado sobre el motivo de la detención, el derecho a un abogado, permitió intervenir comunicaciones sin orden judicial y extendió la detención sin audiencia de 72 horas a 15 días para cualquier ciudadano. Esas acciones solamente se ven en regímenes dictatoriales violentos.

Desde el arranque del régimen, Bukele dejó claro que no le importaban las críticas de organismos internacionales y declaró la guerra a las maras, eliminando garantías de derechos humanos para los privados de libertad, tal como documentó Culturacr.net en abril de 2022. El gobierno alega el “éxito” del decreto citando una reducción histórica de homicidios y la desarticulación de pandillas que controlaban el 90% del territorio, imponían su propia justicia y extorsionaban a comerciantes.

Sin embargo, el balance en derechos humanos es severo. Al menos 458 personas han muerto bajo custodia durante el régimen de excepción, según Socorro Jurídico Humanitario, sin que se haya informado de rendición de cuentas, de acuerdo con Human Rights Watch Las organizaciones humanitarias contabilizan al menos 6.889 denuncias de violaciones de derechos humanos, con detención arbitraria en el 98% de los casos, siendo vinculados los agentes de la Policía al 75% de los atropellos.

Los derechos humanos no existen ante el abuso policial

El propio Bukele reconoció que al menos 8.000 personas detenidas son inocentes y que han sido puestas en libertad, lo que supone que al menos el 10% de los capturados lo fueron sin justificación.

El contexto represivo también golpeó a organizaciones de la sociedad civil: la ONG Cristosal, por ejemplo, tras 25 años trabajando en defensa de los derechos humanos en El Salvador, suspendió sus operaciones en el país en julio de 2025 ante la escalada de criminalización de defensores, la imposición de la Ley de Agentes Extranjeros y la débil independencia institucional, según reportó Culturacr.net en este artículo.

En el marco del estado de excepción se desarrollan juicios masivos, donde los presos son agrupados según su supuesta pertenencia a una célula pandillera. Paralelamente, en marzo de 2026 la Asamblea aprobó una reforma constitucional para introducir la cadena perpetua para “homicidas, violadores y terroristas”, con 59 de los 60 votos. La abogada penalista Roxana Cardona advirtió que esto puede afectar a inocentes sometidos a esos juicios, y que “los centros penales se van a convertir en pozos humanos“.

Un grupo de juristas internacionales denunció ante la CIDH que existen sólidos motivos para creer que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, incluyendo detenciones arbitrarias, tortura, asesinatos, desapariciones forzadas, violencia sexual y persecución. Bukele rechazó el informe y tachó a las organizaciones de derechos humanos de ser “bufetes legales internacionales del crimen”.

Costa Rica, en su momento, reaccionó públicamente que el respeto a los derechos humanos es precisamente lo que permite tener instituciones de primer nivel.

Con unos 1.700 prisioneros por cada 100.000 habitantes, El Salvador tiene actualmente la mayor población carcelaria del mundo, según datos de World Prison Brief. La prórroga 49 llega cuando la medida ya no tiene visos de ser temporal: Bukele asumió su segundo mandato en 2024 —en una reelección cuestionada que Culturacr.net documentó— y el modelo se consolida mientras genera debate en toda América Latina sobre los límites entre seguridad y derechos fundamentales.