Más concentración de poder en Bukele. La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó reformas constitucionales que modifican la integración del Tribunal Supremo Electoral (TSE), eliminando la propuesta de magistrados por partidos políticos y transfiriendo ese poder a una comisión legislativa controlada por el oficialismo.

Los cambios, aprobados con 57 de 60 votos del partido Nuevas Ideas, entran en vigor en un contexto de creciente escrutinio internacional sobre la concentración de poder alrededor del presidente Nayib Bukele.

Las reformas también crean una circunscripción para la diáspora salvadoreña, permitiendo que ciudadanos en el exterior elijan diputados propios a partir de las elecciones de 2027.

Aunque el gobierno presenta la medida como una ampliación de derechos, analistas advierten que podría redistribuir entre 6 y 9 escaños sin aumentar el total de diputados, alterando el equilibrio representativo interno.

Estos cambios se suman a decisiones previas que han centralizado el poder: la reelección presidencial habilitada por la Sala de lo Constitucional en 2021, la reducción de diputados de 84 a 60 en 2023, y la designación de magistrados afines al Ejecutivo.

La Organización de Estados Americanos (OEA) y Human Rights Watch han expresado preocupación por la debilitación de mecanismos de control democrático.

Para Costa Rica y Centroamérica, el caso salvadoreño plantea lecciones sobre la resiliencia institucional. La estabilidad política es un factor clave para la confianza de inversionistas y la integración económica regional.

En términos económicos, la percepción de riesgo institucional incide directamente en la calificación crediticia y el flujo de inversiones. El FMI ha señalado que la independencia judicial es un factor relevante para la evaluación de riesgo país, y reformas que debilitan contrapesos pueden afectar condiciones de financiamiento externo.

Represión a la prensa por parte de la dictadura

La situación de la prensa en El Salvador refleja el clima político: en 2025, al menos 53 periodistas se exiliaron por amenazas y hostigamiento, la mayor oleada desde el fin de la guerra civil en 1992

Medios como El Faro trasladaron sus operaciones legales a Costa Rica en 2023, evidenciando cómo la erosión democrática en un país puede tener efectos transfronterizos en la región.

Expertos coinciden en que el respaldo popular a políticas de seguridad no exime a los gobiernos de preservar instituciones independientes. Para Centroamérica, el desafío es balancear eficacia en la lucha contra el crimen con garantías democráticas que aseguren competitividad electoral, libertad de expresión y protección de derechos a largo plazo.

En países como Nicaragua la prensa opositora o crítica al régimen dictatorial también ha sido proscrita y expulsada del país, mientras en Costa Rica la situación es negativa, con descenso en el ranking mundial del lugar 5 en el año 2021 a un lugar 38 en el 2026.

Costa Rica perdió 30 puestos en libertad de prensa en los últimos 4 años: pasó del 8 en 2022 al 38 de este 2026