Diputados quieren terminar con explotación de trabajadores por prácticas fraudulentas

Un proyecto de ley busca prohibir prácticas fraudulentas que se utilizan para explotación de trabajadores, que se dan principalmente en grandes plantaciones como el banano y la piña.

Algunas empresas tienen la costumbre de hacer contratos de trabajo por tiempo definido para evadir las cargas sociales y, de esta manera, dejan en indefensión social a los trabajadores, en su mayoría peones agrícolas que se desempeñan en bananeras del Caribe, piñeras en todo el país, palmeras de aceite y otras grandes plantaciones.

Los trabajadores se ven obligados a andar de finca en finca solicitando trabajo por hasta tres meses. Así las bananeras evitar el pago de las garantías sociales (preavisos y cesantías) y se rotan los mismos trabajadores entre ellas. Se trata de peones pobres, en condición de miseria y que permanecen desprotegidos de la seguridad social.

El proyecto que impulsa el Frente Amplio busca “defender el principio de antigüedad, lo que les protegería del uso pernicioso y fraudulento de contratos breves y recontrataciones para no pagar prestaciones, y para establecer la responsabilidad patronal en casos en que la empresa ‘cambie de manos’ y se deba proteger la continuidad del personal, respetando sus derechos laborales”, según la agrupación política.

En la justificación del proyecto, el Frente Amplio plantea que también hay casos de personas “que son contratadas y despedidas antes de cumplir tres meses de laborar para el mismo patrono, y de forma inmediata vuelven a ser contratadas, para nuevamente ser despedidas y recontratadas en otro periodo igual y así sucesivamente”.

Esas prácticas fraudulentas se dan por la necesidad de trabajo que tienen los trabajadores campesinos que no tuvieron oportunidades y crecieron en condiciones lamentables, una forma de explotación de trabajadores que hacen los trabajos más duros.

“El proyecto también denuncia prácticas fraudulentas como mover al personal entre sociedades mercantiles de los mismos dueños “con el resultado de que se interrumpe la antigüedad laboral en perjuicio de los derechos que de ella se derivan”, comunicó el partido político.

La propuesta de ley propone reformar el Código de Trabajo en sus artículos 30 y 37, para que sea nula la cláusula del contrato que tienda a interrumpir la continuidad de los servicios prestados o por prestarse.

Además, el proyecto “declara fraude de ley todas aquellas prácticas dirigidas a simular o aparentar la interrupción de la continuidad de la relación laboral o a encubrir dicha continuidad. El castigo por esta falta sería tener que pagar la totalidad de las prestaciones adeudadas y recibir sanciones establecidas en el Código de Trabajo”.

“Por último, el patrono sustituido será solidariamente responsable con el nuevo patrono por las obligaciones derivadas de los contratos o de la ley, nacidas antes de la fecha de la sustitución y hasta por el término de doce meses”, agrega la información ofrecida.

Muchas de las personas que sufren esa explotación son costarricenses que viven en comunidades de campo, en cantones como Pococí, Guácimo, Siquirres, Matina, Limón, Talamanca y otros tanto del sur como del norte del país. Pero también se trata de nicaragüenses e indígenas Ngäbe que vienen de Panamá a hacer esos trabajos que ya muchos costarricenses no quieren hacer, porque son muy duros.

No se conoce del apoyo a este importantísimo proyecto por parte de otros partidos políticos.

Así lo explica la diputada Rocío Alfaro: