Como “serias deficiencias en gestión y regulación de la generación eléctrica” califica la Contraloría General de la República el resultado de un estudio que publicó hoy.

La auditoría fue realizada al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) “sobre la gestión y regulación de los recursos de generación del servicio eléctrico”.

Según la Contraloría el ideal es que los servicios de generación eléctrica deben ser “eficiente, transparente y acorde con los criterios de mínimo costo, eficiencia económica y seguridad operativa. Además, las fijaciones tarifarias deben asegurar el equilibrio financiero de las empresas, sin descuidar las necesidades de los usuarios-sic”.

Sin embargo, está sucediendo lo contrario en estos momentos, lo que preocupa sobre el futuro de la dotación de este servicio vital para la sociedad.

La Contraloría encontró que la gestión y regulación del servicio eléctrico “no cumple con el marco normativo y técnico aplicable, propiciando la materialización del riesgo de racionamiento eléctrico a nivel nacional y trasladando costos acumulados a las tarifas del 2025 que impidió una rebaja significativa este año. De este tema, la CGR inicia una investigación justamente dados los hallazgos detectados -sic-“.

Sin embargo, el ICE, mediante un comunicado alegó que “lo concluido en el informe de la CGR ignora el contexto real de las acciones que se llevaron a cabo por parte del ICE en 2023 y 2024, que lograron evitar los racionamientos eléctricos y las pérdidas asociadas para la economía nacional”. Como se evidencia, el ICE no se refiere a los riesgos a futuro, en los que se basa la Contraloría.

En el comunicado se recurre de nuevo a culpar administraciones anteriores por un déficit heredado y defiende que “el cambio a una aplicación anual de la metodología CVG permitió mayor estabilidad tarifaria, en beneficio de los usuarios finales, sin comprometer la solidez financiera del ICE”. La Contraloría encontró lo contrario.

El estudio encuentra que el manejo de las tarifas se estaría realizando con criterios políticos y no técnicos, lo que estaría comprometiendo las finanzas del ICE por populismo, es decir, para que el presidente Chaves pueda decir que baja las tarifas eléctricas. Eso compromete el servicio a futuro.

Ante los hallazgos del estudio, la Contraloría dispone que el ICE ahora debe “asegurar que sus decisiones se fundamenten en criterios técnicos”, y que la Aresep debe “elaborar análisis de los efectos y resultados de las metodologías tarifarias que justifiquen modificaciones futuras, fiscalizar la situación financiera del ICE, y garantizar la realización de al menos un estudio tarifario anual para los operadores del servicio eléctrico”.

El ICE, por su parte, aduce que “se siguió el procedimiento normativo vigente y se actuó con transparencia en la presentación de liquidaciones ante ARESEP. Desde hace tres años, Grupo ICE ha logrado utilidades positivas, al tiempo que ha mantenido tarifas estables y ha evitado incrementos de hasta un 70% en los recibos eléctricos”.

Lía Barrantes León, gerente Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible de la CGR lo informa en resumen:

El órgano contralor encontró, en particular, serias deficiencias en la gestión del ICE liderado por el presidente ejecutivo Marco Acuña, quien tiene el respaldo del presidente Rodrigo Chaves. Le transcribimos las deficiencias encontradas por la Contraloría tal y como las comunica la Contraloría:

• “₡12 mil millones: costo aproximado incurrido por el ICE por el retiro de las dos unidades térmicas de Moín. 
• $40 millones: monto asociado a las plantas térmicas arrendadas que se hubiera evitado si el ICE no retiraba dos unidades térmicas de Moín.
• $149 mil: valor estimado de los 166 megawatts hora de energía eléctrica no servida (demanda que no fue atendida), reportada por el ICE el 9 de mayo de 2024.
• ₡58 mil millones: monto pagado de más por usuarios en 2023 y 2024, debido a la falta de reconocimiento oportuno de liquidaciones tarifarias por parte de la ARESEP.
• ₡128 mil millones: costo acumulado por compra de combustibles para generación térmica e importaciones de energía al MER y traslado a tarifas de usuarios en 2025.”

Lea el informe completo aquí.

La presidencia ejecutiva del ICE afirmó que “la desincorporación de unidades de la Planta Térmica Moín se ejecutó según estudios técnicos que no proyectaban afectación al abastecimiento eléctrico. Sin embargo, la presente Administración detuvo esta acción e inició un proceso urgente de modernización del parque de respaldo térmico”.

Además, agregó, “las exportaciones de electricidad de 2022 no comprometieron la seguridad energética, ya que Arenal cerró el año con niveles por encima de lo programado. Producto de medidas aplicadas desde entonces, dicho embalse alcanzó niveles históricos en 2025”.