Actualizado al 16 de julio, 2025 | ¿El Gobierno facilita el trabajo del narcotráfico? Eso plantean expertos, ex funcionarios de Seguridad, legisladores y personas ligadas a la seguridad nacional en el país.

Una serie de reportajes en medios internacionales, como el New York Times o El Periódico de España, encendieron alarmas sobre el daño que se está haciendo a la imagen turística y política del país. El ex presidente Carlos Alvarado decía en un foro que él ha podido percibir, también, el daño a la imagen del país como protector del ambiente.

Aquí le presentamos un amplio reportaje con un índice para seguir, paso a paso, los temas que han sido planteados por expertos en seguridad, los medios y demás actores…

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Escáneres y menores decomisos

El presidente Rodrigo Chaves y su Gobierno han insistido hasta la saciedad que los escáneres son un baluarte en la lucha contra el narcotráfico, dispositivos que otros gobiernos anteriores retrasaron y no querían poner. Sin embargo, a pesar de los escáneres hay grandes decomisos en Países Bajos, Bélgica y España que provenían de Costa Rica.

Un dato alarmante es que la cantidad de decomiso de droga en el país, durante los últimos 2 años, descendió alarmantemente. El ex ministro de Seguridad Alvaro Ramos, así como el historiador y politólogo Vladimir de la Cruz, entre otros, han alertado que esos datos indican que el estado costarricense está permitiendo el trasiego de drogas como nunca antes.

El Ministerio de Seguridad, por otra parte, envía noticias diarias sobre ataque al narco menudeo, es decir, a la venta en el mercado local cuyas implicaciones son mayores en la delincuencia criminal local, entre pandillas y que afecta inocentes en constantes tiroteos y expresiones de violencia extrema.

Sin embargo, el ministro Mario Zamora no explica y calla sobre por qué el descenso en grandes decomisos, que son los que pasan por Costa Rica pero van para otros mercados, como el europeo o estadounidense, donde están los mayores consumidores.

No son uno, dos o tres, los especialistas que han manifestado en muchos programas y reportajes que todo parece indicar que el Gobierno está tomando medidas para facilitar el trasiego internacional. Varios diputados y diputadas han denunciado en el Congreso que las medidas del Poder Ejecutivo van en esa dirección. Veamos.

Guardacostas desmantelados

Legisladores del Frente Amplio, Liberación Nacional y Liberal Progresista, principalmente, han hecho manifestaciones públicas donde cuestionan medidas como el constante debilitamiento del servicio de Guardacostas, que se evidencia en la eliminación del puesto de Guardacostas en Bahía Drake, contiguo al Parque Nacional Corcovado, en una zona vital para el transporte de droga como lo es el Pacífico sur.

Eso se suma al traslado sospechoso de la base de Guardacostas de Sixaola a cien kilómetros de donde estaban, en un espacio del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, donde tiempo después fue construida una pista clandestina de alias “Pecho de rata” para presuntamente trasladar droga hacia y desde ese punto.

La acción anterior se une al desmembramiento de la Academia Nacional de Guardacostas, que se ubicaba en una comunidad de la costa -Quepos-, para ser trasladada a Guápiles, donde no hay costa ni mar, aunque el cantón de Pococí tenga frontera con el mar Caribe.

La diputada Sofía Guillén denunció que la academia está inoperante, porque no tiene condiciones adecuadas y la piscina no sirve. El viceministro Manuel Jiménez Steller y el ministro Mario Zamora deberán explicar en una comisión legislativa por qué tomaron esas medidas que denuncian ser contradictorias y contraproducentes en la lucha contra el narcotráfico.

Días atrás, también trascendió que tres barcos patrulleros donados por Estados Unidos, años atrás, “el gobierno las está desmantelando -física y profesionalmente- según denuncia su director”, reclamó el ex presidente Luis Guillermo Solís. En efecto, las patrulleras y otros equipos están siendo desmanteladas y ya no cumplen su función en los mares, como lo hacían años atrás. Situación similar sucede con helicópteros que habían sido donados años atrás por le gobierno estadounidense.

Martín Arias Araya, criminólogo y ex director del Servicio de Guardacostas, expresó en una entrevista reciente -ver completa al final de este artículo- que ni él ni otros especialistas de mayor edad, habían visto un deterioro de la vigilancia y operación contra el narcotráfico como ahora. Afirmó que no conoce ningún plan estratégico en esa dirección y que por el momento parece improvisación. También, agregó, que le extraña del ministro Mario Zamora, porque en el período anterior -del 2011 al 2014- se trabajó muy bien, con buenos resultados, durante la administración Chinchilla Miranda. “Ahora es totalmente lo contrario”, afirmó.

“Como estamos hoy, a como estábamos hace tres años, estamos en una situación totalmente diferente, debe alarmarnos muchísimo”, aseveró Arias Araya. “Con Guardacostas ha sido un fracaso”, dijo.

Policía de Control de Drogas disminuida

Entre los cambios que se han operado durante la actual administración, destaca que la Policía de Control de Drogas -PCD- fuera sacada de la vigilancia de los escáneres en APM Terminals, en Limón, para poner una policía política, que no es especializada en ese tipo de operaciones.

La PCD también fue sacada de los controles en las fronteras del país, tanto terrestres como marítimas, lo que incluye la vigilancia y control en los aeropuertos del país. Esa situación que denuncian diputaciones en la Asamblea Legislativa, así como los medios de comunicación, es muy grave, porque implica quitar a la policía especializada de los puntos candentes donde el narcotráfico opera.

Esta policía experta no está trabajando con los recursos adecuados y sus capacidades son disminuidas por rebajos presupuestarios o inhibición de funciones -como los casos citados-, según revelan los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.

Guardaparques y Sinac en crisis

Aunque siempre los guardaparques han sido escasos y con pocos recursos, varias organizaciones, como el Centro Científico Tropical -CCT- y la Asociación de Guardaparques Pensionados, afirman que en estos momentos la crisis es incluso mayor. Esa situación dificulta la vigilancia de las áreas protegidas del país, por lo que no es extraño que medios internacionales hablen de Costa Rica como un paraíso del narcotráfico.

El Sistema Nacional de Areas de Conservación -Sinac- sufre una crisis por rebajos presupuestarios y disminución de personal que el viceministro de Ambiente, Jorge Mario Rodríguez reconoció en un foro, donde planteó la necesidad de alianzas público-privadas.

Miguel Madrigal, presidente de la Asociación de Guardaparques Pensionados, criticó que las decisiones políticas o personales se imponen a las decisiones técnicas, lo que genera un “arroz con mango”.

Ese debilitamiento del Sinac y la vigilancia de las áreas protegidas deja enormes espacios abiertos para que el narcotráfico utilice los territorios reservados, como los parques nacionales, para el trasiego. Aunado al desmantelamiento del servicio de guardacostas y la disminución de las potestades de la PCD, el panorama es desalentador.

Fuerza Pública con mejoras

El Gobierno ha resaltado que aumentó el salario a los policías de la Fuerza Pública, por un lado, pero los recursos con que trabajan no son los más adecuados. En los últimos días trascendió que el presidente Rodrigo Chaves firmó un decreto para permitirles usar armas semiautomáticas a los oficiales de la Fuerza Pública, a sabiendas de que es un decreto que va contra la ley y es posible que termine por caerse.

El Ministerio de Seguridad, con el presidente Chaves Robles, también han presumido la inauguración de algunas nuevas delegaciones de la Fuerza Pública, como parte de su apoyo contra la delincuencia. Sin embargo, la inversión en esas delegaciones es parte de un proyecto que consiguió financiamiento y empezó a construir las nuevas delegaciones desde el año 2021, en la gestión del Gobierno anterior. Originalmente el crédito era para 30 delegaciones, pero el presidente Chaves anunció solamente 18 nuevas en total.

La Fuerza Pública es una policía no especializada en el combate contra el trasiego internacional de drogas, sino de control y vigilancia de la delincuencia común, como si lo son los Guardacostas y la PCD. En consecuencia, los expertos alegan que mientras se debilitan policías y equipos especializados contra el narcotráfico, se fortalece la policía que podría usarse de manera represiva con fines políticos en el futuro.

Unidad Especial de Intervención para persecución política

En esta línea, el fiscal general, Carlo Díaz, así como diputados de diferentes fracciones, han denunciado que la Unidad Especial de Intervención -UEI-, así como la DIS que dirige Casa Presidencial, se convirtieron en cuerpos policiales para perseguir por razones políticas a diputados y diputadas, así como al mismo fiscal general, después de que detuvo a la presidenta ejecutiva de la CCSS por una investigación sobre corrupción.

La UEI es una unidad policial especial de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional de Costa Rica que fue fundada en 1982. “La unidad ahora cuenta con 70 miembros y está fuertemente armada y bien entrenada”, según Wikipedia. Este grupo es manejado por el Ministerio de la Presidencia y podría ser usado para el combate del narcotráfico, pero fue también desligado de esas funciones, según las denuncias realizadas por especialistas en el tema y ex funcionarios de Seguridad.

El fiscal Carlo Díaz relató en la Asamblea Legislativa que incluso en su casa ha sido vigilado por misteriosos elementos que, aparentemente y según investiga, usan autos que fueron decomisados al narcotráfico anteriormente.

El Frente Amplio, junto con otros diputados, interpusieron un proyecto de ley para eliminar la DIS, pero especialistas afirman que no es la solución, sino realizar una reforma a ese organismo para que realmente ejerza las funciones que le corresponden y no se convierta en una “policía política”.

Resalta también de manera sospechosa que una funcionaria de la Unidad de Intervención Especial -DIS- fuera detenida hace unos meses y otro ex funcionario fuera baleado en un enfrentamiento entre grupos narco en La Sabana. Esa situación alerta sobre una posible infiltración de esa entidad por parte de la criminalidad organizada.

Presupuestos reducidos

Por otra parte, varios analistas han destacado que el actual gobierno ha realizado disminución en los presupuestos de seguridad que tienen que ver con recursos especializados, aunque posteriormente alardea de la inversión en acto oficiales, aunque se trata de una inversión que fue rescatada por las diferentes bancadas de oposición en el Congreso.

Además, destacan, la fracción oficialista vota en contra del presupuesto corregido que la oposición presenta con dictamen de mayoría en el plenario.

Eso se suma al combate directo que realiza el Gobierno para evitar que el Congreso le aumente recursos al Organismo de Investigación Judicial y, en general, al Poder Judicial. Aunque algunos recursos, finalmente, llegan, son entregados a cuenta gotas y luego de muchas trabas, como lo informó recientemente -julio del 25- Randall Zúñiga, director de esa policía judicial.

EE.UU. considera aliado al Gobierno

No obstante, la embajadora de EE.UU. en Costa Rica, Cinthia Telles, manifestó ante pedido del ministro de Seguridad Mario Zamora, que su país brinda total respaldo al Gobierno de Costa Rica en la lucha contra la narco actividad.

En el hangar, donde hay tres helicópteros de fondo, Telles manifestó que la Embajada de los Estados Unidos brinda colaboración “estrechamente” con el Gobierno, “apoyando su compromiso absoluto en la lucha contra el crimen organizado, el Gobierno ha sido un socio constante y confiable en su lucha contra el narcotráfico”, indicó Telles:

Sin embargo, la detención del extraditable Celso Gamboa, hace unas semanas, ha puesto en relieve una posible relación de él con el presidente Rodrigo Chaves, porque trascendió un video donde Gamboa ingresa al lujoso residencial Monterán, donde vive el gobernante. Además, el director del OIJ afirmó que presuntamente el ministro de Justicia, Gerald Campos, tiene alguna relación en los últimos años con Gamboa.

A eso súmele que el presidente Rodrigo Chaves nombró -y luego renunció- como presidente del Inder -Instituto de Desarrollo Agrario, entidad territorial con gran presupuesto- a un personaje cuestionado previamente por presuntos vínculos con narcotráfico. Y aunque el Gobierno negó saber de esos lazos de Juan Ignacio Rodríguez investigados años atrás, lo cierto es que sí sabían de tales cuestionamientos.

El teléfono de Celso Gamboa lo tiene la DEA de Estados Unidos y eso revelará próximamente las relaciones del exministro y exmagistrado que será juzgado en Texas por narcotráfico, a pesar de que la diputada Pilar Cisneros descaradamente quiere engañar diciendo que esa prueba fue contaminada porque el OIJ la tuvo en su poder al momento de detener a Gamboa. Sin embargo, el procedimiento fue el habitual y así fue comprobado.

También extraña que los Guardacostas y la PCD de Costa Rica siempre han actuado aliados al gobierno de Estados Unidos, pero las autoridades estadounidenses siguen haciendo la pantomima de visitar al presidente Chaves y mostrar un supuesto respaldo, aunque los decomisos son pocos y hasta los escáneres que obsequió ese gobierno han estado en bodega durante mucho tiempo, sin ser utilizados de manera eficiente.

Mucho está por verse.

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Todos esos hechos acumulados, según las diferentes revelaciones de los actores indicados, conducen a pensar que el Gobierno estaría operando con negligencia e improvisación como nunca antes fue vista en el país, o bien, está actuando con presunta premeditación para favorecer el narcotráfico internacional.

¿El Gobierno facilita el trabajo del narcotráfico? ¿Cuál es la agenda de seguridad de la administración Chaves Robles? ¿Usted qué cree?

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