Por Josué Herdel* | Si en Costa Rica un particular desea portar un arma de fuego cumpliendo con los requisitos y derechos que exige la ley, debe someterse a la evaluación de Idoneidad Mental para la Portación de Armas de Fuego y/o para laborar en seguridad.

Aunque el nombre de esta prueba ya revela buena parte de su propósito, es importante señalar que su objetivo es determinar si la persona solicitante posee las facultades cognitivas, los rasgos de personalidad y la estabilidad emocional necesarios para portar un arma de fuego de forma responsable; es decir, identificar posibles patologías, tendencias agresivas, falta de control de impulsos o cualquier rasgo que implique un riesgo para la persona o para la sociedad.

En un país tradicionalmente pacífico existe consenso en que esta medida es correcta y necesaria. Pues bien, hay otros ámbitos de nuestra sociedad cuya violencia creciente ha hecho sensato considerar la aplicación de pruebas de idoneidad mental.

Un ejemplo claro es la violencia en carreteras, no solo en lo referente a formas temerarias e irresponsables de conducir que provocan accidentes, sino también en disputas y conflictos entre conductores que escalan a insultos, agresiones físicas e incluso asesinatos. La colega Ximena Abarca, desde su tesis en psicología, visualizó la necesidad de una prueba de este tipo y posteriormente presentó una propuesta al Colegio de Profesionales en Psicología, el cual vio con buenos ojos iniciar un proyecto para crear una prueba de idoneidad mental como requisito para otorgar licencias de conducir.

Pues bien, si ya se ha considerado apropiada la aplicación de pruebas de idoneidad mental para la portación de armas de fuego o para conducir un automóvil —precisamente porque una persona con esos objetos puede causar daño grave o incluso la muerte a una o varias personas—, ¿no es prudente considerar la aplicación de una prueba de idoneidad mental a personas cuyo rol y poder pueden llevar al sufrimiento y a la muerte de miles o incluso millones de personas?

La evidencia histórica es irrefutable. A lo largo del tiempo, numerosos líderes políticos —desde figuras abiertamente totalitarias hasta autoritarismos más graduales y contemporáneos— han conducido a sus países al deterioro institucional, al sufrimiento social y a profundas crisis humanas.

En algunos casos, estas dinámicas alcanzaron formas extremas de violencia y destrucción, como ocurrió con Adolf Hitler. En otros contextos, especialmente en América Latina, estos procesos no siempre derivaron en genocidios abiertos, pero sí en concentración de poder, colapso económico, persecución política, migración masiva, profundización de la desigualdad y debilitamiento sistemático de la democracia, como se ha observado en regímenes como los de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, o Daniel Ortega en Nicaragua.

En muchos de estos casos se trató de líderes que accedieron al poder en países con estructuras democráticas. ¿Cómo lo logran? Se transforman en verdaderos caballos de Troya: se presentan ante el pueblo como un gran regalo para que les abran de par en par sus puertas, pero una vez dentro revelan su verdadero rostro. Para entonces ya es tarde: instalados en el gobierno, desmontan los contrapesos institucionales y dan inicio a sus dictaduras.

Como se puede observar, las magnitudes de los ejemplos difieren, pero el patrón psicológico subyacente es similar. Suelen ser líderes altamente carismáticos, grandes oradores, con una notable capacidad de persuasión emocional que les permite movilizar a amplios sectores de la población hasta alcanzar el máximo puesto de mando. Posteriormente, emergen con claridad sus rasgos autoritarios y su intolerancia al disenso. Al llegar al poder, comienzan a percibirse y comportarse como reyes que hacen y deshacen a su antojo; reyes ante los cuales todos deben someterse y quienes no lo hacen son perseguidos, encarcelados, torturados o asesinados.

Las dictaduras, como las citadas, nunca han dejado de surgir a lo largo de la historia. Sin embargo, en los últimos años, incluso en países donde se creía imposible o muy difícil la aparición de este tipo de liderazgos —como Estados Unidos o Costa Rica—, con incredulidad lo estamos presenciando.

Veamos una lista de conductas observables que comparten políticos como Donald Trump y Rodrigo Chaves, y que coinciden de forma preocupante con cualidades presentes en otros líderes que llevaron a sus países al caos y al sufrimiento:

Conductas observables psicológicamente peligrosas en líderes políticos contemporáneos

• Uso sistemático de lenguaje beligerante, humillante o descalificador hacia opositores, instituciones, periodistas o sectores de la población.
• Tendencia constante a la externalización de la culpa, responsabilizando a terceros por errores propios o fracasos de gestión.
• Baja tolerancia a la crítica, acompañada de reacciones defensivas, ataques personales o intentos de desacreditación.
• Necesidad permanente de autoexaltación y presentación de sí mismos como figuras excepcionales, salvadores o indispensables.
• Impulsividad verbal y conductual, con declaraciones públicas poco reflexivas que generan conflictos diplomáticos, sociales o institucionales.
• Desprecio explícito o implícito por los contrapesos democráticos: Poder Judicial, Asamblea Legislativa, órganos de control o prensa independiente.
• Construcción de narrativas de “enemigos internos” que supuestamente obstaculizan el progreso del país.
• Uso instrumental de la polarización social como estrategia para cohesionar su base de apoyo.
• Dificultad persistente para reconocer errores o pedir disculpas de forma genuina.
• Tendencia a confundir el poder institucional con poder personal.

Las conductas del listado anterior no aparecen de manera espontánea; existen indicadores previos en las personas que las desarrollan. Esto significa que una prueba de evaluación mental, rigurosamente diseñada por especialistas en psicología y psicometría, tiene la capacidad de detectarlas y levantar banderas rojas. Tal como ocurre con la evaluación psicológica para portación de armas, el resultado permitiría descartar candidatos inadecuados para ejercer un poder cuyo mal uso puede causar un enorme daño social.

Comprendo que las democracias cuentan con la división de poderes como mecanismo para prevenir el autoritarismo. Sin embargo, la realidad demuestra que dicho sistema de protección ha sido vulnerado una y otra vez. Por ello, si realmente se desea blindar la democracia desde su raíz, el primer filtro debería ser una prueba de idoneidad mental para gobernar.

Dejo a continuación una propuesta de actualización de los requisitos principales que debe cumplir un candidato a la Presidencia de la República de Costa Rica.

• Aprobar la Evaluación de Idoneidad Mental para gobernar (aplicada por un comité experto del Colegio de Psicólogos de Costa Rica).
• Ser costarricense por nacimiento.
• Ser ciudadano en ejercicio (no tener suspendidos los derechos civiles y políticos).
• Ser del Estado seglar (no pertenecer al clero ni ejercer funciones religiosas activas).
• Tener al menos 30 años de edad cumplidos al día de la elección.

Preguntas para la reflexión

1. ¿He reflexionado alguna vez sobre el impacto psicológico real que puede tener el carácter, el juicio y la estabilidad emocional de una persona que ejerce el máximo poder político en un país?
2. ¿Tiendo a evaluar a los líderes políticos más por cómo me hacen sentir que por la forma en que toman decisiones, manejan el poder y respetan los límites institucionales?
3. ¿Confundo carisma, fuerza discursiva o “mano dura” con liderazgo sano, autocontrol y capacidad real de gobernar?
4. ¿Qué tipo de liderazgo considero verdaderamente compatible con una democracia que aspire a proteger la salud mental, la convivencia social y el bienestar colectivo?
5. ¿Qué sentí al leer en este artículo la propuesta de aplicar una evaluación psicológica a quienes desean ser candidatos presidenciales? Tras haber leído el artículo, ¿me parece una propuesta sensata? ¿Por qué sí o por qué no?

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*Psicólogo y escritor Josué Herdel. Email: info@hupebeen.com.