Esta tarde la Asamblea Legislativa decidió por mayoría simple de treinta votos un informe que pide investigar a Cisneros Gallo, el presidente Chaves Robles y Cruz Saravanja alias “Choreco” por el manejo de la pauta publicitaria estatal en el Sinart.

Como ha sido frecuente, el partido Nueva República y una fracción del PUSC respaldan los intereses del gobierno Chaves Robles en el Congreso, además de los exiguos diputados oficialistas.

En esta oportunidad Leslie Bojorges -quien niega defender al Gobierno, pero evidencia lo contrario- y Carlos Robles del PUSC votaron en contra, mientras María Marta Carballo -la jefa de fracción del PUSC- y Horacio Alvarado -ex candidato a la presidencia del Congreso- salieron del plenario antes de la votación.

A pesar de esos votos “mariachis”, los del fabricismo y los del oficialismo en contra, no se logró desaprobar el informe de la comisión legislativa que investigó lo sucedido con el intento de concentrar la pauta publicitaria en el Sinart, de manera que fuera “politizada con el fin de asignarla a medios afines al Gobierno de la República”, según la conclusión principal del informe.

Sin embargo, al otro lado de la moneda del PUSC, la diputada Vanessa Castro recordó que el Gobierno hizo presión en algunos medios de comunicación para afectar personas contrarias al Gobierno y defendió que democratizar la pauta no significa manipularla para funcionar como “un brazo político” de sus intereses.

Castro también resaltó el Gobierno no deja que los medios vayan libremente a la conferencia de los miércoles, sin decirles antes qué deben preguntar.

“Aquí estamos hablando de que hay tráfico de influencias, aquí estamos hablando de que hay falsedad ideológica, aquí hay perversión de recursos públicos”, afirmó por su parte Francisco Nicolás, del PLN.

Durante el debate reglado también se hicieron presentes en la gradería del público un grupo de trabajadores del Sinart, en protesta con la actual administración de la institución pública y con rótulos con frases como “no a la impunidad”, “no a los despidos” y “sí al Ministerio Público”.

“Corrupción son las directrices de Casa Presidencial para que ministerios, instituciones públicas y empresas contrataran servicios de publicidad por medio de la agencia de publicidad del Sinart, contra criterios de estudios de mercado en cuanto a cobertura y precios; corrupción son las acciones a la estrategia desplegada por el Gobierno para “democratizar la pauta publicitaria”, falsedad, cuando el verdadero objetivo ha sido castigar a lo que el presidente llama “prensa canalla” favoreciendo a medios amigos o a menos críticos con el presidente”, aseveró la diputada Gloria Navas.

“Lo que estamos en pagando una campaña política del gobierno actual que quiere quedarse más de estos 4 años”, agregó Vanessa Castro.